Luego de 15 días de protestas sostenidas que dejan al menos 6 muertos en procesos represivos, el presidente ecuatoriano, el banquero Guillermo Lasso, logró escapar de la llamada muerte cruzada, un proceso destituyente que permite la Constitución del Ecuador, y decidió romper el diálogo iniciado con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), representada por Leónidas Iza.
En la tarde del miércoles 29 de junio, profundizó el enfrentamiento y decretó el estado de excepción en las provincias de Azuay (sur), Imbabura (norte), Sucumbíos (este) y Orellana (este) para enfrentar las protestas sociales. Se recrudece así la represión y la violencia institucional con el pretexto de “garantizar la integridad de los ciudadanos” y “restablecer el orden público”.
“El gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos”, dijo Lasso al país al informar sobre el fallecimiento de un sargento de las fuerzas armadas, tras un extraño ataque a un convoy de camiones cisterna que transportaban combustible en la Amazonía.
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Leyendo en telepronter, el banquero presidente, un confeso admirador del ex mandatario colombiano Álvaro Uribe, anunció que se levantaba de la mesa de negociación con los movimientos indígenas. Luego de la suspensión del diálogo, y tras tres sesiones y más de 18 horas de debate, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó el pedido de destitución de Lasso con 11 abstenciones, 42 votos en contra y 84 a favor.
La votación quedó muy cerca de los 92 votos requeridos para que la moción fuera aprobada. Ante la encerrona por vía callejera e institucional, Lasso decidió el camino de la confrontación con las organizaciones sociales y encendió todas las alarmas internacionales.
El mismo presidente, autor de la militarización de Quito y promotor de un proceso represivo calificado por Amnistía internacional como “una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, estableció un parte aguas entre muertos de primera y muertos de segunda, e hizo su aporte al discurso dominante respecto de la figura del enemigo interno, ahora en el rostro de un indigenismo “terrorista”.
El nuevo Paro Nacional, desatado el pasado 13 de junio, tiene como antecedentes las protestas en 2019 y 2021, con una pandemia que recrudeció las condiciones de vida de las y los ecuatorianos. Las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y campesino-originarias, encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, vuelven a encolumnarse detrás de un pliego de demandas de 10 puntos que exige condiciones mínimas de vida, debido al aumento en los precios de los alimentos y del combustible, y agrega un reclamo por la imposibilidad de la población de hacer frente al endeudamiento, tanto de las familias con los bancos como del país por la elevada deuda externa que tiene un país cuya economía está dolarizada.
En marzo de 2022, la deuda pública consolidada del Ecuador llegó a USD 62.718 millones, lo que equivale al 56,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La canasta básica familiar cuesta cerca de $730 dólares, mientras el salario mínimo está en $425 dólares y sólo 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras perciben un salario igual o mayor al mínimo.
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó uno de los pagos a Ecuador en medio del paro. Un giro que es la continuidad de la renegociación o canje de la deuda en bonos por USD 17.375 millones (en agosto de 2020) y a la firma del acuerdo económico con el FMI en septiembre de 2020, renegociado en 2021.
En esta oportunidad, el FMI aprobó el desembolso de mil millones de dólares, cantidad que corresponde al crédito de 6500 millones de los que el país ya recibió 4800 millones. El Gobierno de Ecuador tiene previsto que el FMI haga otro desembolso de 700 millones de dólares para diciembre de este año. Dependerá tal vez, de cuanto haga la coalición de gobierno actual para avanzar en otra de las cláusulas -o la letra no tan chica- del acuerdo con el organismo: la privatización del Banco Central de Ecuador (BCE).
“Separemos la paja del trigo, separemos la violencia de la coyuntura, que tiene un solo objetivo político, el del señor Iza, el de derrocar un gobierno legalmente constituido, de lo que son causas justas de las protestas. Y son causas justas que existen en el Ecuador desde hace 40 años y no se le puede pedir a un gobierno que tiene apenas un año en funciones, que resuelva los problemas de los últimos 40 años”, dijo Lasso a la CNN, obviando su participación, años atrás, como asesor económico de distintos gobiernos y su puesto de primera línea en el Banco de Guayaquil desde el que logró una salida airosa a la institución financieradel proceso de dolarización del país.
La trayectoria del conflicto deja ver que el proceso ecuatoriano refleja una disputa en relación al programa económico neoliberal que afecta a las grandes mayorías, y que se resume en la consigna impulsada por la Coalición UNES, la alianza correísta, en las elecciones presidenciales de abril del año pasado, cuando afirmaba que la elección era “la banca o el país”.
Sin embargo, la disputa actual está lejos de ser entre correísmo y anticorreísmo, como lo asegura la fuerza neoliberal en posición de gobierno. El campo popular ecuatoriano arrastra serias dificultades en sintetizar política e institucionalmente una fuerza social y de calle que jamás dejó de impugnar al neoliberalismo y a la dolarización del país, un modelo económico que destruyó la industria, el empleo formal y la dignidad de millones de ecuatorianas y ecuatorianos. En el campo progresista ecuatoriano, como en otras partes de América Latina, abundan cuadros políticos sesgados por el oenegeísmo y la socialdemocracia europea.
La situación en Ecuador no deja de ser un reflejo particular del proceso que transitan actualmente la mayoría de los países del mundo, donde la crisis superpuesta de Pandemia y guerra se traduce, cada vez más, en un deterioro constante del nivel de vida de las grandes mayorías. El aumento de precios, como manifestación de los problemas alimentarios y energéticos que el mundo vive, es un combo explosivo para la economía de un país dolarizado, que no cuenta con instrumentos soberanos de manejo de su política económica.
La actual coyuntura, entonces, profundiza el deterioro en las condiciones de vida de la población ecuatoriana, al tiempo que termina impulsando la lucha de las grandes mayorías organizadas, ante un gobierno que se muestra decidido a no atenderlas e interpretarlas.
En la tarde del 28 de junio la CONAIE se pronunció en Twitter: “El gobierno rompe el diálogo confirmando su autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad. Responsabilizamos a Guillermo Lasso de las consecuencias de su política belicista. Exigimos respeto para nuestro máximo líder. Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo”. Corresponderá al pueblo, una vez más, romper con la espiral de violencia que propone el gobierno e iniciar los diálogos horizontales que permitan aglutinar y sintetizar la fuerza innegable de las grandes mayorías populares.
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