La Justicia dejó firme la eliminación del protocolo para denunciar a los estudiantes que tomen escuelas. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había emitido una ordenanza interna en medio del conflicto por la Secundaria del Futuro, en la que obligaba a las autoridades de las instituciones a criminalizar a los menores.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario falló en contra del instructivo repartido desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, de Soledad Acuña, pudo saber El Destape. Entre fines de agosto y principios de septiembre, la Dirección de Escuela Media les remitió un documento a todos los colegios por correo electrónico, donde les indicaba los pasos que debían seguir en caso de una toma estudiantil.
El texto oficial obligaba a los directores a “concurrir inmediatamente a la comisaría a efectos de denunciar la situación de toma. Los ilícitos que se estarían configurando pueden ser violación de domicilio o usurpación (ambos delitos) y la contravención del artículo 58 (ingreso o permanencia de personas en lugar público/privado contra la voluntad del titular)”. Este punto se complementaba con la orden de “solicitar apoyo de la Dirección General de Coordinación Legal (actualmente conducido por Paula Colombo) a los efectos de concurrir con letrado”.
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Como había revelado El Destape, este protocolo había sido redactado por Esteban Bullrich el 26 de agosto de 2008 cuando se desempeñó al frente de la cartera educativa porteña y los estudiantes protestaron en contra de la implementación de la “Nueva Escuela Secundaria”. En su momento había sido declarada anticonstitucional por la jueza en lo contencioso y administrativo Elena Liberatori.
Por eso, por la denuncia de los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno ante el nuevo intento del Gobierno de la Ciudad de criminalizar las tomas de colegios, Liberatori volvió a considerar al instructivo “nulo de nulidad absoluta”.
El Ministerio de Educación apeló el fallo, pero esto fue desestimado por la Sala II el 30 de noviembre. Los camaristas porteños Esteban Centanaro y Mariana Díaz dejaron firme así la decisión de la magistrada de primera instancia, por lo que quedó suspendido el instructivo.
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