La salida de la crisis que planea el gobierno de Alberto Fernández tuvo su primera turbulencia política: las jubilaciones. La ambición de achatar la pirámide de los haberes fue puesta en el foco de la oposición y ahora el Frente de Todos espera salir airoso de las modificaciones que estipula la ley de Emergencia Pública.
Como primer anuncio, el mandatario suspendió la ley de movilidad jubilatoria por 180 días y anunció el bono a quienes ganan la mínima por un monto de $ 10.000 dividido en dos cuotas mensuales que se pagarán a fines de diciembre y en enero. La escala jerárquica sigue hasta los $ 19.068, la cifra de corte a la que pudo estirarse el Ejecutivo luego de evaluar los costos fiscales.
En el caso de quienes cobren $ 15.068, el bono será de $ 4.000 a fin de año y en enero, para completar un monto máximo de $ 19.068; quienes perciban $ 16.068, recibirán $ 3.000; a los que ganen $ 17.068 le ingresarán $ 2.000. Finalmente, para los que cobren $ 18.068, el bono será de $ 1.000 pesos en diciembre y otro tanto en enero. Claro, quienes no son alcanzados por el beneficio se quejaron, ya que sus haberes también perdieron largamente contra la inflación. Durante 2019, quedaron relegadas un 4,5% contra la suba de precios, cercana al 55%, y completaron un retroceso de poco más de 20% en los cuatro años en los que gobernó Mauricio Macri.
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Al parecer, la consiga política de "atender los de abajo para luego llegar a todos" no era un discurso. El Gobierno apela a subir urgentemente las remuneraciones mínimas para luego aplicar, a través del Poder Ejecutivo, nuevos aumentos trimestrales en marzo y junio.
Un alta fuente del Gobierno confirmó a El Destape que los aumentos fijados en el primer semestre van a realizarse y serán mayores al que hubiera dado la ley de movilidad de Macri, que benefició principalmente a quienes perciben jubilaciones más elevadas en detrimento de quienes cobran la mínima.
Contrariamente a ésto, la administración de Fernández buscará promover mayores ingresos en los sectores más vulnerables. Según los números difundidos, el 65% percibe la mínima, mientras que el otro 35% significa la mitad de la inversión en jubilaciones, por lo que se buscará achicar la brecha que separa a ambos grupos de adultos mayores.
De acuerdo a un informe al que accedió este medio, si se compara con otros países, la cifra es realmente alarmante en nuestro país. El haber máximo equivale a poco más de siete haberes mínimos, que hoy llega a los $ 14.068.
Por ejemplo, la proporción en Portugal equivale a una ganancia de siete veces más, Brasil y Grecia casi seis, mientras que en Luxemburgo llega a poco más de cuatro a uno. La escala sigue hasta llegar a Irlanda, la nación más igualitaria en este aspecto.
Sin privilegios
Si el Gobierno planea calibrar los presupuestos y desindexar la economía para llevar a la inflación a un dígito para fines de 2021- como mencionó el director del Banco Central, Miguel Pesce- el proyecto de presentación resultaba injusto. La no inclusión de las jubilaciones de privilegio en el texto original, motivó indignación en varios sectores.
Las idas y vueltas en torno al debate por la reestructuración de la ley de movilidad derivó en el anuncio de la ampliación de las sesiones extraordinarias para debatir las escalas de las escalas más elevadas. Según pudo confirmar El Destape, la discusión se dará en los primeros días de enero y habrá un enfoque muy fuerte sobre cambios en las categorías que incluyen a jueces y diplomáticos, además de los cargos de Presidente y Vicepresidente.
El tratamiento de las modificaciones se daría durante la primer semana de enero y se esperan novedades muy importantes luego del tuit publicado por el mandatario: "Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)".
Según el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, las jerarquías de los haberes se presentan como un factor a modificar casi sin discusión. El haber promedio para el segmento de Servicio Exterior llega a los $ 325.733, por lo que la suma básica que cobra un jubilado es apenas el 4,3% del valor tope.
Distintos representantes del Frente de Todos señalaron que la no inclusión de la categoría "privilegiada" en el proyecto original fue motivada por las dudas que generaba la probable ola de juicios que recibiría el Estado si se aplicara la ley para este segmento.
Respecto a esto último, el abogado previsionalista Miguel Fernández Pastor se mostró lejano a esta hipótesis y explicó: "No creo en la ola de juicios porque seguramente se fijará una fecha de corte para aquellos que tienen derecho a jubilarse con privilegios y aquellos que no van a tenerlo".
"El efecto central que va a tener es que muchos jueces optarán por la jubilación para no perder el privilegio. Por ahí pasará la discusión", sostuvo. En ese sentido, añadió: "Si los casos llegaran a la Corte, van a tener que designar en todos los casos a abogados de la matrícula. En ese caso, no resuelve el propio juez cuando se habla de un interés directo la corporación judicial. Considero que la disputa será peleada y compleja, pero con un resultado final positivo".
Una vez tomada la decisión sobre los privilegios, el Gobierno tendrá hasta junio para elaborar un nuevo cálculo que fije aumentos para los jubilados. Seguramente, la nueva fórmula estará atada a la confluencia de resultados fiscales que Casa Rosada quiere equilibrar mientras juega todas su fichas en alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI y asegurarse así la plataforma necesaria para reactivar la economía.
Con el kirchnerismo, los incrementos semestrales estaban basados en la evolución de la recaudación tributaria y total de la Anses, de la evolución de los salarios registrados tomando el semestre anterior, y los dos años anteriores en el caso de que aplique el tope de la recaudación total. Con la reforma previsional de diciembre de 2017, la ley 27.426 reemplazó dicha fórmula por una que toma en cuenta principalmente la inflación y en menor medida la evolución salarial.
La ponderación del índice era de 70 % para la inflación (tomando el índice de precios al consumidor de Indec) y un 30% para la evolución salarial (mediante el Ripte- Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Para Fernández Pastor, la formula anterior "objetivamente hubiera generado una jubilación 14% mayor a la actual". A su parecer, "todo es mejorable" y afirmó: "Yo trataría de fijar una garantía para que la movilidad llegue siempre a empatar la inflación y que eso sea respaldado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como una especie de reaseguro".
Con el panorama que se observa a futuro, será marzo la fecha marcada para saber a ciencia cierta quiénes ganan y quiénes pierden. De momento, el objetivo central será contraer la brecha de la desigualdad a costa de los que más ganan, y los que no tanto.
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