El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, denunció al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en detrimento de Aerolíneas Argentinas para favorecer a empresas extranjeras.
En la denuncia, Biró argumentó que la aerolínea de bandera "perdió mercado internacional en manos de las empresas del Grupo LATAM, integrado por Lan Perú, Lan Chile, Lan Ecuador, Lan Colombia y TAM Brasil, y otras líneas aéreas como COPA Airlines de Panamá, Amazonas de Paraguay, Azul Líneas Aéreas y Gol, ambas de Brasil, y finalmente, Avianca de Colombia".
Así, denunció que la gestión de Dietrich va a contramano de lo planteado por "normas legales vigentes desde hace 60 años", como la Ley 19.030 que plantea que "sólo cuando la capacidad operativa de Aerolíneas Argentinas le impida cubrir totalmente las rutas internacionales, podrán operar, en subsidio y sucesivamente, primero los transportadores aéreos de bandera nacional y luego transportadores aéreos extranjeros" con previo acuerdo con el Estado.
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Pese a ello, en la actualidad "las aeronaves de las empresas (extranjeras), operan con matrícula y tripulaciones extranjeras –trabajadores-, cuyos recursos generados, impuestos y resultados quedan en sus países de origen. No en argentina", denunció Biró.
A finales del año pasado, Aerolíneas Argentinas, Austral, Lan Argentina y Andes, empresas de matrícula nacional, tuvieron un 32,51% del total de vuelos internacionales. En el caso de Aerolíneas, a fines del 2017 tuvo un 27% de la cuota del mercado, número que se redujo al 23% en junio de este año por el abandono de la ruta Buenos Aires-Barcelona, según publicó el sitio especializado Aviación en Argentina.
Desde APLA estimaron que las pérdidas de mercado internacional implicaron un perjuicio para el país y las empresas nacionales de entre 180 y 300 millones de dólares anuales.
Por eso, en la denuncia que se tramita en el juzgado federal Nº 11 a cargo de Claudio Bonadío, pidió “investigar la posible comisión del delito de omisión de deberes de funcionario público cometido por aquellos que han autorizado las variaciones en el régimen de rutas aéreas autorizadas para cada compañía en los últimos años de forma ilegal y arbitraria", el incumplimiento de la ley 19.030 y el dudoso cumplimiento del principio de reciprocidad, "en absoluta falta de resguardo de las fuentes de trabajo".
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