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El proyecto viene a saldar la disputa entre productores agropecuarios y multinacionales semilleras, principalmente Monsanto, que exigen pago de regalías por resembrar semillas genéticamente modificadas, más conocidas como transgénicos. Esto implica más beneficios para estas compañías, en perjuicio de productores locales.
Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas , Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC), alrededor de 30 organizaciones campesinas, sociales y políticas vienen reclamando al Gobierno nacional que se les permita sumarse al debate de la redacción de la ley, que hasta ahora incluye solamente a los dos sectores empresariales en disputa. La soberanía alimentaria y el modelo tecnológico-productivo son algunos de los puntos que quieren poner en discusión.
De acuerdo al OPPLEC, los alimentos transgénicos ocupan el 70% del mercado agrícola en Argentina y el 75% de la diversidad biológica se perdió por la industrialización de la producción de semillas. "El que controla la semilla tiene la capacidad de incidir en la toda cadena de valor de la producción de alimentos, y puede condicionar los resultados de cualquier política agrícola y alimentaria", advierte Anabel Marin, investigadora del CONICET especializada en innovación.
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