En uno de los países más desiguales de la región, el gobierno de Evo Morales rompió con la tradición. Esto generó descontentos en la clase privilegiada, acostumbrada al status quo, lo que derivó en el golpe de Estado. El modelo económico está en disputa y se desconoce el futuro de los sectores claves, como los gasífero y minero.
El Movimiento al Socialismo (MAS) multiplicó por cinco el salario mínimo en los 14 años de gobierno que tuvo hasta ahora hasta los U$S 307. Para tener un punto de comparación, supera al de Argentina que, con Mauricio Macri se hundió desde los U$S 548 a los U$S 275.
Durante su mandato, Morales también estabilizó la plaza financiera. Pese al golpe institucional, su riesgo país fluctuó entre los 275 y 336 puntos básicos. Entre mediados de octubre y hoy, Macri generó un incremento de los 1.930 a los 2.438 pb y sin interrupción democrática.
Además de haber reducido la desigualdad, con un índice de Gini que disminuyó 25% de 2005 a 2017, sostuvo un crecimiento económico del 4,6% de promedio en los últimos cinco años. La desocupación la recortó al 4% en 2019 y la inflación al 1,7%.
Esto generó descontento entre la clase acomodada. Este sector, encabezado por Luis Fernando Camacho, consiguió que la OEA instale que hubo irregularidades en las elecciones e intentó deslegitimar al gobierno reelecto del MAS. En el contexto de las protestas, Morales debió dar marcha atrás con uno de los proyectos que lo hubieran llevado a uno de los exportadores más importantes de litio, el mineral del que dependen los desarrollos tecnológicos. Es el material presente en todas las baterías, tanto de celulares como computadoras y automóviles eléctricos. Pero también se utiliza en medicamentos, vidrios y arcilla, así como en distintas aleaciones.
Bolivia tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo. Existen diferentes mediciones, donde el propio gobierno evalúa que consta de 21 millones de toneladas, mientras que el Servicio Geológico de los Estados Unidos lo reduce a 9 millones. Las diferencias se deben a que no es un recurso limitado y a los costos de su extracción, explicó el economista Ariel Slipak a El Destape.
El presidente legítimo lanzó en 2008 el plan de industrialización de recursos evaporíticos. En la primera de las tres etapas, inauguraron el pilotaje; en la segunda construyeron plantas a gran escala de carbonato de litio y cloruro de potasio; y en la última, plantas a escala piloto de ensamblaje de baterías y otra de material catódico.
Bolivia aún no es uno de los exportadores de litio porque aún no extrae aún, sino que todavía se encuentra en una escala piloto. Tenía el objetivo de comenzar a extraer 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio desde el año próximo y, más adelante, 30.000 toneladas de hidróxido. El carbonato de litio es uno de los recursos clave, por lo que su precio se disparó de los U$S 3.000 la tonelada en los 90 a los U$S 15.000 la tonelada hoy.
Además de los reclamos por la contaminación y el desvío de la escasa agua dulce en zonas áridas, desde el comienzo el departamento de Potosí exigía más regalías. El reclamo fue reiterado con los movimientos contra Evo, momento en el que el mandatario decidió dar de baja el más ambicioso proyecto. Había creado una empresa mixta con la alemana ACI System, donde Yacimiento Litíferos de Bolivia (YLB) cuenta con el 51%, para la producción de baterías de autos.
El golpe de Estado, perjudicó al gobierno boliviano al frenar la actividad y alejar su participación del mercado mundial, además de a las fábricas europeas que pretendían comprar el insumo. Por el contrario, benefició automáticamente a las extractoras de litio en Chile y Argentina y las multinacionales automotrices asociadas a ellas, que tienen garantizada la materia prima para sus vehículos eléctricos. Estas son la estadounidense Tesla, la japonesa Toyota y la china BYD, tal como detalla Slipak en su libro Litio en Sudamérica, coordinado por Bruno Fornillo.
El especialista en litio explicó que la interrupción democrática “favorece a las compañías que extraen actualmente, porque efectivamente, un aporte al mercado global como el que planeaba hacer Bolivia es relevante y contribuiría a que los precios bajen”. Aclaró que “retarda la puesta en producción de un rival que les puede contribuir a estancar el precio”.
Peligra la llegada de gas a Argentina
Adicional a esto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le anunció a Argentina que podría interrumpir la inyección de gas natural debido a la toma de parte de un grupo de personas de Campo Carrasco, donde se ubican las plantas de producción y distribución de gas natural. El gas boliviano representa el 10% del consumido en el país, lo que genera preocupaciones de desabastecimiento.
Si bien YPFB aclaró que planea continuar con las entregas, el gerente de Contratos de Exportación de la estatal, Marcelo Laura Guarachi, advirtió que la compañía se encuentra "impedida de cumplir sus obligaciones" en el marco del contrato firmado.
Guarachi dijo que "no se descarta" la toma de otras instalaciones gasíferas. Por esto, invocó a la liberación del cumplimiento de sus obligaciones por un evento de "fuerza mayor/caso fortuito". La información se la giró a Claudia Liliana Mundo, la presidenta de Integración Energética Argentina (IEASA), la continuadora de ENARSA.
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