A su regreso de las vacaciones, el presidente Mauricio Macri deberá proponer al Senado a los ganadores de dos ternas para ocupar las conducciones de dos juzgados federales en Mendoza. Uno de los curriculum que tiene en su despacho, a la espera de su análisis, es el del fiscal de instrucción de Godoy Cruz, Gustavo Fehlmann, quien está acusado de acosar a una estudiante universitaria y tiene abierto un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura mendocino por falsificación de pruebas.
Los problemas para Fehlmann, que aparecia como el futuro integrante del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza porque venía con el impulso del goberandor Alfredo Cornejo, comenzaron en septiembre del año pasado. Fue cuando el portal Mendoza Post reveló que una alumna lo denunció porque él le habría ofrecido intercambiar sexo por aprobar la materia Derecho Penal Procesal, que daba en la Universidad Champagnat.
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Lo que la joven contó es que el fiscal y docente le había enviado un mensaje haciendo la propuesta vía Facebook a su celular. Eso generó un pequeño escándalo en la casa de estudios y, para cuando la noticia se conoció, Fehlmann -que también tenía un sumario iniciado por la Universidad de Champagnat para investigar la acusación- ya había renunciado a su puesto de profesor.
En octubre, 15 días después de conocerse la denuncia, la secretaria de Genero de la CTA mendocina, Cristina Rasso, que también integra el colectivo Ni Una Menos, pidió que se abriera un juicio político contra el fiscal. Pero ese proceso se terminó cayendo porque la estudiante no se presentó a declarar y, en cambio, presentó una demanda civil, donde reclama 400 mil pesos por daño moral al fiscal y a la universidad.
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"El juez Juan Pablo Civit dictó una prohibición para que Fehlmann se acerque a mi clienta, que es víctima de violencia de género por haber recibido esa frase en su chat personal", indicó Jacky a El Destape al referirse a la conversación inglés que el docente mantenía con su alumna y que originó la demanda, que tramita ante el Juzgado de Gestión Asociada número 2. La causa es por daños y perjuicios bajo la Ley de Violencia de Género.
El fiscal dijo que el mensaje que desató la acusación ("Cuando voy a escuchar tus gemidos mi amor", según se detalla en la demanda) se lo envió por error a la joven. Insistió, en declaraciones públicas, en que ese texto era para un chat que mantenía con su esposa. "Pedimos en la causa que acreditara que eso que dijo en los medios es así. Es muy fácil de demostrar. Sólo tiene que presentar el chat", dijo Jacky.
Antes de que terminara octubre, el presidente de la Comisión de Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Carlos Alberto López De Belva, denunció a Fehlmann ante la Relatoría de Naciones Unidas. López De Belva consideró que, si efectivamente acosó a la alumna, Fehlmann violó convenios internacionales como la Convención de Belem Do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Ambos documentos exigen el respeto de la integridad física, psíquica y moral de las mujeres y establecen que la discriminación de las mujeres viola los principios de igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana.
El otro caso que complica a Fehlmann es un pedido de juicio político por "instigación al falso testimonio" durante la investigación de la muerte de Ricardo López Aveiro, de 17 años, quien fue muerto a tiros en un barrio de Godoy Cruz, en agosto de 2012. Ese sumario fue abierto y está en curso.
Por ese caso y por la denuncia de acoso sexual, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que encabeza Germán Garavano, que "realice un exhaustivo examen de los hechos denunciados para evaluar los antecedentes e idoneidad del candidato" antes de elevar su propuesta al presidente Macri.
Junto a Fehlman también compiten por el cargo en el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza Bruno Netri, prosecretario letrado de la fiscalía federal de Santa Fe, y Pablo Salinas, un abogado especializado en derechos humanos y ex director de Derechos Humanos durante la administración de Celso Jaque.
Los otros dos cargos en juego son para el Tribunal Oral Federal 1 y allí hay otras dos ternas: una integrada por el defensor oficial Juan Ignacio Pérez Curci, la secretaria de Ejecución Penal del Tribunal Oral, María Paula Marisi, y el camarista Ramiro Salinas. La otra está compuesta por el abogado penalista Diego Lavado, Alberto Daniel Carelli, secretario del juez Walter Bento; y Daniel Doffo, del Tribunal Oral Federal de San Juan.
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