La oficina judicial encargada de la escuchas judiciales y que está a cargo de dos camaristas federales salió a despegarse del escándalo por la difusión de las conversaciones de Cristina Kirchner con Oscar Parrilli. Las mismas fueron publicadas por el periodista Luis Majul y generaron un pedido de la Corte Suprema para que se investigue lo que pasó.
La dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (la ex OJOTA) emitió un comunicado en el que además salieron a despegarse del escándalo y "repudiaron enérgicamente cualquier difusión pública que se haga de cualquier tipo de contenido" de las escuchas judiciales.
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Pese a que fueron designados por la Corte a través de un sorteo que hoy está puesto en duda, la Dirección aseveró que "es una autoridad independiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que funciona en base a un directorio autónomo".
Por decisión del Gobierno de Macri, las escuchas pasaron de la órbita de la Procuración General al de la Corte Suprema y para ello el máximo Tribunal le dio el control de las mismas a una nueva dirección comandada por el polémico juez Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. Los mismos fueron designados, presuntamente, por sorteo pero con un mandato de un año y sin posibilidad de reelección.
Sin embargo, el Gobierno, a través de un DNU, prolongó a comienzos de 2017 el mandato de Irurzun y Leal de Ibarra al frente de las escuchas por un período de 3 años. La Corte revalidó esto con una acordada y le dieron ese poder a los camaristas hasta el final del mandato de Mauricio Macri.
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