Democracia paritaria: feminismos y nuevo conflicto social

Los cambios económicos y sociales de las últimas décadas transformaron la fisonomía popular en la Argentina y en el mundo. Una forma de abordar esos cambios es, sin duda, analizar el nuevo conflicto social: reclamos sindicales diversificados, nuevas demandas sociales y la movilización de las mujeres y disidencias, este último el fenómeno político más significativo de los últimos años, porque afecta la vida pública y privada de la ciudadanía en todas sus dimensiones. Creemos que no se puede hablar de democracia sin atender la profundidad de los debates que hoy se ponen sobre la mesa en este escenario, y que radicalizar la democracia no es solamente “saber escuchar” esas demandas, sino transformar el modo en el que se tramitan en el orden político actual. La vieja democracia ya no puede responder, es incompatible con lo que pasa en la vida. La paritaria como herramienta y la paridad como lógica de funcionamiento político son piezas equivalentes de luchas que se presentan como distintas. Parecen algo simple, superficial, pero son la puerta a todo: representan el piso, el mínimo desde el cual se parte para debatir. Si un sector político pone en cuestión las paritarias, los sindicatos las defienden como fieras; es el derecho consagrado a que se escuche la voz de las trabajadoras y los trabajadores, a ser parte de la mesa, literalmente. Las feministas insisten en que hablar de paridad (o de cupos) puede parecer insuficiente, pero es la consagración del derecho a existir en los espacios políticos; no es una condición suficiente pero sí necesaria, es un derecho conquistado hace décadas. Paritaria y paridad son estrategias que surgieron para subrayar la constatación de que la igualdad formal no puede ocultar la desigualdad real. Y que el sistema político puede igualar formalmente lo que no es igual en la realidad.

Sin embargo, ninguno de los dos derechos está tan consagrado como se dice: cada vez que puede, el orden político logra evitarlos. No todos los sectores tienen paritarias, a veces el Ministerio de Trabajo (si es que existe como tal) no las hace cumplir, otras simplemente no se convocan o quedan desactualizadas con las devaluaciones o la suba de los precios que produce la inflación Mientras tanto, a pesar de las leyes, la masculinización histórica de todas las esferas del poder deshace lo que la paridad hace. La negociación de una lista de candidatos, el nombramiento de los integrantes de un gabinete: las verdaderas decisiones se toman entre varones, a pesar de todo. La desigualdad real siempre se impone. Pierden las trabajadoras y los trabajadores, mucho más si son mujeres.

En los últimos años se ha puesto en evidencia el carácter cada vez más restringido de nuestras democracias. Hemos visto sus límites y podemos decir, con cierto optimismo, que están en discusión, que tenemos algún consenso acerca de que pueden ser mejores. Paritaria y paridad son reivindicaciones que merecen ser exploradas en un sentido amplio, abierto, de multiplicación y no de cierre, de manera tal que nos permita pensar de nuevo qué politicidad y qué estatalidad queremos construir. Lo paritario (en una formulación que creemos que engloba a ambas porque atañe a las partes) en la Argentina habilita una memoria múltiple, de lo viejo, que seguimos defendiendo porque es lo mejor que hemos tenido, y de lo nuevo, que tiene que ser escuchado de una vez. Por eso creemos que avanzar hacia una democracia paritaria puede ser la señal de un gesto que cambie de fondo los próximos años de la Argentina. Quizá de eso se trata el nuevo acuerdo social.

El cupo femenino existe en la Argentina hace muchos años. La paridad es más reciente y, lejos de lo que se cree, no resultó de un consenso entre partidos conscientes de la desigualdad que sufren mujeres y disidencias, y dispuestos a revertirla. Al contrario, fue un pacto entre parlamentarias impulsadas por la creciente movilización de las mujeres y disidencias que, en los últimos años, han logrado nombrar en mayúsculas las violencias y movilizar el compromiso más genuino de una inmensa mayoría social a favor de la igualdad. Hoy difícilmente podríamos imaginar una democracia que no se pregunte con seriedad acerca de su rol en transformar la desigualdad estructural que pesa sobre las mujeres y disidencias; en otras palabras, no podríamos hablar de democracia sin paridad. No obstante, es una ley muy reciente y con alcance restringido al Poder Legislativo nacional. Se habla más de la paridad de lo que se la practica.

Las paritarias, en tanto instancia consagrada de negociación entre el trabajo y el capital con la mediación del Estado, fueron desde su nacimiento la herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales. Es el ámbito en el que las trabajadoras y los trabajadores discuten condiciones de trabajo, salarios, derechos, ganancias y todos los etcétera que la correlación de fuerzas permita. Es la institucionalización más perdurable del subsuelo de la patria sublevada. Cuando no hay paritarias en tiempo y forma en la Argentina es mal augurio, significa que llega una temporada de restricción de derechos. Los ejemplos sobran.

Sin embargo, a partir de la transformación del capitalismo en el mundo y en la Argentina, la paritaria ha dejado de ser en gran medida el espacio de negociación de las condiciones de trabajo y el acceso a derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras. Hay sectores que quedan afuera porque no tienen empleo, porque tienen empleo informal, porque el sindicato no los reconoce, etc. Pero la organización de la sociedad dio respuesta a este nuevo escenario: los movimientos sociales han mostrado, a través de múltiples estrategias, que son un actor de peso en la resolución de los problemas de millones de argentinas y argentinos que no podían acceder a negociar sus derechos en una paritaria tradicional. Y así, el hambre y la pobreza generadas por las políticas de ajuste de Cambiemos se enfrentaron con políticas negociadas a través de una paritaria social de hecho.

 Esa estrategia, surgida del seno de una organización social no tradicional (ni partido, ni sindicato), salvó a millones de personas de la indigencia y preservó millones de fuentes de trabajo de la economía popular.

 La gestión de la crisis social más importante de los últimos años se negoció en una paritaria de las organizaciones de la sociedad con el Estado, y la crítica más radical a la política y la sociedad tradicional llegó de la mano de las mujeres organizadas para no morir. Aggiornarse no se trata de representar mejor, sino de que la política renuncie a intentar representar aquello que puede representarse solo.

Otra politicidad y otra estatalidad: comunidad y feminización

La política no estuvo siempre reservada exclusivamente para el espacio público y masculinizado, de la misma forma que el espacio doméstico no fue siempre privado. Al contrario, ese proceso histórico de secuestro de todo lo que refiere a la política por parte del Estado (incluida la ciudadanía comunitaria) es un proceso desarrollado en paralelo a la modernidad (Segato, 2016). Fue su privatización y aislamiento históricos lo que convirtió el espacio privado en un lugar peligroso para la vida de las mujeres. La vida comunitaria es el lugar en el cual históricamente se ha desplegado la politicidad de las mujeres; por eso la frase “lo personal es político” no solamente desestructura el carácter político de la violencia contra ellas, sino que también recupera el lugar del deseo en la política. Diego Sztulwark (2018) plantea que no hay coacción política de los oprimidos que no se apoye en un alguna forma de aplastamiento del deseo. Por eso es atinado cuando Segato habla de dos proyectos históricos que son, de algún modo, antagónicos: el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos. El deseo de las cosas produce individuos; el deseo del arraigo relacional produce comunidad (Segato, 2016). Por eso, de ninguna forma es casualidad que la mayoría de los liderazgos sociales de base sean de mujeres, liderazgos que pocas veces son reconocidos o legibles por las formas tradicionales de la política.

Se trata de integrar al Estado rasgos de una politicidad comunitaria y social que tiene arraigos territoriales y, sobre todo, que tiene una voz que hace falta escuchar, que no es reemplazable por la de un funcionario, ni siquiera en las contadas oportunidades en las que se logra que ese funcionario haya “salido” de ese sector. La política estatal está masculinizada, es disciplinadora y monológica. La política igualitaria que tenemos que construir tiene que lidiar con el conflicto en su seno, dar la palabra a los protagonistas, negociar intereses, hacer paritaria como política de Estado. Alexandre Roig (2018) habla de la necesidad de producir un movimiento de transferencia de poder a las organizaciones que intente captar las lógicas de confrontación contemporáneas y sobre todo indagar en las nuevas formas de subjetividad que nos atraviesan. Para que el Estado no funcione corporativamente en beneficio de algunos sectores, sino que pueda expresar a los sectores postergados, tiene que institucionalizar las herramientas que las organizaciones construyen. Las demandas propias del presente no pueden restringirse al plano de la representación política; al contrario, deben articular los múltiples conflictos sociales, organizarse a favor de una institucionalización de los conflictos, como las paritarias han sido una forma de institucionalizar el conflicto entre el capital y el trabajo.

Proponemos, entonces, un doble desplazamiento democratizador. El primero, de un Estado masculinizado a un Estado que pueda avanzar en políticas de paridad en sus tres poderes de forma plena y efectiva. Que esté obligado a negociar el poder en cada rincón de la vida pública con cuerpos históricamente expulsados, como las mujeres y disidencias. El segundo desplazamiento democratizador, de un Estado monológico, que ha perdido la capacidad de expresar a los actores reales del conflicto social, a una política paritaria que obligue a una estatalidad de consulta permanente, en la cual todas las políticas públicas prevean diálogo, diseño e implementación efectiva consensuada con las organizaciones e incluso ejecutada por ellas.

Al historizar las estructuras de acción colectiva en Bolivia para mostrar el rol fundamental de los movimientos sociales en el proyecto del Estado plurinacional, Álvaro García Linera (2019) plantea que una de las herramientas de debilitamiento social del neoliberalismo es la destrucción de la ciudadanía sindical en los sectores urbanos –y la “descampenización” en el campo–. En el capitalismo fordista, el acceso a derechos estaba asociado a la existencia de sindicatos. En la Argentina del peronismo eso fue muy visible. La segunda forma de acción colectiva que García Linera identifica es la comunidad, que funciona como un “microestado”: gestiona la vida en los territorios. El neoliberalismo introduce una nueva relación entre Estado y sociedad: antes, el Estado negociaba con el sindicato. Una vez destruida la cohesión de los trabajadores por la desestructuración de sus espacios de sociabilidad, el sindicato dejó de ser el lugar de cohesión del interés colectivo. En muchos casos, las trabajadoras y los trabajadores perdieron toda mediación con el Estado, mediación recuperada, en el caso de la Argentina, por el rol de los movimientos sociales.

Como resultado del despliegue de políticas neoliberales, las formas de agregación colectiva implican la articulación contingente en torno a temáticas –y no a centros laborales– de distintas colectividades territoriales, policlasista y con liderazgos flexibles y cambiantes: el feminismo o las luchas ambientales son buenos ejemplos. García Linera la llama “la acción plebeya” y sostiene que es una forma creciente de agregación de las sociedades modernas. Las formas de asociación colectiva tienen capacidad de ocupación y acción territorial, capacidad insurreccional ante la injusticia y capacidad de proyecto político estatal. Pensar en una dinámica paritaria que pueda crecer es, de alguna forma, buscar inspiración en la experiencia comunitaria, es decir, no repetir el frecuente error estratégico de pensar la historia como un proyecto que debe ser ejecutado por el Estado o por el mercado, siempre al margen de la voz y del poder de quienes ponen en juego su propia vida.

*Extracto del libro Hablemos de ideas publicado por la editorial Siglo XXI.