Por Sergio Federovisky
Especial para El Destape
Pierre Bourdieu describía de la siguiente manera la democracia actual, o al menos su forma más deseable: "El problema –decía- no es ya el de la elección, como en la tradición liberal, sino el de la elección del modo de construcción colectiva de las decisiones".
La minería a cielo abierto (no cualquier minería, sino aquella que extrae metales a con alta demanda de agua y enorme aplicación de tóxicos como el cianuro) es hoy el eje del conflicto socio-ambiental. No solo en la Argentina, sino en todo sitio en que haya una montaña para desguazar. Vale aclarar que nada tiene que ver esta minería de extracción de oro o plata con la figura romántica del socavón y la linterna en el casco en busca de la veta. Como vetas ya no hay, y el mineral se encuentra diseminado en la roca, la tecnología hizo un aporte significativo: se vuela literalmente una montaña y, en piletas con cianuro y agua, se separa el oro de todo el resto.
El modelo minero entonces es un modelo de alta inversión, mediano riesgo (apenas el de la cotización internacional del metal a la hora de venderlo), elevada renta, casi nulo valor agregado, mínimo aporte de riqueza a nivel local y enorme impacto ambiental. Esa ecuación, además, se ve subrayada en la Argentina con un generoso marco impositivo. Tanto que la consultora Claves ICSA, tomando 62 sectores de una economía en crisis, destaca que el sector minero encabeza el ranking de rentabilidad por el precio de las exportaciones y porque el régimen legal "se encuadra entre los más atractivos del mundo".
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Todos estos elementos se funden a la hora de explicarse el duro rechazo social a la minería a cielo abierto. Rechazo que tuvo su punto de partida en 2003 en Esquel. En medio de un país devastado, esa ciudad de Chubut fue a un plebiscito para optar por la extracción de oro o un modelo de desarrollo local sustentable. Ochenta y dos por ciento de los habitantes de Esquel, en la elección a la que más votantes acudieron en la historia de esa ciudad, rechazaron el proyecto minero.
Las mineras y el gobierno de Chubut volvieron a la carga, pese a que una ley, dictada luego de aquel referéndum, prohíbe la minería metalífera en la provincia. Las asambleas vecinales y ambientalistas reunieron 13.000 firmas para hacer uso de un derecho constitucional: la iniciativa popular que impone a la Legislatura tratar un proyecto de ley presentado en ese marco. En la sesión correspondiente, de la que finalmente salió un proyecto validador del proyecto minero y no el que impulsaban los vecinos, un legislador llegó al colmo de recibir instrucciones del gerente de la minera Yamana Gold a través de su celular. Intereses concentrados versus interés colectivo.
El debate parece ser minería sí o no. Pero es falso. O en todo caso, conduce fácilmente al chantaje de quienes acusan a los que se oponen de querer volver a la época de las cavernas. El debate tampoco es acerca de si la minería se hace "con cuidado del medio ambiente", pues aún las explotaciones bien controladas tienen impactos (la competencia por el agua dulce, por ejemplo) que la sociedad tiene derecho a rechazar.
El debate más sensato debiera ser alrededor de los modelos de desarrollo local. Y allí entra la democracia real, no solo la del voto cada cuatro años. Paradójicamente, muchos gobiernos elegidos por el voto niegan a la sociedad un referéndum para optar por la minería a cielo abierto u otras modalidades como eje de su desarrollo. En este punto entra Bourdieu: la construcción colectiva de las decisiones supone un modelo en el que ingresan los temores fundados, la información transparente, la licencia social y la elección de las actividades productivas (turismo, agricultura en pequeña escala).
La minería a cielo abierto no es ni buena ni mala. Es lo que es. Y las sociedades involucradas debieran poder optar por incorporarla (como ocurre en San Juan) o no. Democracia, que le dicen.
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