No es inocente la intención del Gobierno de retrasar el cierre de paritarias docentes en la principal jurisdicción del país. Se trata de uno de los mecanismos más efectivos para licuar salarios en un contexto en el cuál se deben recortar gastos públicos por casi $100.000 millones en lo que resta del año, con el propósito de cumplir las metas fiscales que impone el acuerdo con el FMI. La intención de cerrar paritarias por debajo de la inflación ha sido una constante de los últimos tres años.
Después de la anulación de la paritaria nacional docente, como institución rectora del piso mínimo de recomposición salarial, la conflictividad se focalizó en las diferentes provincias del país. Claro que las distintas jurisdicciones locales presentan realidades económicas diversas. En particular, muchas transitan contextos fiscales agudos que las imposibilitan de mejorar la situación de los estatales provinciales. Otras provincias, en cambio, se pliegan al mandato de ajuste y achicamiento del Estado que trasunta del acuerdo con el FMI.
En este marco, algunas tensiones de la negociación paritaria concitan mayor interés general, producto de la magnitud del desacuerdo y/o de la cantidad de trabajadorxs afectadxs por sus resultados. La discusión en la Provincia de Buenos Aires se encuadra entre los casos más paradigmáticos por su extensión.
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Por fuera de lo estrictamente salarial, diferentes políticas socioeducativas también han sido desfinanciadas o discontinuadas en los últimos años. Los centros de actividades infantiles y juveniles, el achique en escuelas rurales, el recorte en los equipos de orientación escolar, entre otros, son algunos de los casos palmarios del deterioro de la educación pública.
Entre los números que caracterizan el cuadro actual, preocupa principalmente la pronunciada caída en el poder adquisitivo de los diferentes convenios. Por caso, desde 2016 los docentes universitarios perdieron contra la inflación, siendo el actual el año de mayores perspectivas de deterioro salarial.
Confrontado contra la evolución de la inflación, los docentes de la educación superior resignaron 3,5 salarios en el acumulado de los dos últimos años y medio. Esto, para un cargo típico de docente titular, suma más de $65.000 de deterioro acumulado.
En cuanto al salario de docentes de grado, el panorama en la gran mayoría de provincias no es más auspicioso. En Buenos Aires, por ejemplo, el deterioro de salario real (neto de inflación) acumulado desde 2016 hasta la fecha supera el 11%. Monetizado, el número escala a una pérdida de más de $24.100, para el caso hipotético de un docente de grado con diez años de antigüedad.
Similar situación padecen los becarios de CONICET. Además de las peores condiciones laborales y el menor acceso a carrera, han sufrido una caída de poder adquisitivo del 21% desde 2016, al estar sus estipendios atados a la paritaria estatal nacional.
Claro que el salarial no es el único rasgo de deterioro de la educación. Analizando el pilar presupuestario, se tiene un agudo cuadro en materia de ejecución. En la órbita universitaria, por ejemplo, programas como los de “apoyo para el desarrollo de la infraestructura” (0%), “fomento a investigación docente” (38%) y “asistencia a hospitales universitarios” (38%) mantienen grados de subejecución marcada, transcurrida la mitad del año.
El retraso en envío de fondos para gastos de funcionamiento y gastos corrientes también implica un problema mayúsculo para las altas casas de estudio. Con números al primer semestre, los menores desembolsos ya son de casi $12.500 millones.
Fuerte con los débiles y débil con los fuertes, el Ejecutivo Nacional evita suspender la baja en retenciones mientas en simultáneo desfinancia programas educativos o retrasa el envío de fondos para Universidades. El sostenimiento del conflicto a lo largo del tiempo no hace más que agravar el problema de fondo: la cuestión no se soluciona con la demonización del reclamo sindical, sino con voluntad política para destinar el presupuesto necesario para un área tan sensible para el desarrollo económico de una nación, como es la educación pública.
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