La Justicia procesó Lee Sup Yong, el dueño del taller clandestino de la calle Paez, del barrio de Flores, donde murieron los nenes Rodrigo y Rolando Menchaca en mayo de 2015.
"Es un avance en la búsqueda de justicia y es un paso necesario para avanzar en esta problemática", aseguró el legislador porteño de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli. "No hay que olvidarse que el trabajo ilegal en la Ciudad creció con la complicidad del gobierno porteño. Se estima que entre 250 y 300 mil las personas son explotadas en estos talleres, muchos de ellos propiedad de dueños de grandes marcas", señaló el diputado kirchnerista.
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En este sentido, Campagnoli recordó que las firmas Awada y Cheeky, propiedad de la familia de Juliana Awada, esposa del presidente Mauricio Macri, tuvieron denuncias que las vinculaban con la explotación laboral. Y agregó: "A su vez, esta tragedia también desnudó la absoluta ineficiencia que caracterizó a las áreas responsables de la inspección laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
El legislador se refirió además a lo que ocurrió con el pedido de informes sobre lo sucedido que se presentó en la Legislatura: "En respuesta a un pedido que presentamos, el gobierno porteño respondió que no había inspeccionado el lugar pese a que existía una denuncia de la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) porque "aparentemente" la justicia estaba interviniendo. Se trató de una duda que podría haber sido saldadas por los funcionarios con sólo una consulta a la PROTEX".
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