La Justicia investiga a los hombres del intendente de Salta, Gustavo Sáenz, por casos de corrupción

El Juzgado Federal de Salta Nº1, a cargo de Julio Leonardo Bavio, investiga al Gobierno de Salta capital, comandado por el intendente PRO Gustavo Sáenz, por el armado de una asociación ilícita para ocultar el vaciamiento de fondos públicos, los verdaderos responsables de la estructura corrupta y beneficiarios de maniobras de evasión de impuestos. Una organización ilegal compuesta por empresarios, compañías insolventes y funcionarios, que habrían sido destinatarios de un retorno económico por facilitar el direccionamiento de licitaciones y contrataciones directas. En esta investigación, iniciada por una denuncia de la AFIP, se descubrió que 26 empresas facturaron a la Municipalidad de esa ciudad y muchos de estos comprobantes fueron creados desde la misma dirección IP que la de la casa del Ejecutivo.

La pesquisa analizó los movimientos y contrataciones de 2017 y 2018, con facturas, testimonios y escuchas a los implicados. En esos períodos se detectó una “faceta delictiva” que “operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras de “papel” (legales pero insolventes al no tener bienes registrables, compras ni empleados) que ocultan a sus verdaderos titulares para, con la connivencia de funcionarios públicos, resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecio, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento a su favor”, según el documento legal al que accedió El Destape.

Según el juez federal Bavio, se encontró que “en muchos casos la utilización de facturas apócrifas (duplicadas) tendría el propósito de ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos”.

SEC S.A. es la empresa que está en el ojo del huracán. Se creó en 1998 pero en 2017 pasó a manos de Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz y su domicilio fiscal se concretó en Vicente López al 1700, donde no se registra actividad industrial ni comercial, sino que el lugar es ocupado por un estudio jurídico y figura como domicilio de Aníbal y Álvaro Anaquin, ambos empleados públicos. Según la Justicia, el empresario Matías Huergo es quien maneja el control operacional desde las sombras.

Romero es jubilado desde marzo de 2013 y cobra $7.264. No tiene bienes registrables, vive en una casa modesta - "casa habitación" - y nunca salió del país a pesar de ser socio de ésta y otras empresas también vinculadas a Huergo. De este modo, entendieron en la AFIP y la Justicia, su estilo de vida no se condice con las altas facturaciones de las compañías. Su socia, Camila Muñoz, tiene sólo 24 años, vive con sus padres, no se registró nunca como empleada en relación de dependencia, no tiene bienes registrables y no salió de la Argentina. Así, se manifiesta que los presuntos titulares de SEC S.A. son insolventes ya que nada explica cómo pudieron adquirir las acciones de la firma.

Pese a esta irregularidad y al hecho de haber declarado un solo empleado entre abril y mayo de 2017, la Municipalidad de Salta les otorgó la obra de colocación de 600 farolas y 690 luminarias en el casco céntrico de la ciudad. Augusto Aparicio Pereya fue el único trabajador registrado por SEC S.A. para semejante tarea, con un sueldo de tan sólo $10.670.

La compañía no tenía empresas proveedoras y no registró compras destinadas a la subcontratación para la realización de los trabajos que justifique la falta de empleados o que les provea los materiales para las columnas, faroles y luminarias. O sea, con un solo trabajador, SEC S.A. suministró los instrumentos de la obra y la concreción de la misma. Al resultar imposible que la compañía haya realizado tal encomienda, se sospecha que todo fue costeado por la propia Municipalidad de Salta.

El vínculo con el Gobierno comandado por Sáenz es estrecho. El único cliente de SEC S.A. es la Municipalidad de Salta a la que, de abril a junio de 2017, le emitió ocho facturas por un monto de $8.632.540,02. Sin embargo, la empresa registra acreditaciones bancarias por $13.769.231, un excedente de $5.136.637 que el municipio podría haber pagado sin haber registrado.

Pero SEC S.A. no es la única firma implicada en este armado. Según la investigación, “otras 26 empresas facturaron al municipio desde esa misma IP por un importe total de $121.645.345” desde enero de 2017 a agosto de 2018. Además, en el mismo período hicieron lo mismo, “incluyendo otras IP, por un total de $422.238.276”, según pudo saber El Destape.

La pata estatal de la organización ilícita

Uno de los funcionarios apuntados es Pablo Gauffín, secretario de Hacienda Municipal en ese entonces. En un allanamiento al domicilio del empresario Matías Huergo, beneficiario y parte de las maniobras de esta asociación ilícita, se encontró información digital que había sido eliminada pero que pudo recuperarse. Allí, los investigadores dieron con distintas carpetas y, “entre los conceptos pagados, figuran pagos a ‘Pgauffin’ o ‘Pablo Gauffin’ en distintas oportunidades, los que arrojan un total de $1.510.000”.

Luego de corroborar que la empresa de Gauffín no facturó a Arcadio Obras Eléctricas S.R.L. (de Huergo) y al propio Huergo, se relacionaron los pagos registrados al funcionario con cuatro facturas emitidas por la compañía SEC S.A., también propietaria del empresario en cuestión, a la Municipalidad de Salta “por la provisión e instalación de farolas, luminarias”. En este entrecruzamiento se constató que “el primer pago registrado en el libro de caja – a nombre del entonces Secretario municipal – coincide con la fecha en que la primera factura fue cancelada por la Comuna, mientras que respecto de las restantes se hizo con posterioridad”.

De este modo, según la causa judicial analizada por El Destape, se entendió que hubo un retorno económico al exfuncionario por beneficiar a las firmas del empresario. Incluso, destacaron, se encontró la carpeta “Provisión cheques realizados” en una notebook ubicada en Oficina 2 de Arcadio Obras Eléctricas S.R.L. donde se “consignó que el cheque por $161.278,67 había sido entregado a Gauffín” pese a que en la planilla pusieron otro nombre para despistar.

Los retornos encontrados a Gauffín provinieron de Matías Huergo que, con Aníbal Anaquin y Gerardo Romero, entre otros implicados, se encargaron de crear sociedades ficticias, formalmente existentes pero sin capacidad económica y operativa como SEC S.A.

Otros dos funcionarios están implicados en el armado, de los dos lados del mostrador. Se trata de los hermanos Anaquin. Álvaro es el firmante de la cuenta bancaria de SEC S.A. con menor movimiento de dinero y es empleado provincial desde 2006 con una remuneración bruta de $26.768, según los registros de 2017. En tanto, Aníbal es monotributista de la categoría más baja, empleado público desde 1999 con un sueldo de $44.546 a agosto de 2017 y ocupó diversos cargos en el Estado salteño. Es el firmante de las cuentas del Banco Macro, con mayor movimiento, y junto a Huergo, desde la clandestinidad legal, son los verdaderos dueños de esta empresa creada como "fachada" para facturar sin tener capacidad operativa.

Pero en la notebook de Huergo, secuestrada en el allanamiento a su domicilio, se encontraron más documentos que implicaron a otros funcionarios públicos.  Allí se halló un archivo con una pestaña denominada “Certificado parcial de obra Nº2” para la provisión e instalación de 300 farolas ornamentales con un saldo a pagar de $754.000. Entre las personas que suscribieron el mismo está Miguel Uranga, como director de Obras Eléctricas del municipio. Además, se halló otro documento denominado “00 caja nueva mayo 2018” en el que se detectaron egresos para Gauffín y Uranga, por $10.000.

También se encontraron pagos efectuados a Marcos Rizzotti, director de Concursos de Precios y Licitaciones Públicas de Obras Públicas, subsecretaría de Contrataciones de la Secretaría de Hacienda por un total de $340.000 en lo que respecta a los llamados de contratación. Además, se registraron salidas de dinero con Francisco Agolio como destinatario, “quien se desempeñaría como subsecretario de Inspecciones y Certificaciones de la secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, quien firma la factura presentada por SEC. S.A., el Certificado Parcial de Obra (los dos junto a Uranga) y lo eleva al Secretario de Hacienda”.

En este armado, se detectó que hubo un direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios hacia Matías Huergo y sus empresas a cambio de un retorno económico. El caso investigado hace foco en compañías de fachada creadas para cometer distintos delitos que perjudican al municipio como lavado de dinero, evasión fiscal o la creación y comercio de facturas truchas para no pagar impuestos o generar retornos económicos, como mostrará El Destape.