Desde esta columna, caracterizamos las regulaciones cambiarias impuestas a partir del primero de septiembre como la exigencia de los tenedores de bonos soberanos de garantizar la oferta de divisas para cumplir los compromisos contraídos, evitando un mayor drenaje de reservas internacionales. En esa línea, se restauró la obligación de los exportadores de liquidar las divisas, producto de sus ventas en el exterior, en el BCRA en un plazo perentorio. Además, se restringió el acceso al mercado de cambios a los compradores de dólares para atesoramiento, imponiendo un tope de U$S 10.000 mensuales.
Estas medidas fueron la respuesta inmediata exigida desde el exterior al anuncio del ministro Lacunza de "reperfilar" los vencimientos de deuda. También el FMI tomó posición en este escenario, congelando el desembolso de U$S 5.400 millones que, de acuerdo al cronograma del crédito "stand by" concedido a la Argentina, debió haberse efectivizado también en ese mes de septiembre.
El gobierno de Macri perdió sus financistas: los inversores privados que lo acompañaron hasta principios del 2018 y el FMI, que lo sostuvo hasta los comicios del 11 de agosto. Decíamos, no sin ironía, que las medidas del primero de septiembre parecieran emerger de alguien que tomó nota de que los dólares de las exportaciones no ingresaban al país y los aportados por los prestamistas privados y multilaterales se iban sistemáticamente. La formación de activos en el exterior (FAE), que el Banco Central exhibe en el balance de su cuenta capital, alcanzó, hasta agosto del 2019, la friolera de U$S 81.000 millones desde el inicio del gobierno de Cambiemos.
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Quienes conforman el gobierno nacional presentan el curioso caso de una élite que obtuvo legalidad constitucional a través del voto popular y lo único que hizo fue llevarse cuanto dólar pudo a lo largo del mandato. Sin embargo, ahora ha comenzado una crisis de deuda clásica en la que la disputa central es quién paga las cuentas de lo ocurrido. Los exportadores, que son los proveedores naturales de divisas, los tenedores de bonos, solventando depreciaciones del valor de sus activos financieros y/o el FMI, asumiendo la irresponsabilidad de haber sostenido un gobierno sin programa y sin otro objetivo que ganar una elección.
Las tensiones del conflicto entre estos actores reseñados son las que están detonando en el mercado cambiario local diariamente, con una acelerada dolarización de cartera y sin un factor ordenador de tamaña disputa. La pregunta que se formulan todos es cómo se desarrollará esta puja por arriba después de las elecciones generales. Las especulaciones sobre un endurecimiento de las regulaciones del mercado cambiario, una crisis en el sistema bancario y un desmadre aún mayor en los precios están a la orden del día.
En una Suramérica donde los proyectos conservadores de libre mercado han entrado en crisis y han comprometido al estado de derecho, es trascendente que en nuestro país los líderes políticos de consenso pongan orden en los denominados "mercados" para impedir daños mayores a nuestro pueblo.
Un proceso electoral siempre abre esperanzas en la ciudadanía y tiende a atenuar los conflictos, pero esta paciencia del pueblo no puede ser perturbada por la voracidad de los agentes económicos que han acumulado riquezas enormes en estos años.
El lunes debe ser el inicio de un plan de estabilización que ordene las principales variables -tipo de cambio, tasa de interés y precios- en función de una recomposición de los ingresos populares y de un rápido relanzamiento de un circuito de producción y consumo interno. El sector externo sólo puede ser ordenado a posteriori de esta puesta en marcha. Cualquier otro derrotero puede ser muy gravoso para la Argentina.
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