Vivir en un sistema democrático no garantiza la inviolabilidad de los derechos humanos. Los casos de tortura perpetrados en las cárceles de Argentina son evidencia de ello: según el último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en 2015 se registraron 775 casos de tortura y malos tratos en cárceles federales de todo el país.
Este tipo de prácticas logran concretarse con la complicidad de la inacción judicial, la poca difusión de los medios de comunicación y unas fuerzas de seguridad contaminadas. Estas conductas suelen afectar a la facción carcelaria más vulnerable, cuyos crímenes a causa de estos tormentos suelen presentarse como suicidios o muertes dudosas.
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Para el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, "la infraestructura carcelaria genera una tortura psicológica; las cárceles no están para que la gente cumpla una condena y salga rehabilitado, son depósitos humanos".
El informe "Derechos Humanos en Argentina", publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expone la problemática de la falta de sanción judicial en los casos de tortura. Los magistrados no atienden los pedidos de hábeas corpus solicitados por los detenidos, garantizando la impunidad de los funcionarios en servicio.
Según el CELS, el último estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) muestra que un 17,5 por ciento de los hábeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención fue rechazado sin trámite; sólo en el 55 por ciento de las presentaciones de hábeas corpus correctivo se realizó la audiencia establecida por el Código Procesal Penal. El 51 por ciento de estas presentacioneses por denuncias de maltratos físicos y el 63 por ciento involucra a agentes del servicio penitenciario.
Además, en un 39 por ciento de los casos, no se envió la información a la fiscalía ni se confeccionó un informe médico que constatara las lesiones denunciadas, lo cual sólo tuvo lugar en el 19 por ciento de los casos restantes.
El informe da cuenta de la desprotección y la falta de respuesta que reciben los detenidos: en el 79 por ciento de los casos de denuncia por tortura o maltratos, incluidas agresiones de otros internos, la única solución que se dispuso fue el traslado del detenido a otra unidad penal.
En ese sentido, Pérez Esquivel aseguró que "los jueces no visitan las prisiones y se genera una falta de acción y de interés por ver cuál es la situación de los presos". La convergencia de varios factores alimentan este mecanismo: repetición de historias falsas por parte de los agentes para justificar su accionar; delegación de las pruebas en las mismas fuerzas de seguridad denunciadas; estado de vulnerabilidad de los detenidos y testigos que reciben amenazas para cambiar su opinión.
El CELS y otras organizaciones lograron la elaboración de un protocolo de actuación para los fiscales, en donde se establecieron las acciones básicas ante un caso de tortura. A pesar de la reticencia presentada por ciertos sectores, fue el único progreso que realizó el Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos de tortura en 2015.
Sobre este aspecto, Juan Manuel Combi, quien fue abogado de la familia Arruga, expresó: "El protocolo es muy importante por la escasez probatoria que hay en este tipo de lugares; el servicio penitenciario oculta pruebas y ellos son la autoridad".
De igual forma, explicó que "si bien es un avance, al no haber una mirada política queda todo en papeles y los funcionarios judiciales se sienten con total impunidad". Sin embargo, si no se desarrolla una política de implementación y control de aplicación del protocolo se genera un ámbito propicio para la falta de respuesta judicial ante casos de tortura. "Acá hay un problema estructural que no lo podes resolver en pocos meses", concluyó Pérez Esquivel.
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