El Gobierno prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con una serie de medidas para evitar y mitigar el efecto de contagio para controlar el coronavirus, desde ayer considerado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. De qué consta este proyecto, según el borrador al que accedió El Destape.
El plan de este decreto es la disposición de aislamiento obligatorio para personas que ingresan de zonas afectadas, denominados "casos sospechosos", de turistas que cuentan con los síntomas específicos de coronavirus y tienen algún vínculo directo con esos países o con población que haya tenido la afección, casos confirmados y contactos estrechos. Hoy, según el Ministerio de Salud, las "zonas con transmisión sostenida de COVID-19" son: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos. Aún se desconoce si esta lista se ampliará o se achicará para el decreto.
Para esas personas alcanzará este aislamiento obligatorio . "Este aislamiento está establecido hoy por nuestra autoridad sanitaria en 14 días y es de acuerdo a la información y a la dinámica de la epidemia que puede modificarse para lo cual queda autorizado el ministerio para tomar las decisiones correspondientes", confirmó la ministra de Lega y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra.
¿Habrá penalidades para quienes no cumplan con la cuarentena? El Código Penal contiene actualmente distintas disposiciones y lo que se establece es que para las personas que incumplen con este aislamiento obligatorio se harán las denuncias y acciones correspondientes a fin que se determine si cometieron delito.
Para estos casos específicos, el Código Penal cuenta con dos figuras: una es el artículo 205 que establece pena de prisión al que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia; y el artículo 239, que reprime con pena de prisión al que resiste o desobedece a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le preste asistencia o requerimiento en virtud de una obligación legal.
"Son dos normas del código penal que existen actualmente, y que en caso que una persona incumpla con la normativa de aislamiento y otras medidas que dispone DNU se van a hacer las denuncias pertinentes a fin de que se determine si se cometió una infracción al código penal", amplió Ibarra.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, adelantó hoy en Futurock cómo actuará el Ministerio que conduce con respecto a las personas que incumplan la cuarentena: "No vamos a salir a perseguir a la gente que no esté cumpliendo la cuarentena. La pena establecida en el decreto no es de cumplimiento y arresto inmediato", según su versión.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ayer había adelantado: "La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar, tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No va a ser voluntario como hasta el día de hoy, que es una recomendación. Ahora será con las consecuencias que eso supone. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es el delito que pone en riesgo a la salud pública", explicó.
Según el artículo 205, "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Y el artículo 239: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".
"Es muy importante marcar que el principal punto es evitar el conglomerado de personas para evitar que se transmita la pandemia. Lo central es el control y el cuidado. El decreto establece también la obligación de brindar información al día, clara y precisa para que los ciudadanos y ciudadanas estén atentos, conozcan y no se deban temores que no se deban tener sino los cuidados que debamos tener para controlar el desarrollo de la epidemia", cerró la funcionaria Vilma Ibarra.
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