Internas, retenciones y FMI: primeros daños de un acuerdo incumplible

El Frente de Todos cruje por un acuerdo que no se va a cumplir. Si ya el programa de restricciones económicas coordinado con el Fondo Monetario Internacional era de dificultosa aplicación por las pauperizadas condiciones sociales de la Argentina, el estallido de la guerra en Ucrania y la consiguiente escalada global de precios vuelven papel pintado lo que en estas semanas se discute en el Congreso. 

Lo reconoció con un ejemplo el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, hace unos días en Houston: "(El alza en el valor del gas) Podría traducirse en diferentes velocidades en la reducción de los subsidios a la energía", un aspecto crítico del pacto con el organismo. 

Las palabras de uno de los coautores del pacto, pronunciadas en la madre patria del FMI, fueron a la vez preaviso y confesión: en términos económicos, el "acuerdo" servirá apenas para conjurar el default y, más temprano que tarde, deberá renegociarse. Sus efectos políticos, en cambio, ya están en curso.

Una de las características centrales del pacto es que se ratifican las revisiones trimestrales, un acto burocrático que, convertido en reality, tiene efecto corrosivo sobre la autoridad gubernamental. Cualquiera que haya vivido en la Argentina en los últimos 40 años recordará cómo las misiones del Fondo se exhibían con aires virreinales frente a gobiernos inválidos, expuestos sin capacidad ni poder de decisión. 

La situación de cogobierno es intrínseca a los pactos con el Fondo, porque la injerencia es su razón de ser: el organismo opera como herramienta de control y dominio de los países centrales (en especial Estados Unidos, accionista principal) sobre las naciones que le abren la puerta para jugar. Es lo que hizo Mauricio Macri a cambio de unos 50 mil millones de dólares destinados a financiar la fuga de "sus amigos" (como le dijo Alberto Fernández en tiempos de campaña) y la fallida campaña por la reelección. La refinanciación de esa obscenidad detonó la crisis larvada en el Frente de Todos.

La amarga y ruidosa disputa pública entre Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner se gatilla por el pacto con el Fondo, pero tiene origen en conceptos opuestos sobre lo que define a un gobierno: a qué intereses representa y, sobre todo, con cuáles confronta.

El kirchnerismo entiende que el país necesita un shock distributivo que apuntale el consumo desde el pie. La propia experiencia K muestra que esa política es imposible sin confrontar con habitantes del poder real: productores de alimentos, banqueros, monopolios, multinacionales. El "albertismo" -que tiene forma pero no sello- cree que cimentar el crecimiento con consumo recalienta los precios y choca contra la "restricción externa", como se denomina a la falta de dólares para importar insumos y energía. Así las cosas, el horizonte de crecimiento moderado y disciplina fiscal trazado en el programa acordado con el Fondo coincide con las políticas que propone Guzmán, bastonero de la estrategia de crecimiento “moderado”, palabra que marca doctrina en el albertismo: “La moderación no es buena o mala en sí misma -reza un reciente documento escrito por el asesor presidencial Alejandro Grimson y suscripto por un colectivo de intelectuales frentetodistas-. Quizás en países híper estables la moderación puede ser hasta una identidad. En América Latina no. Es una opción táctica en una etapa específica. Hay momentos en la historia en los cuales la moderación puede ser transformadora y la radicalización impotente” afirma el escrito, en un disparo sin eufemismos hacia las posiciones K.

La “moderación” de políticas públicas distributivas es contradictoria con las necesidades de un país con la mitad de hogares bajo la línea de la pobreza. Es lo que sugiere el documento emitido por los legisladores del FdT que votaron en contra del memorándum con el Fondo: “La aplicación de las políticas del presente acuerdo no solo no van a solucionar ninguno de los problemas estructurales de la economía bimonetaria argentina -afirma- sino que los van a agravar". Lejos de ordenar la interna, el duelo epistolar convulsiona con hirientes tuits y re-tuits que golpean bajo la línea de flotación con ucronías sobre Néstor Kirchner. Y ya se sabe: nada constructivo nace en la ciénaga de twitter.

La fractura en la cúpula de la coalición fragmenta más la gestión. Cada ministerio atiende su juego. Un ejemplo del fin de semana: el viernes, el presidente dio luz verde a un retoque de las retenciones de oleaginosas con el doble objetivo de desacoplar los precios internacionales y destinar unos 400 millones de dólares a un fideicomiso sostén del precio del trigo. La medida se iba a anunciar esta semana con pompa y sustancia: unir esfuerzos para garantizar la mesa de los argentinos. Pero el domingo, el ministerio de Agroindustria adelantó la jugada con el cierre del registro de exportaciones de granos, una medida que operó como preaviso del retoque por venir. El anticipo de la cartera de Julián Domínguez despertó el temprano rechazo de los productores, que amenazaron con resistir “en las rutas”, y un conato de faltazo de Juntos por el Cambio a la sesión del jueves donde el Senado convertiría el acuerdo con el Fondo en ley. Las suspicacias están a la orden del día: con un largo vínculo con el sector agropecuario, es improbable que el ministro Domínguez -enemigo declarado de subir las retenciones- desconociera los efectos políticamente perturbadores de su decisión administrativa.

Ya en el atardecer del lunes, el ministro Guzmán aclaró que las modificaciones de las retenciones no se harían sobre los granos -el grueso del negocio- sino, eventualmente, sobre la harina y el aceite de soja, si ocurriesen. ¿El movimiento del fin de semana fue un audaz amague para forzar a las cerealeras a realizar un aporte extraordinario por guerra a cambio de mantener inalterable el tributo que tanto irrita a los chacareros? ¿O un nuevo pase al vacío que terminó en offside? En las próximas horas se sabrá.

Las idas y vueltas con las retenciones exhibe el riesgo de una gestión balcanizada. Las estrategias discordantes entre Agroindustria y la secretaría de Comercio vuelven inocuas las políticas de contención de precios. Las consecuencias se sienten en el bolsillo: en la última quincena se disparó un 70% el precio de la bolsa de 25 kg de harina que compran las panaderías, hay serios problemas de stock en aceites, y los alimentos promediaron un aumento del 5% en una semana. Es probable que, como creen varios y variados dirigentes frentistas, la fractura implique una dificultad electoral en 2023. Pero para eso falta una eternidad. El problema son las urgencias del aquí y ahora: la escasez cotidiana de unos 22 millones de argentinos que subsisten con asistencia social -aceptable en tiempos de pandemia-, se vuelve insoportable cuando escasea además la perspectiva de un futuro mejor. Para el gobierno, el desánimo es un incordio político de magnitud: no se le puede pedir paciencia a quien nada espera.