La "emigración" de divisas y las viejas recetas del FMI

Mundo "extraterritorial", así se denomina comúnmente el lugar hacia donde "emigran" los grandes flujos financieros, alimentando lo que podría interpretarse como una de las formas de "colonialismo moderno". Estas maniobras financieras se encargan de transferir la riqueza de los pobres hacia los ricos, ya que proveen a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos los mecanismos para desviar sus ganancias hacia las guaridas fiscales donde encuentran regulaciones más laxas y estructuras impositivas casi inexistentes. El costo lo paga la sociedad en su conjunto, ya que los ingresos fiscales que dejan de obtenerse podrían ser usados para políticas sociales, obras de infraestructura pública o préstamos a tasas subsidiadas para los pequeños industriales, entre otras medidas.

Para darnos una idea de la enorme dimensión que estas prácticas tienen a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional calculó en 2010 que sólo los balances de los centros financieros "off-shore" arrojaban un total de 18 billones de dólares: una suma equivalente a un cuarto del PBI mundial de 2014.

Es en este marco que determinadas entidades financieras multinacionales ofician de "intermediarias" a través de plataformas ilegales que facilitan a sus clientes más acaudalados los instrumentos bancarios y financieros para la evasión de tributos y la fuga de divisas.

Estas estructuras se encuentran expandidas por todo el mundo y, en algunos casos, sus conductas ilegales son detectadas y castigadas por las autoridades fiscales de los países que se ven perjudicados por sus "artilugios impositivos". Es el caso de nuestro país, que en el marco del "Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal", requirió al gobierno francés la información correspondiente a 4.040 cuentas de contribuyentes argentinos vinculados a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos que se le sigue a la sucursal francesa del HSBC, a partir de la información que dio a conocer el ex empleado de la filial de Ginebra, Hervé Falciani.

Otro paso importante de nuestro país en respuesta a esta información fue la creación de la "Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros" en diciembre de 2014, conformada por cinco senadores y cinco diputados. El objetivo de la misma es identificar los procedimientos sistémicos que facilitaron la evasión impositiva y la fuga de capitales, para formular las correspondientes denuncias a la Justicia en el caso de que se advirtiera la eventual existencia de delitos e impulsar las modificaciones legislativas pertinentes en materia bancaria, financiera y/o cambiaria para eliminar este tipo de actividades. Las entrevistas de la Bicameral comenzaron con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien efectuó una pormenorizada descripción de la información entregada por el Estado francés y las acciones que está tomando la agencia que el funcionario administra. Durante esa reunión, también estuvo presente el máximo responsable del HSBC Argentina, Gabriel Martino, quien se negó a contestar casi todas las preguntas que le efectuaron los legisladores, amparándose en su situación procesal.

Siguiendo con la dinámica de las reuniones de la Comisión Bicameral, el 21 de abril asistieron el presidente del Banco Central argentino, Alejandro Vanoli, y el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), Germán Feldman. Este último destacó que desde la denuncia penal efectuada por la AFIP al HSBC en noviembre de 2014, la entidad que él preside efectuó una supervisión sobre el holding local para fiscalizar sus operaciones y registros, concluyendo que el HSBC presentaba "serias irregularidades en materia de integridad en el registro y procesamiento de datos referidos a operaciones de transferencia desde y hacia el exterior que impedían el control por parte de la SEFyC". Más específicamente, se detectó que el sistema informático utilizado por la entidad para efectuar las transferencias "se encontraba íntegramente instalado en el Reino Unido". Se abrieron por lo tanto, 21 sumarios que tienen al holding anglo-asiático como protagonista.

La comisión investigadora prevé también recibir, en primer término, a los representantes de las empresas que aparecen en los diez primeros lugares de la lista de 4.040 cuentas enviada a la Comisión.

Antecedentes. No es la primera vez que el grupo HSBC es acusado de permitir irregularidades en el manejo de sus cuentas a través de la "banca privada". En diciembre de 2012 debió pagar 1.900 millones de dólares a las autoridades estadounidenses en concepto de penalidades por lavado de dinero. Según una investigación realizada por el Senado de ese país, el "banco cuya sede principal se encuentra en Gran Bretaña había actuado como intermediario para los traficantes de droga y los Estados canallas". En ese entonces, se hicieron oír las disculpas del CEO del grupo, Stuart Gulliver, quien declaró: "Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados". Casi como una réplica de lo anterior, pero más de dos años después, el mismo ejecutivo pedía disculpas el 25 de febrero pasado en la Cámara de los Comunes en Inglaterra por la "inaceptable situación" de la entidad durante el periodo 2005-2007 y se declaró responsable de "reparar" esa situación. En el mismo sentido se expresó Douglas Flint, el Presidente de la entidad, al señalar que "el banco ya recorrió más de la mitad del camino hacia la transformación para crear más controles", agregando que espera no encontrar "más muertos en el armario".

Los franceses, por su parte, también parecen haber tomado cartas en el asunto, ya que el 9 de abril, el magistrado de ese país le fijó a la banca de origen asiático una fianza de 1.000 millones de euros para cubrir una "multa potencial", luego de que la entidad fuera imputada por ayudar a sus clientes franceses a evadir impuestos. Se estima que el monto total evadido por los titulares de estas cuentas alcanza los 2.200 millones de euros. Un caso emblemático en este país europeo es el de la condena a Arlette Ricci, -nieta de Nina Ricci y heredera del emporio de perfumes que lleva su nombre-, quien fue sentenciada por la justicia francesa a tres años de prisión y a pagar una multa de 1 millón de euros por evasión y lavado de dinero, proceso iniciado a partir de las revelaciones de la lista Falciani.

En definitiva, se destaca la importancia de que cada país se encargue de efectuar las modificaciones necesarias a fin de evitar la existencia de estos "artilugios impositivos", que conllevan un alto costo en términos de recaudación, que podría ser destinada a medidas de bienestar social.