El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timerman encabezarán la delegación argentina que participará esta tarde en Nueva York en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se busca crear un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana y condenar el accionar de los fondos buitre.
De cara a esa votación, la embajadora argentina ante la ONU, María Cristina Perceval, se mostró confiada de que la propuesta recibirá una respuesta positiva de la mayor parte de los países miembros del organismo.
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"Espero que sea una votación donde claramente la comunidad internacional mande la señal y defina principios básicos para orientar los procesos de reestructuración, que ya no serán para Argentina, pero estarán presentes cuando quieran tomar su decisión algunos jueces o hacer movimientos los predadores", dijo Perceval a Télam.
La Asamblea General se desarrollará a partir de las 15 (hora local, las 16 en Argentina), y entre los temas que abordará se destacan los "nueve principios" aprobados a fines de julio pasado por el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana de la ONU, con los que se busca limitar el accionar de los fondos buitre en los procesos de canje de deuda, de manera de permitir el crecimiento y el desarrollo inclusivo de los países.
El documento -que surgió del trabajo realizado en los últimos cinco meses por la mayoría de los países miembro de ONU- plantea como primer principio que los Estados soberanos tienen "el derecho de diseñar sus políticas macroeconómicas, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva".
También establece que la "buena fe tanto del deudor soberano y de todos sus acreedores, implicaría su participación en las negociaciones de una reestructuración de deuda soberana constructiva y otras etapas del proceso, con el objetivo de un restablecimiento rápido y duradero de la sustentabilidad de la deuda y el servicio de la deuda".
Otro ítem fundamental es el apoyo "de una masa crítica de acreedores a través de un diálogo constructivo sobre las condiciones de la reestructuración", de manera de evitar que alrededor del 1 por ciento de los acreedores -como sucedió en el caso argentino- prime en los estrados judiciales por encima de la opinión de más del 93 por ciento de los bonistas que aceptaron canjear sus títulos en default por bonos
reestructurados.
Otro de los principios sostiene que el "tratamiento equitativo impone en los Estados el deber de abstenerse de discriminar arbitrariamente entre los acreedores, salvo que un tratamiento diferente se justifique bajo la ley, sea razonable y en correlación a las características del crédito, garantizando la igualdad entre todos los acreedores, discutida entre todos los acreedores".
A su vez, "los acreedores tienen el derecho de recibir el mismo tratamiento proporcional de acuerdo con su crédito y sus características. Ningún acreedor o grupo de acreedores debería ser excluido ex ante (a priori) del proceso de reestructuración de deuda soberana".
Otro de los principios sostiene que la "inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución respecto a las reestructuraciones de deuda soberana, es un derecho de los Estados ante tribunales nacionales extranjeros y las excepciones deberían ser interpretadas restrictivamente", entre otras cuestiones.
En lo que respecta a la delegación argentina, fuentes del Palacio de Hacienda informaron que Kicillof partirá esta noche con destino a Nueva York, donde ya se encuentra el canciller Héctor Timerman.
La iniciativa impulsada por Argentina recibió apoyo de -entre otros- el Grupo de los 77+China y de un importante número de país que componen el organismo multilteral, mientras que los votos negativos y las abstenciones provinieron de EEUU, naciones europeas, y Japón, entre otras.
"Los poquitos que votaron en contra en las resoluciones anteriores fueron once Estados, que representan el 7% del poder de decisión en la Asamblea General", precisó a Télam la embajadora Perceval.
Al momento de describir esta situación, Perceval dijo que "es difícil que la prepotencia del poder acepte la democracia como el foro deliberativo donde todos somos iguales", como es el espacio que conforma la Asamblea Anual al momento de votar las iniciativas que llegan hasta a ese espacio.
Esta decisión "va a impactar política y éticamente, porque cuando el juez (Thomas) Griesa o cualquier otro juez que es tan sensible a los intereses de estos grupos especulativos quiera mover la ficha, hay una comunidad internacional que ha hablado a través del voto de mañana, la inmunidad soberana de los Estados, la legitimidad, y estos principios es muy difícil ignorarlos porque están en el derecho internacional", agregó la diplomática.
Sobre la votación de mañana también se pronunciaron durante las últimas horas, diecinueve economistas internacionales que hicieron público su respaldo a la creación de un nuevo marco regulatorio para los canjes de deuda soberana a nivel multilateral e instaron a los países europeos a votar a favor del proyecto en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
"Esta resolución de interés público debe ser apoyada por todos los Estados europeos y debe ser puesta en el debate público", exhortaron los economistas en una carta enviada a los máximos representantes de todos los países miembros de la ONU.
Entre los firmantes se destacan el ex ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, y el economista francés Thomas Piketty.
"Ayer Argentina, hoy Grecia, y mañana quizás también Francia, cualquier país en deuda puede ser impedido de reestructurar su deuda a pesar de todo sentido común", advirtieron en la carta.
"La crisis griega ha dejado en claro que los estados individuales que actúan por sí solos no pueden negociar condiciones razonables para la reestructuración de su deuda en el marco político actual, a pesar de que estas deudas son a menudo insostenibles en el largo plazo", agregó la misiva que también lleva la firma los economistas James Galbraith (Universidad de Texas en Austin); Heiner Flassbeck (ex economista jefe de la UNCTAD); Martín Guzmán (Universidad de Columbia); Jacques Généreux (Institut d'études politiques de Paris); Steve Keen (Universidad de Kingston); Gabriel Colletis (Universidad Toulouse 1); Michel Husson (Institute de Recherches Economiques et Sociales); y Benjamin Lemoine (Universidad París-Dauphine), entre otros.
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