El sistema de ciencia y tecnología de la Argentina está nuevamente en crisis y convulsionado por los conflictos. Y no es para menos. Las reformas requieren consenso e información. Imponerlas por condiciones coyunturales, negar lecciones internacionales, desconocer proporciones y cifras, en especial, omitir cualquier debate sobre el futuro son ingredientes que conducen a esfuerzos sin recompensas, a rediseños fallidos con un altísimo costo de oportunidad, muchas veces irreparables. Por eso resulta oportuno compartir algunos datos y conceptos sobre un instrumento clave de nuestro sistema de promoción de investigación.
Conviene comenzar remarcando que, en todos los países con un estadio medio o alto de desarrollo, el Estado otorga subvenciones para impulsar las primeras etapas de la investigación científica. La Argentina lo hace siguiendo el que se considera que es el mejor modelo institucional. En este marco, las subvenciones adjudicadas a nuevos proyectos tanto en febrero de 2022 como en febrero de 2023 cumplieron con la regla autoimpuesta de recomponer el sistema y garantizar una adjudicación equivalente a los 10 mil dólares anuales por PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica).
Específicamente, se adjudicaron, en promedio, 10,500 dólares por año por proyecto en 2022 y 10,458 dólares en 2023. Una referencia hecha al dólar oficial del momento de la adjudicación y considerando un proyecto de ciencias exactas y naturales, en la categoría de temas abiertos. Para los proyectos de ciencias sociales y humanas la referencia siempre fue un 33% menor y por eso las bases organizan las postulaciones por grandes agrupamientos de disciplinas científicas.
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Los proyectos son también el ámbito de formación de nuevos científicos. En efecto, en 2023, un tercio del total, además de conseguir un apoyo económico, contó con una beca de doctorado o postdoctorado para reforzar la capacidad de trabajo de sus equipos de investigación.
Claro, el apoyo efectivo finalmente puede resultar bastante menor. Lo saben muy bien los titulares de estos proyectos: en un mal año macroeconómico, la inflación, las devaluaciones y la brecha cambiaria erosionan la mitad de la capacidad de compra de los fondos. Por eso, contar con un mecanismo de compensación resulta imprescindible. De otra forma, el Estado recarga en los investigadores los problemas y el alcance de los proyectos resultan en la variable de ajuste.
La recuperación 2020-2023
El punto de partida en 2020 tuvo que resolver una deuda: el 2019 terminó sin que se concrete la adjudicación anual, dejando una convocatoria evaluada, pero sin concretar y con un presupuesto de 6,254 dólares anuales por proyecto, el nivel más bajo registrado en la serie. En febrero de 2020, se resolvió la adjudicación con un refuerzo especial del 25%, elevando el apoyo a cada proyecto hasta 7,815 dólares.
Con estos valores, desde el 2020 hasta el 2023, la inversión global de la Agencia I+D+i rondó los 12.5 millones de dólares anuales, destinados a PICT para cada nueva convocatoria o cohorte de proyecto y distribuidos en dos cuotas semestrales. En total, el volumen de compromisos de esta línea de promoción en ciencia y tecnología se estabilizó en los 50 millones de dólares anuales entre 2022 y 2023, contraparte de una Agencia que funciona a pleno, con proyectos correspondientes a convocatorias de diferentes años y con equipos de investigación y unidades ejecutoras operando y presentando rendiciones de manera eficiente. En becas, la inversión alcanzó los 20 millones de dólares al año para 1,200 becas de doctorado y postdoctorado, con cifras ajustadas a cada región del país.
Cifras importantes, pero al mismo tiempo menores en el conjunto de los presupuestos del Estado, aunque con un impacto muy tangible e importante. El PICT no solo suministra los recursos para que el sistema de ciencia funcione cada mañana, sino que además acredita a los investigadores con mejor desempeño y estructura a los equipos de trabajo.
La respuesta a la erosión de la inflación, devaluación y brechas cambiarias
En la práctica, la inversión a través de los PICT suele quedarse por debajo de las proyecciones y compromisos. Primero, porque pocas instituciones, o pocos sistemas de gestión, logran mantener un ritmo de implementación y rendiciones de gastos que alcancen un ciclo de ejecución de dos cuotas por año. Segundo, las devaluaciones durante el año erosionan este monto cuando se lo considera en dólares. Y sin mecanismo de compensación, entre los compromisos iniciales y las transferencias reales se genera una distancia muy considerable.
Para mitigar este segundo factor, la cláusula de Mejor Presupuesto Vigente (MPV) fue una innovación incorporada a los contratos que organizan los apoyos largamente reclamada por la comunidad científica. En pocas palabras, todos los proyectos, sin importar el año en que hayan comenzado, reciben sus cuotas semestrales a valores iguales a las cuotas de los últimos proyectos adjudicados. De esta forma, todos los años el Directorio de la Agencia puede recomponer el presupuesto de cada proyecto en ejecución.
La cláusula de recomposición de los presupuestos no fue el único cambio que se implementó para mejorar el diseño y la ejecución de los PICT. La modernización en sistemas informáticos e interfaces se asumió como una prioridad. Además, se hicieron otros cambios incrementales que, acumulados, resultaron en mejoras significativas en tiempos, transparencia, rigurosidad y agilidad en el sistema PICT, el eje central del subsistema basal de promoción.
Entre otras cosas, se reforzó el sistema de selección basado en pares científicos y se comenzó a remunerar la tarea de evaluación. La tasa de aprobación se mantuvo en el 50% (51.9% en 2023), es decir, una enorme cantidad de propuestas no consiguieron el apoyo solicitado como suele pasar en un sistema ordenado por la excelencia y el mérito. En cambio, se decidió que las tasas de aprobación fueran más altas en categorías como “grupos de reciente formación” para asegurar que los jóvenes investigadores cuenten con la oportunidad de generar sus propios antecedentes iniciales y así demostrar su potencial.
Evaluación internacional y programas con organismos multinacionales
Todas estas condiciones han hecho que este instrumento PICT haya sido ponderado y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales. Como contraparte, se han realizado muchas y constantes evaluaciones internacionales sobre este instrumento y los resultados siempre han confirmado que los grupos de investigación que trabajan en el marco de los PICT tiene un desempeño significativamente superior al resto del sistema de ciencia.
Así, hace más de 20 años que este instrumento es la pieza central de los programas acordados entre nuestro país y estos organismos multilaterales, lo cual le permitió al Estado nacional acceder a dólares a tasas y condiciones muy convenientes.
El PICT es, por lo tanto, la columna central del subsistema denominado basal, el cual debe complementarse con un subsistema de proyectos orientados y estratégicos, donde el monto por proyecto crece de forma muy significativa, pero con objetivos y con criterios de evaluación diferentes. Así se hizo entre los años 2019 y 2023 con logros muy destacados, especialmente durante la pandemia.
Un fuerte y complejo proceso competitivo, con una evaluación rigurosa y bien probada al momento de la selección. Y con las posibilidades de avanzar hacia un pendiente: reforzar las evaluaciones durante y al finalizar cada proyecto, darle más peso a lo técnico antes que al control administrativo y así potenciar sus novedades científicas y la relevancia de su impacto en términos de innovación y desarrollo social y económico.
El riesgo de caer de líderes a seguidores
Argentina debe invertir más en ciencia básica y aplicada, complementando estos esfuerzos con iniciativas de desarrollo tecnológico e innovación. Hoy son varios los países de la región que cuentan con llamados para que los grupos de investigación soliciten apoyos y cuya selección se resuelve de forma competitiva como ocurre con los PICT. No siempre fue así y la Agencia supo ser también una escuela para que otros adopten su diseño institucional y formen a sus técnicos.
Gracias a eso, la Argentina se ha distinguido en la región y construyó una singular capacidad estatal donde volumen y rigurosidad se conjugan: en los últimos años se evaluaron más de 3200 solicitudes por año y se seleccionaron aquellas mejores, un poco más de la mitad del total, en más de 25 categorías y subcategorías gracias a impulsar y procesar más de 10 mil dictámenes técnicos realizados por pares científicos.
En una región donde muchos desafíos están ligados a la desigualdad y a la movilidad social, a resolver déficits institucionales y a derechos que no todos pueden ejercer, nuestro sistema de investigación contiene a todas las disciplinas sin marcados desequilibrios. Las ciencias sociales representan el 15% de las solicitudes, el 15% de los proyectos adjudicados. La tasa de aprobación replica la general: 52% y al ser proyectos con presupuesto por debajo del promedio representan el 9% de los fondos otorgados.
Este esquema concursable estructura la rutina de trabajo de más de 25 mil investigadores en todo el país, en todas las disciplinas, en más de 100 instituciones científicas y universitarias. Para darle sincronía a una red tan amplia es central que las adjudicaciones se realicen de manera regular, atadas a calendarios conocidos por todos y respetados a rajatabla. Así se hizo entre 2020 y 2023 cuando se cumplió estrictamente con adjudicar nuevas cohortes de proyectos en todos los meses de febrero, brindando no solo fondos sino también orden y certidumbre.
¿Abandonar el rumbo para quedar a contramano del desarrollo?
A diciembre de 2023, este sistema de promoción quedó financiado, organizado y al día. Un sistema proyectado para vincular futuras mejoras en las cuotas semestrales al avance de la Ley de financiamiento de la Ciencia, con un incremento gradual del orden del 15% anual en términos reales. En ese camino, para 2028, los PICT tendrían cuotas que duplicarían los valores de 2023, es decir, 20 mil dólares anuales.
Cifras más cercanas a las que se observan en Uruguay, aunque aún por debajo de los montos disponibles en Brasil o Chile, donde las ayudas son un 50% más grandes. Y, desde luego, muy lejos de los recursos disponibles en Europa o en Estados Unidos donde los apoyos son 5, o incluso 10, veces mayores para cada proyecto (aunque la contabilidad varía en sus criterios de país en país y dificultan la comparación directa).
Una planificación que, paso a paso, en el agregado llevaría la inversión hasta los 100 millones de dólares transferidos a los equipos de investigación e instituciones a través de este instrumento, con cifras por proyecto a la par de la región, pero con una cartera de proyectos que nos ubicaría como líderes regionales por diversidad y cantidad de iniciativas. Una inversión total que, al mismo tiempo, no supera ni el 5% del total de los recursos asignados a la función de ciencia y tecnología en el presupuesto nacional.
En un mundo donde la riqueza se genera y captura sobre la base de nuevos conocimientos, no podemos darnos el lujo de perder este sistema basal ni de abandonar la senda de incrementos en sus valores. Con un modesto esfuerzo, la Argentina podría generar una capacidad distintiva y muy redituable: un piso sólido sobre el cual edificar un moderno sistema de ciencia, tecnología e innovación.
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