Luego del disciplinamiento en el Poder Judicial tras su combate contra la criminalización de los estudiantes que tomaron colegios y el trabajo obligatorio en la secundaria, múltiples organizaciones y dirigentes apoyaron al asesor tutelar Gustavo Moreno.
La superior del funcionario, Yael Bendel, firmó dos semanas atrás la Resolución 75/2018, con el nuevo “criterio general de actuación” del Ministerio Público Tutelar, que debe velar por los derechos de los menores y de los incapaces. Allí estableció que “todo caso de intervención conjunta de asesores tutelares deberá ser dispuesto en forma previa por la titular de la Asesoría General Tutelar”.
Esto fue planteado luego de que Moreno, asesor tutelar de Cámara, iniciara acciones efectivas contra el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta junto a su colega de primera instancia Mabel López Oliva. Los principales hitos fueron la declaración de nulidad del protocolo anti-tomas que había impuesto el Ministerio de Educación de la Ciudad, además de la obligación de la cartera a abrir el debate ante la comunidad educativa del polémico proyecto Secundaria del Futuro, que impone pasantías para los alumnos.
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Desde el Ministerio Público Tutelar plantearon a El Destape que la motivación de la resolución “tiende a afirmar la vigencia y aplicación de la ley orgánica (N° 1903), a través del dictado de pautas que ordenen y den claridad al accionar” ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño.
“Es un reconocimiento expreso al texto de la ley y a las funciones que le corresponden a los distintos magistrados en las instancias en los que por mandato corresponda su actuación; pues lo contrario nos llevaría a otorgarle un carácter meramente nominal, poniendo en juego la normal prestación del servicio de justicia que rige en el ámbito de todo el Poder Judicial”, entendieron.
Sin embargo, diferente interpretación le dieron algunos organismos, como la Asociación Pensamiento Civil, que lo consideró un “exceso en el ejercicio de las facultades de Superintendencia de la Asesoría General Tutelar”.
La Asociación Pensamiento Penal expresó su “preocupación” ante la resolución y expresó su apoyo a Moreno. Entendió que “importa una notable restricción en el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad”.
El apoyo también tuvo pie en organizaciones populares, que reconocieron “la tarea a favor del pueblo de Moreno, a quien consideraron “un verdadero defensor del campo popular dentro de una institucionalidad que siempre nos es ajena, y aún más en estos tiempos”.
“No es casualidad ni error de una funcionaria las restricciones impuestas a su tarea. Es decisión política de los intereses económicos que manejan la institucionalidad de CABA y que utilizan como lacayos a las autoridades. Tanto Yael Bendel como Horacio Rodríguez Larreta responden a la construcción de una ciudad sin pueblo: no les importan ni los niños ni los adolescentes ni todos aquellos que tengan sus derechos vulnerados. Y menos si nos organizamos y luchamos”, reza el enérgico comunicado que lleva las firmas de la CTEP, el Movimiento Evita, el MTE, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la Unión Obrera Ladrillera Argentina, el Sindicato de Portuarios, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad y una decena de variopintas asociaciones, además de los diputados nacionales Araceli Ferreyra y Leonardo Grosso.
Polémica por Secundaria del Futuro
Desde el Ministerio Público Tutelar también negaron haber intentado desplazar a Moreno y López Oliva de las actuaciones sobre Secundaria del Futuro, cuando mediante oficio Bendel había requerido en octubre que las acciones las concentre la asesora tutelar interina Ana Cueva Rey.
“Las asesorías de primera instancia atienden en días inhábiles de acuerdo a un cronograma de turnos semanales. Esa semana le tocó a la asesoría a cargo de Cueva Rey, quien recibió un llamado referente a las tomas de los colegios, por lo que dio inicio a medidas extrajudiciales. Le informó dicha situación a la Asesoría General, de acuerdo al deber de comunicación que rige en el ministerio. Con posterioridad, la Asesoría General solicitó que los asesores de primera instancia le remitan documentación que podría haber estado relacionada con ese asunto y colabore en el marco de su accionar”, apuntó.
El 16 de marzo pasado, la Sala 2 de la Cámara CAyT excluyó a esta funcionaria de la causa judicial, por lo que determinó que sean Moreno y López Oliva los representantes del Ministerio Público Tutelar en el expediente.
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