En el segundo semestre se incrementaron los despidos. De hecho, entre septiembre y noviembre se desvincularon y suspendieron a 19.000 trabajadores. En el relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en un año de gestión de Cambiemos perdieron su empleo 232.000 personas.
El CEPA contabilizó que en los estados nacional, provinciales y municipales despidieron a 70.145 empleados desde que asumió Mauricio Macri la Presidencia el 10 de diciembre de 2015. En el mismo período, las compañías privadas dejaron en la calle a 162.141, lo que suma 232.286 entre ambos sectores.
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Entre septiembre y noviembre, las desvinculaciones se dispararon. Si bien en el ámbito público creció la cantidad de trabajadores en 604 personas, en el corporativo perdieron su empleo 11.761 y se suspedieron a 8.793.
El rubro más relegado fue el industrial, en donde se incrementaron las cesantías en 16.103 en esos dos meses. El de servicios lo secundó, pero muy por detrás, ya que despidieron allí a 1.863. En la construcción dejaron sin empleo a 1.008 obreros y en el sector primario a 750.
En el año de la administración macrista, la construcción continúa liderando los despidos con 60.626, en función de la paralización de la obra pública, seguido por la rama metalúrgica con 16.364 despedidos y suspensiones. "En la metalurgia se consideran además despedidos y suspendidos de la siderurgia, de empresas como Siderca de la ciudad de Campana –con importante incidencia de despidos de tercerizados de firmas contratistas de Siderca junto con retiros voluntarios-", destacó CEPA.
El sector textil ha consolidado el segundo lugar en términos de despidos y suspensiones a noviembre de 2016. "El sector se ha visto seriamente afectado por caída del consumo local y apertura importadora. En este caso, distintas fuentes aseguran que la caída efectiva en los puestos de trabajo es incluso más elevada, pero difícil de constatar por el bajo nivel de registro en el sector y la utilización por parte de las grandes marcas de diseño de indumentaria de cadenas de subcontratación provistas por empleo informal y población inmigrante de países vecinos, en sendos casos deliberadamente sin documentar", aclaró el centro de investigación.
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