Pese a las críticas de la comunidad educativa, el Gobierno de la Ciudad mantiene firme su intención de aplicar la “Escuela del Futuro” que prevé pasantías gratuitas de los estudiantes. Sin embargo, la Justicia demostró que no permitió la participación de docentes ni estudiantes en la reforma educativa y que ni siquiera compartió el plan de estudios que planea para el próximo ciclo lectivo, sólo lineamientos básicos.
Con las tomas de colegios y los pronunciamientos públicos, estudiantes y docentes dejaron clara su postura en contra de la reforma inconsulta. Más de un mes de levantadas estas medidas de fuerza, la administración de Horacio Rodríguez Larreta no resolvió las quejas.
Por esto, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó una mesa de diálogo entre el Ministerio de Educación, a cargo de Soledad Acuña, y familiares de alumnos, sus abogados, y los asesores tutelares Gustavo Moreno y Mabel López Oliva. También participó del encuentro la defensora de menores interina Ana Cueva Rey, pese a que no posee competencia para actuar en segunda instancia.
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La primera audiencia, del 31 de octubre, exhibió una clara falta de información pública, según quedó plasmado en las actas a las que accedió El Destape. Por esto, los camaristas Esteban Centanaro, Carlos Balbín y Mariana Díaz obligaron a la cartera educativa a evacuar las consultas de los representantes del Ministerio Público Tutelar y el de la Defensa de forma expeditiva.
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Del lado de Moreno y López Oliva exigieron, en primer lugar, que el ministerio “identifique el expediente administrativo bajo el cual tramita el proyecto educativo” y que muestre una copia de dicha resolución, dado que desde el ministerio nunca exhibieron los presuntos actos administrativos que justifiquen la reforma y que deberían existir para que se lleve a cabo.
Como segundo punto destacado, los asesores tutelares pidieron que la ministra “indique si docentes participaron en el diseño de la reforma educativa y, en caso afirmativo, en qué oportunidades”, reza el oficio que llegó a manos de este medio.
Además, le preguntaron si los estudiantes fueron convocados para debatir los cambios, quiénes y cuándo. Le requirieron que anexe las actas de las reuniones para corroborar la participación del alumnado y si fue tenido en cuenta.
No menos importante, intimaron a que presente “si existe, una evaluación pedagógica de la implementación que habría motivado” los polémicos cambios. También pidieron informen si la reforma educativa se implementó en otros países, con las evaluaciones respectivas.
Ante la propuesta de dejar de calificar a los alumnos por exámenes numéricos, exigieron saber si realizarán modificaciones al régimen de evaluación. Por las modificaciones pretendidas en el quinto año de la secundaria, los funcionarios judiciales consultaron si esto ya fue articulado con el programa preuniversitario de la Universidad de Buenos Aires, que posee autonomía.
Sin despreciar el resto de las apreciaciones, el punto neurálgico requerido fue la oficialización del listado de colegios donde se implementará la “Escuela del Futuro”. Es que la cartera de Acuña no lo publicó en ninguna instancia, lo que aparenta ser inentendible a cuatro meses del comienzo de su aplicación.
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La consulta 16 del punteo de López Oliva y Moreno pide que indiquen la previsión presupuestaria para la implementación de la reforma, que deberían haberse plasmado en el Presupuesto 2018 enviado a la Legislatura de la Ciudad.
Los defensores oficiales Ramiro Dos Santos Freire y Cecilia Pandolfino presentaron sus propias preguntas, similares a las previas, pudo constatar este medio. Ambos escritos apuntan a recabar datos elementales que la cartera de Acuña hasta el momento no publicó.
Aunque El Destape supo que los funcionarios del ministerio no retiraron las copias de las consultas, como habían convenido, el tribunal les designó dos días para responderlas, antes de la próxima mesa de diálogo judicial.
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