La firma Electroingeniería desmintió al diario brasileño Folha de Sao Paulo que intentó involucrarlo con un presunto “arrepentido” que denunció supuestas irregularidades en la transferencia de la empresa de energía Transener.
La firma, propiedad del empresario Gerardo Ferreyra, recordó que la compra de Transener se hizo con apego a la ley, incluyendo un fallo judicial, y en el marco de una decisión política de que un rubro estratégico quedara en manos de empresas nacionales.
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El periódico brasileño dio crédito a una versión en la que un supuesto arrepentido, el lobbista de Petrobras Fernando Soares y Néstor Cerveró, director Internacional, habrían recibido cerca de 300 mil dólares cada uno para terminar vendiendo Transener a un consorcio compuesto por la estatal Enarsa y la propia Electroingeniería.
Según reza el comunicado de Electoringeniería, "al momento de intentar ofertar por la compra de las acciones de CITELEC (empresa controlante de Transener), Petrobras declaró haber cerrado un acuerdo con un fondo de Inversión llamado Eaton Park". La firma que dirige Gerardo Ferreyra cuestionó esta decisión empresarial ante el ENRE, la secretaría de Energia y la oficina de Defensa de la Competencia.
Todos los organismos públicos dictaminaron a favor de Electroingeniería puesto que "un servicio público no podía quedar al arbitrio entre privados, máxime teniendo en cuenta el carácter estratégico y monopólico de tal servicio público", remarca la empresa. A su vez, recuerdan que el fondo de inversión se trata de uno "cuyos accionistas no tienen arraigo en la actividad ni expectativas ciertas de permanecer en el negocio con plazos compatibles con los períodos de maduración de los negocios vinculados".
Tras esto, la compañía brasileña apeló ante la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, falló por unanimidad a favor de la postura de la empresa argentina y convalidó tanto el monto como las demás condiciones de venta.
De esta forma, el 25% de CITELEC quedó en manos de Electroingeniería y el otro 25%, de Enarsa, en 2007, "dentro de un proceso establecido por las condiciones de desinversión originales en la compra realizada por Petrobras y avalada por legislación y normas que regulan la adquisición de acciones de empresas de servicio público en la Argentina", recuerda.
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