Con amplísima cobertura mediática, el viaje de Felipe González a Venezuela fue presentada internacionalmente como un desembarco de un líder vinculado al retorno democrático en la España pos franquista a un terreno hostil, donde las libertades básicas estarían siendo coartadas por un gobierno dictatorial.
La primer desmentida ocurrió ni bien Felipe pisó el suelo caraqueño: un mar de micrófonos de canales de televisión, radio y otros medios audiovisuales recibieron al ex mandatario, donde improvisó una primera rueda de prensa. La idea de un gobierno totalitario privando el derecho a la expresión quedó un poco desdibujada.
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Sin embargo, la gran sorpresa fue cuando se supo que González había intentado ingresar con un grupo de hombres armados al país para que cuiden de su seguridad. Algo que, de forma muy limitada, solo está reservado para visitas de mandatarios en ejercicio. La información fue publicada por el diario español conservador y furiosamente antichavista El Mundo, donde se aclara que González tuvo escolta oficial, "si bien no se obtuvo permiso del gobierno bolivariano para introducir al efecto armas en la frontera."
La saga del viaje insólito no terminó ahí: una vez en Venezuela, González hizo pública su intención de convertirse en abogado defensor de Leopoldo López y Antonio Ledesma, dos políticos opositores a Maduro que enfrentan juicios por "conspiración" contra el régimen democrático.
El pequeño problema es que González no tiene ni título habilitante ni matrícula para ejercer la abogacía en Venezuela. De hecho, esa limitaciones ocurren en todos los países. Así como ocurre con un médico, un abogado extranjero no puede ejercer en tanto no tenga los requerimientos legales que el país donde pretende realizar la tarea. En el caso del exmandatario español, no había realizado ningún trámite previo para lograr poder tener la representación legal de los políticos opositores.
Ahora bien, más allá de estos "deslices", hay que remarcar que esta visita de González no es una aventura personal, sino que se inscribe en un curso de acción que tiene varios capítulos. El primero ocurrió el pasado 29 de mayo cuando visitaron el país el ex presidente de Bolivia Jorqe "Tuto" Quiroga y el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, ambos conservadores (en el caso de Quiroga, fue vicepresidente del general Hugo Banzer...) El segundo fue la visita de Felipe y el tercero está programado para el 14 de julio próximo, cuando llegue al país nada menos que el ex candidato a la presidencia de Brasil, Aécio Neves.
En los tres casos los políticos conservadores tienen la misma agenda: entrevistarse con las familias de los políticos enjuiciados, hacer anuncios de fuerte tono político sobre la situación interna venezolana y funcionar como amplificadores de las demandas de la oposición a Maduro tanto en Venezuela como en toda la región.
Lo que también se desprende de esta seguidilla de desembarcos de políticos extranjeros en Venezuela es la corporización de una red de dirigentes de América latina y España que tienen como denominador común mínimo la oposición acérrima a los actuales gobiernos progresistas.
Esta especie de "internacional" conservadora tuvo y tiene en España un promotor particularmente fuerte. Tanto que Felipe González del PSOE y José María Aznar, del PP, aparecen hermanados en esta cruzada, como si se tratara de una verdadera política de estado de España la promoción de las oposiciones locales en América del Sur.
De una manera cada vez más notoria, esta red de políticos comienza a tejer lazos con todas las fuerzas conservadoras en cada uno de los países de la región. Un punto de partida de esta nueva estrategia de la derecha regional fue la firma, el 9 de abril pasado, de la "Declaración de Panamá" donde 25 ex presidentes (entre los que estaba Eduardo Duhalde, como ex presidente argentino) donde se acusaba de una supuesta "alteración constitucional y democrática" por parte del gobierno de Venezuela.
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