La tierra arrasada que legó el macrismo puede analizarse tanto desde el profundo deterioro macroeconómico, fundamentalmente en el sobreendeudamiento que está paralizando al país durante su renegociación, como en el derrumbe puntual de un gran número de sectores productivos, fundamentalmente aquellos que más mano de obra concentran, como construcción, industria o comercio, cuya producción y salarios vienen cayendo de forma interrumpida desde hace un año y medio, de acuerdo al Indec.
Tal es la caída, que desde el mismo gobierno no avizoran la posibilidad de una recuperación solida hasta antes del último trimestre de este año, siempre y cuando la renegociación de la deuda llegue a un buen puerto. Por eso, los futuros datos sobre actividad económica que divulgarán el Indec y las consultoras, muy posiblemente continuarán, -salvó mínimas excepciones estacionales como la suba industrial de 4,8 que publicó FIEL para enero-, con la tendencia hacia la baja que inició el macrismo, un elemento que posiblemente la derecha utilizará para horadar la gestión del actual gobierno y ocultar su responsabilidad en la economía legada.
Por eso, por fuera de la crucial renegociación que permita recuperar una sólida base desde la cual desplegar un plan económico, el gobierno parece decidido por lo pronto a redistribuir la riqueza que se produce en la actualidad. Y es que si resulta imposible revertir en el corto plazo la herencia macrista de achique de la economía, que tuvo su último capítulo con la caída del PBI del 2,1 por ciento en 2020 según informó el Indec, por lo menos ya ha comenzado a realizar un giro de 180 grados en otra característica que definió a la alianza Cambiemos, como fue llevar adelante un redistribución regresiva del ingreso, o en otras palabras, transferir recursos de los sectores populares hacia los segmentos más acomodados de la población. Es en esa línea que se puede entender el último aumento del sueldo básico docente, junto a las medidas anteriores como la suba de las jubilaciones mínimas y las AUH por encima del monto que les hubiese correspondido con la fórmula macrista, los bonos otorgados durante el verano a estos últimos dos sectores, el adelantamiento salarial para trabajadores, y el congelamiento de las tarifas. Que serán parcialmente financiadas por medio del aumento a las retenciones sobre el complejo agroexportador, el impuesto a la compra de dólares, la rebaja a las jubilaciones de privilegio de la familia judicial, y la desdolarización de la energía, entre otras medidas en carpeta.
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Por eso, bajo la certeza de que llevará varios meses comenzar a encender los motores de una economía arrasada por la alianza Cambiemos, el gobierno privilegió el aspecto distributivo para atender a las necesidades más urgentes, más allá de que la posible reactivación del consumo, puede llegar a dar algún resultado en la suba de la actividad, teniendo en cuenta que es el consumo el que genera el 70 por ciento del PBI. Sin embargo, difícilmente su ritmo sea poco más que lento y modesto, teniendo en cuenta que tanto la inversión, que se desplomó al 15 por ciento del PBI durante el macrismo, como la contratación de personal, estarán ausente por bastante tiempo, debido también a la gran capacidad ociosa, cercana al promedio del 40 por ciento, que tienen las empresas argentinas.
Esta orientación hacia la redistribución progresiva del ingreso sin aguardar al crecimiento económico, es otro de los giros de 180 grados que ha efectuado el actual gobierno en relación al neoliberalismo macrista, que siempre basó su receta en el paradigma de la “copa que derrama”, para el cual, antes que distribuir progresivamente la riqueza, es necesario hacer crecer la torta, algo que además, según esta concepción, se logra desregulando los mercados, o en otras palabras, brindando privilegios a los grandes grupos económicos, que deben ser soportados por el grueso de la población durante períodos indefinidos de tiempo.
Ciertamente, la idea del crecimiento, fundamentalmente industrial, no está en absoluto fuera de los planes del gobierno. Prueba de ello son la elevación de rango a ministerios de las áreas de Industria y de Ciencia y Tecnología, así como medidas puntuales como la regulación del comercio exterior, la refinanciación de deudas impositivas las pymes y el regreso al concepto de un sistema financiero subordinado a la producción, lo que se tradujo en la constante baja en la tasa de interés.
Pero el gobierno parece entender que difícilmente se llegue al norte de una argentina productiva, si antes no se atiende la emergencia social que legó el anterior gobierno, lo cual, con el crédito cerrado, solo puede hacerse mediante la actual redistribución progresiva.