Frente a la gravedad impuesta por la pandemia que hizo crujir a los Estados, las naciones, las economías, el comercio mundial y los mercados financieros, en Argentina como en el mundo se imponen decisiones públicas y acciones estratégicas para recuperar el bienestar general y la equidad.
Es sabido que la actual crisis internacional está multiplicando los efectos del retroceso económico de los últimos años en el país y agrava la emergencia de las pequeñas empresas, de las familias sin empleo e ingresos, de los sin techo y de los presupuestos públicos en los sistemas que involucran la prestación de servicios esenciales.
El Estado argentino por decisión del Frente de Todos, a través del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha asumido como prioridad cuidar la vida en la urgencia sanitaria, que se sumó a la emergencia general producto de las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos. Así lo viene haciendo, con el acompañamiento de distintos sectores gubernamentales, políticos, sociales y gremiales, habiendo otorgado prioridad a la estrategia de aislamiento social y preventivo, a la inversión en el fortalecimiento de la capacidad de atención del sistema de salud, a la asistencia social, a la transferencia monetaria a las provincias, y a la protección del empleo y la pymes.
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Hoy la Argentina enfrenta dos batallas al mismo tiempo, la lucha contra un virus en situación de pandemia a nivel mundial y la recesión económica por el vaciamiento del ahorro nacional y el enriquecimiento de intermediarios y sectores financieros asociados a la usura, y no a la reproducción de empresas y trabajo, que se reprodujeron durante el gobierno de Cambiemos. Ha quedado configurado así un escenario de excepcionalidad propio de los ciclos de guerra. En estas circunstancias, el Estado posee las atribuciones que le otorga el Art. 4 de la Constitución Nacional de obtener recursos tributarios con la premisa de la equidad y la proporcionalidad como criterio rector.
Por ello cabe requerir una contribución extraordinaria y solidaria a los sectores poseedores de grandes fortunas, a partir de los bienes personales -ya sean materiales o activos financieros declarados- a fin de obtener los recursos necesarios para enfrentar la emergencia, proteger a la población, redistribuir ingresos y reasignar recursos públicos según prioridades sanitarias, sociales y productivas.
El "Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia" que se debatirá en el Congreso, es una medida racional, transparente y equitativa propia de un escenario económico excepcional que requiere medidas excepcionales.
Los cálculos más ajustados de la contribución sobre los activos externos y sobre las grandes fortunas que ha de definir el Congreso Nacional han de permitir saldar la deuda social acumulada, reactivar la economía y abrir las puertas al futuro y a las nuevas generaciones.
El proyecto estipula el destino de los fondos: Un 20% para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; otro 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores; otro 20% al programa integral de becas Progresar para la finalización de estudios de los y las jóvenes; un 15% a los habitantes de los barrios populares, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales, y un 25% a obras en YPF para la producción y el envasado de gas natural.
Necesitamos la urgente discusión de este aporte extraordinario que permita atender la emergencia sanitaria y social. Lo hacen los países más desarrollados del mundo y también lo recomiendan los organismos internacionales de crédito. Necesitamos construir economías más sostenibles y solidarias, que reduzcan desigualdades y que garanticen derechos.
Se trata de librar la batalla por la reducción de la desigualdad que frena cualquier desarrollo: las deudas con pagos en plazos, niveles y modos sostenibles, y la opción por la captación de fondos para la recuperación y el desarrollo, que provengan del aporte de las grandes fortunas, y el uso de los mismos bajo control social con fines centrados en la equidad.
Es la hora de enfrentar estos dilemas con coraje, con responsabilidad y con la fuerza política que emane de acuerdos intersectoriales e intergubernamentales.
* Susana Graciela Landriscini es diputada nacional del Frente de Todos Río Negro.
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