LA HAYA, 24 ene - La Corte Penal Internacional (CPI) ha tomado medidas para proteger a su personal de posibles sanciones de Estados Unidos, pagando los salarios con tres meses de antelación, mientras se prepara para las restricciones financieras que podrían paralizar el tribunal de crímenes de guerra, dijeron el viernes dos fuentes.
La Cámara de Representantes de EEUU votó este mes a favor de sancionar a la CPI por emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa por la campaña de Israel en Gaza.
El proyecto de ley impondría sanciones a cualquier extranjero que investigue, arreste, detenga o procese a ciudadanos estadounidenses o de países aliados que no sean miembros del tribunal. Eso incluye a Israel.
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Aunque el alcance exacto de las sanciones y los objetivos aún no están claros, el tribunal se está preparando para importantes consecuencias financieras, dijeron las fuentes que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato.
Una de las fuentes dijo que estaban respaldando las evidencias ante el temor de que el gigante tecnológico estadounidense Microsoft tuviera que dejar de colaborar con la corte.
La CPI dijo a Reuters en un correo electrónico que no haría comentarios sobre las medidas internas que pudieran haberse tomado para proteger a la organización y a su personal.
Los patrocinadores del proyecto de ley dijeron que querían una votación lo antes posible, que podría ser la próxima semana, pero los congresistas han estado ocupados confirmando las autoridades del Gobierno del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump.
Será la segunda vez que el tribunal se enfrente a represalias estadounidenses como consecuencia de su trabajo. Durante el primer Gobierno de Trump en 2020, Washington impuso sanciones a la entonces fiscal Fatou Bensouda y a uno de sus principales colaboradores por la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
Se espera que cualquier banco vinculado a Estados Unidos, o que realice transacciones en dólares, tenga que cumplir las sanciones, lo que limita gravemente la capacidad de la CPI para realizar transacciones financieras.
La CPI, integrada por 125 miembros, es un tribunal permanente que puede procesar a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crimen de agresión contra el territorio de Estados miembros o por parte de sus nacionales. Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros.
En diciembre, la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, advirtió de que las sanciones "socavarían rápidamente el funcionamiento de la Corte en todas las situaciones y casos y pondrían en peligro su propia existencia".
Con información de Reuters
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