Amigos de los escándalos, gerentes macristas fueron desafectados de la Dirección Nacional de Vialidad pero se llevaron varios bienes correspondientes a ese organismo, entre los que están discos rígidos, celulares, computadoras e incluso autos. Además, utilizaron los vehículos oficiales para uso personal, algo no permitido por la legislación, y acumulan cuantiosas deudas por infracciones de tránsito.
Formalmente, quienes se desempeñaron como directivos del PRO durante la última gestión, fueron desafectados del organismo a partir del 1 de enero del corriente año. Sin embargo, lejos de tomárselo con agrado, enviaron cartas documento denunciando que no pudieron entrar a la Dirección que depende de Obras Públicas y quieren ser indemnizados.
Según pudo saber El Destape, los exfuncionarios se quedaron con varios de los bienes correspondientes a Vialidad y el organismo busca su restitución. Todos ellos percibieron, hasta diciembre, sueldos superiores a los $155.000, los más altos llegaron a casi $250.000, y aún así decidieron dejar en sus manos "souvenirs".
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Puntualmente, según se detalla en el sistema de gestión del Estado, Roger Botto, quien se desempeñó como coordinador General de Licitaciones y Contrataciones con un sueldo de $220.946, tiene en su poder un disco rígido externo de 2TB. Él se desempeñó como gerente del Grupo Abertis, socio de Ausol, la sociedad concesionaria de la autopista Panamericana. Incluso fue director suplente de esta empresa investigada por la Justicia por sus negociados con Cambiemos.
Guillermo Fernández Vidal, quien se retiró de las oficinas de Vialidad dejándolas bajo llave, se quedó con un celular marca Samsung, una notebook Dell y un auto Ford Focus. Este hombre ocupó el cargo de coordinador de Procesos y Actos Administrativos con un ingreso de $172776.08 a diciembre de 2019.
Similar es el caso de Ricardo Stoddart, quien fuera jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos con un sueldo de $245796.38, que se llevó dos celulares Samsung Galaxy S6. Este funcionario fue socio en el estudio jurídico Marval, O'Farrel & Mayral, que representó a Ausol en la renegociación de la concesión de la autopista.
En la lista de funcionarios M desafectados de Vialidad y que no devolvieron bienes están Martín Pourrain, exasesor Legal Técnico Administrativo con ingresos de $158834.69, se llevó un Ipad, otro teléfono y dos notebooks y Mariano López, que tiene en su poder un disco rígido externo, un celular, una notebook y un teléfono Ip. Este último supo ser coordinador de Control de Gestión de IECSA, la empresa que fue de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.
También figuran Alejandro Bissio, que se llevó otro aparato de telefonía móvil y un disco duro de 1TB, y Alejandro Mon, que dejó el organismo sin devolver un Samsung Galaxy S8.
Según denunciaron desde Vialidad Nacional, las gerencias aumentaron considerablemente durante el macrismo al pasar de ser 49 en 2015 a 134 el año pasado. Los puestos, sin embargo, fueron ocupados por jerárquicos que hicieron sus carreras en empresas que fueron contratistas del Estado.
Infracciones M
Si bien la legislación vigente deja en claro que los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional de Vialidad no pueden utilizar los vehículos oficiales para uso particular, los gerentes PRO lo hicieron y dejaron cuantiosas deudas en concepto de infracciones de tránsito por más de $600.000.
Los autos del organismo deben estar destinados a la inspección de obras, control de pesos y dimensiones, supervisión de convenios, entre otros asuntos oficiales, pero los gerentes M los utilizaron para trasladarse a sus domicilios particulares y como medio de movilidad para los feriados, fines de semana e incluso vacaciones.
Ya se investiga quiénes hicieron uso de estos vehículos de alta gama y, si se toman sólo 13 casos, el perjuicio al Estado podría ser superior a los $40.000.000 en un período de dos años.
Según la documentación a la que accedió El Destape, la Dirección Nacional reconoció una suma mensual de $156529.45 por cada auto puesto a disposición del organismo. Este monto, mensual, arroja un total anual de $1.920.000, o sea unos $3.840.000 por cada funcionario en dos años. La multiplicación es sencilla y el costo al Estado podría superar ampliamente los cuarenta millones de pesos en 24 meses. El titular de Vialidad durante ese lapso de tiempo fue Javier Iguacel.
Pero no sólo hicieron uso de los autos oficiales para uso personal, sino que también cometieron infracciones de tránsito y dejaron una deuda importante. Los funcionarios M implicados son también quienes se quedaron con varios de los bienes del organismo. Pourrain, por ejemplo, tiene al menos tres multas impagas en la Ciudad de Buenos Aires y otras dos en la provincia. Ambas jurisdicciones suman una deuda de $23008.98. Las contravenciones fueron en horario de trabajo pero también se pudo constatar que utilizó el vehículo para viajar a la costa Atlántica en 2017.
Stoddart, que ingresó en diciembre de 2015, acumula cuatro multas impagas en la Ciudad y 14 en la provincia - algunas sobre traslados durante el fin de semana - por un total acumulado de $120403. Jorge Del Pup, quien ingresó en 2016 y se desempeñó como gerente Ejecutivo de Administración de Finanzas, responsable del pago de certificados de obras, utilizó uno de los autos que las empresas contratistas ponen al servicio de la Dirección, con al menos siete multas no canceladas en CABA y otras tres en PBA - también durante fines de semana - por un monto de $64018.47.
El nombre de Roger Botto también se repite en este apartado ya que, desde 2016, utilizó uno de los vehículos oficiales para uso personal y acumula la deuda más baja de todas, por $2140 correspondiente al 22 de septiembre del año pasado a una hora poco razonable, las 03:12 de la madrugada.
La investigación incluye a quien fuera gerente Ejecutivo de Planeamiento y Concesiones, ingresado en 2017, Cristie Newbery, con multas por $5796.50. Silvia Rodríguez, por su parte, designada como gerente Ejecutiva de Recursos Humanos, acumula dos infracciones por $4280 y, además de pedir una millonaria indemnización pese a tener tres años en el organismo, elude su cancelación.
El gerente Ejecutivo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Lucas Logaldo, también tuvo el beneficio de utilizar autos oficiales en beneficio propio, entre ellos el de una de las empresas contratistas. Con viajes e infracciones también durante varios fines de semana, contabiliza una deuda acumulada de $168030.
Dentro de la investigación está el uso que Eduardo Plasencia, gerente de Planeamiento, hizo de los vehículos, uno de ellos también de una contratista de Vialidad, con infracciones que sumaron una deuda de $13910. Similar es el caso de Sergio Morilla, quien se desempeñó en Sistemas, con un monto no pago por $40990, la mayoría en plena jornada laboral pero también durante sábados y domingos. Finalmente, quien estuvo en Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Federico Schaer, acumuló multas por $168030.
En total, son más de $600.000 en concepto de infracciones no canceladas que pesan sobre los vehículos oficiales y que se registraron tanto en días laborales como francos. Este monto se suma al indicado para el costo fijo mensual de cada uno de los autos usados por la Dirección Nacional de Vialidad.
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