En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres que estaban secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon a quemarropa en la cabeza y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura.
Fátima es una localidad situada en el Partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Siguiendo la metodología que se llevaba a cabo en esa época, la zona había sido declarada liberada para que ninguna de las fuerzas de seguridad, en especial la policía, intervenga. La conmoción que se creó fue tan grande que el propio Jorge Rafael Videla, en un alarde de cinismo, condenó el hecho. Arreglaron el escenario del crimen para que parezca un enfrentamiento y la Junta militar sacó un comunicado: “Vandálico hecho sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad”.
Poco antes había sido asesinado el general Omar Carlos Actis, por lo que, al descubrir el médico forense de la policía de Pilar que una de las víctimas tenía una nota en el bolsillo en la que se leía "30 x 1" se llegó a la conclusión que esta masacre era una respuesta del gobierno militar a este asesinato.
El juicio a los responsables de la Masacre de Fátima
El 29 de abril de 2008, el Tribunal Federal número 5 comenzó a juzgar a los responsables por la Masacre de Fátima. Son los policías retirados Juan Carlos Lapuyole –hombre del exministro Harguindeguy–, Carlos Gallone y Miguel Ángel Timarchi , acusados por el homicidio de veinte hombres y diez mujeres que permanecían secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal. El Tribunal dictó sentencia el 18 de julio de 2008, por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado por alevosía agravada por su carácter de funcionario público: Juan Carlos Lapuyole, prisión perpetua, Carlos Gallone, prisión perpetua, Miguel Ángel Timarchi, absolución.
A diferencia de otros centros clandestinos porteños como El Olimpo, Club Atlético o la ESMA, recuperados como espacios para la memoria y con decenas de represores presos, la mayor parte de los asesinos de la SSF siguen impunes, y su edificio intacto. El juicio por Fátima es una excepción.
Armando Luchina, ex carcelero de la superintendencia, declaró ante la Conadep en 1984, en el Juicio a las Juntas en 1985: “La noche del 19 de agosto se apagaron todas las luces de la superintendencia menos las del ascensor y el estacionamiento”. Estaban los jefes de todas las brigadas. Gallone daba las órdenes. Bajaron a los treinta secuestrados desde distintos pisos. Cuatro parecían muertos. El resto, drogados. Los cargaron en un camión que no era de la dependencia. “Estos se van para arriba”, le comentaron. Dos días después leería en los diarios la aparición de los treinta cuerpos.
Un grupo de obreros que iban a trabajar se topó con la escena. La explosión había provocado un hoyo de un metro de profundidad. Cinco cadáveres fueron identificados desde el primer momento. Los otros 25 fueron inhumados como NN en fosas individuales del cementerio de Derqui. El Equipo Argentino de Antropología Forense los exhumó en 1985, pero recién diez años después, en el marco del Juicio de la Verdad, pudo comenzar a identificarlos por medio de análisis genéticos. La mayoría eran obreros de Bendix y fueron vistos en la superintendencia.
Bendix Argentina S.A, radicada en el país en el año 1954 como subsidiaria de Bendix corporation de EEUU, es una empresa transnacional cuya principal actividad manufacturera es la fabricación de autopartes. Durante la primera mitad de la década del '70 se desarrolló una creciente actividad sindical. Algunos trabajadores cuestionaban la representatividad de la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica y formaron listas opositoras. Estos jóvenes trabajadores y trabajadoras, de alrededor de treinta años de edad, formaron una agrupación sindical denominada Felipe Vallese, que luego se integró a la Juventud Trabajadora Peronista. Además, mantuvieron un contacto fluido con la organización armada Montoneros, y participaban de las Coordinadoras interfabriles de Zona Norte. Durante 1975 existieron reiterados secuestros de trabajadores, que en algunos casos aparecían con vida luego de ser golpeados y torturados y al menos dos de ellos se encontraba en condición de desaparecidos. En los testimonios se hace responsable de dichas desapariciones a los sindicalistas mencionados, dirigentes de la UOM y a los directivos de Bendix, quienes mantuvieron contacto con las comisarías de la zona para denunciar a los “activistas” que operaban dentro de la fábrica. A principios de 1976 la organización Montoneros asesinó a dos gerentes de Bendix dentro de la planta industrial, a quienes consideraba “punta de lanza de la represión”.
A partir de 1976, con la instauración del Terrorismo de Estado, varios de estos trabajadores pertenecientes a la JTP fueron secuestrados por miembros de la Policía Federal y trasladados a Coordinación Federal donde fueron salvajemente torturados. Posteriormente algunos fueron “blanqueados” como presos políticos y liberados, tal es el caso de Eduardo Cordero y Héctor Guzmán. Otros fueron asesinados, sus cuerpos fueron reconocidos en diversos episodios, como los hermanos Juan y Claudio Gaetán y su cuñado Carrizo, en La Masacre de Fátima, como Ángel Leiva, Ramón Vélez, y Oscar Alsogaray, y otros permanecen desaparecidos, como Andrés Seguil.
Eduardo Cordero, que era delegado en esa época y candidato de una lista combativa, afirma tajantemente que la empresa entregó sus datos a las fuerzas de seguridad: “Se presentaban hasta con la foto”, dijo, haciendo referencia a que en el momento de los secuestros las fuerzas represivas se presentaban con la foto de la ficha de personal de la empresa.
Una revista de ese entonces comienza una nota relatando: “En el partido de Vicente López hay dos fábricas metalúrgicas importantes: Tensa y Bendix, que ocupan a unos mil trabajadores cada una. En los últimos tiempos fueron secuestrados 16 compañeros metalúrgicos: 5 de ellos todavía están presos. Todos sufrieron brutales torturas, mientras los interrogaban sobre otros compañeros de trabajo. La policía había recibido listas de activistas confeccionadas por las patronales y la burocracia de la UOM, y en ellas basaba sus interrogatorios (Evita Montonera N°12:18).
El contexto de la Masacre de Fátima se ha querido explicar dentro del paradigma de la teoría de los dos demonios. Siempre dentro de la lógica de emparentar el terrorismo de Estado con las acciones de organizaciones armadas, dos variables absolutamente incomparables y sacadas del contexto. El caso de la Masacre de Fátima es muy significativo porque además de la brutalidad sin límites que quedó expuesta, la responsabilidad empresaria en el genocidio está claramente demostrada. De ese demonio es del que más cuesta hablar y hacer justicia en esta Argentina de memorias en disputa.
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