Apenas dos días después de que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le allanara la casa al espía ilegal Marcelo D’Alessio ingresaron en los tribunales de Comodoro Py, con una diferencia de horas, dos denuncias en su contra basadas en anónimos. Una investigación judicial dejó en evidencia el rol que tuvo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el armado de ambas presentaciones, que apuntaron a desprestigiar el D’Alessiogate al buscar vincular el caso a una conspiración de presos K contra el fiscal Carlos Stornelli.
Las dos denuncias llegaron al edificio de Retiro el 8 de febrero, cuando se hizo pública en el portal El Cohete a la Luna que dirige Horacio Verbitsky la denuncia por extorsión del empresario agropecuario Pedro Etchebst contra D’Alessio y el fiscal del caso de las fotocopias de los cuadernos.
Una se presentó en un sobre cerrado que “fue hallado debajo de la puerta” de la Fiscalía federal Nº 4, a cargo de Stornelli. En ese mensaje anónimo se hace referencia a una“conspiración” en la cual “están los K detenidos por su causa y alguno que ayuda desde afuera”. El escrito, que interpela al fiscal sostiene “que se está armando algo entre mediático y judicial contra usted y contra Bonadio para desprestigiarlos, sacarles la causa de los cuadernos y si pueden hacerles una o varias causas penales, y echarlos o meterlos presos o algo peor”. Entre otras personas, se menciona al “Gordo Valdez (sic)”, al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi; al empresario Fabián De Sousa y al exnúmero 2 del extinto ministerio de Planificación, Roberto Baratta, entre otros, como los impulsores de la “operación”. Todos ellos están detenidos en Ezeiza. Se decía “que la denuncia estaba hecha y estaban esperando que el juez actúe”. El caso fue sorteado y recayó en el juzgado federal Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez. El fiscal es Jorge Di Lello.
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La segunda denuncia la presentaron la diputada nacional de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, y la dirigente de ese mismo espacio, Mariana Zuvic. Se trata de “una denuncia similar basada en ‘anónimos’ y transcripciones de escuchas telefónicas vinculadas al mismo asunto”. Esta denuncia es investigada en el despacho de Claudio Bonadio y fue ampliada por Elisa Carrió. Entre los acusados por los “lilitos” están la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Valdes, D’Alessio, los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y Ramos Padilla, “quien habría actuado en evidente incompetencia, a efectos de obtener nulidades en las causas de corrupción más emblemáticas”.
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Tanto Rodríguez (que derivó la instrucción en Di Lello) como Bonadio avanzaron con las pesquisas. Con una diferencia: el titular del juzgado federal 9 resolvió enviarlo a Dolores por “conexidad” y porque se inició con antelación (28 de enero). Pero este jueves, Ramos Padilla resolvió rechazarlo. En la misma resolución explicó las razones y expuso el rol de la AFI en estas causas. También afirmó que al haber dos denuncias similares podría tratarse de una maniobra de “forum shopping”.
El rol de la AFI
Luego de que Rodríguez le delegara el mando de la investigación, Di Lello tomó una serie de medidas: además de citar a testigos, interpeló a la AFI, a la Dirección de Escuchas dela Corte Suprema de Justicia y al juzgado federal Nº 2 de Lomas de Zamora para saber si habían ordenado escuchas que pudieran ser de interés para este caso.
Desde Lomas de Zamora ratificaron que ordenaron intervenir varios abonados telefónicos correspondientes a los pabellones C y D de la cárcel de Ezeiza en el marco de un expediente en el que se investiga a Mario Segovia, conocido como el rey de la efedrina. Pero dijeron que no tienen transcripciones que refieran a las personas involucradas en esta causa. Más aún, dijeron que como las escuchas no arrojaron ningún resultado ordenaron destruir los CDs. Pero la AFI hizo saber que realizó transcripciones.
“En relación con dichas escuchas la Agencia Federal de Inteligencia informó que ‘se realizaron transcripciones de las escuchas telefónicas vinculadas al objeto de la investigación y las mismas fueron remitidas oportunamente a dicho tribunal junto con la totalidad de los discos compactos con el producido de las intervenciones dispuestas en la referida causa’”, resaltó Ramos Padilla, que analizó el expediente antes de rechazarlo.
Así las cosas, Ramos Padilla destacó que “‘las escuchas’ o ‘las transcripciones de las escuchas’ que la AFI asegura haber aportado, pero el Juzgado niega haber recibido, habrían conformado la base para realizar estas dos denuncias originadas en misivas anónimas recibidas en forma casi simultánea”. Y recordó que D’Alessio “mantenía conversaciones tanto con el Fiscal Stornelli como con Paula Oliveto vinculadas con las actividades que realizaba la asociación ilícita investigada”. Además, el falso abogado estaba relacionado con agentes de la AFI.
A esto, el juez suma un dato revelador, que vincula al propio D’Alessio con esta maniobra: “Los anónimos que fueron finalmente presentados en Comodoro Py tan solo 48 hs después del allanamiento realizado en la vivienda de D’Alessio -mientras la causa se encontraba en secreto de sumario- aparecen vinculados con conversaciones y mensajes de WhatsAap que durante esos días se registraron en el teléfono del propio D ´Alessio, quien recién fue detenido unos días más tarde”.
Sin ir más lejos, tras el allanamiento, D’Alesso se contactó con Oliveto, Stornelli y Bogoliuk. Los dos primeros son los que presentan las denuncias contra los presos K. Es más, el día previo, 7 de febrero, Carrió tuiteó: “El Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al Fiscal Stornelli. Vamos a poner en conocimiento mañana al Juez de la causa”. Ese mensaje provocó que Verbitsky apure su publicación. Ramos Padilla estaba investigando desde finales de enero.
El juez de Dolores rechazó el expediente que le envió su colega de Comodoro Py debido a que la denuncia anónima “podría tratarse de una maniobra dirigida a conformar una ‘investigación de la investigación’ que lleva adelante este Tribunal a mi cargo -al punto tal de que el suscrito es uno de los denunciados-”. Por tal motivo, “resulta imposible que acepte la competencia atribuida, ya que no corresponde que sea este Juez quien dilucide tal cuestión”.
Un dato no pasa desapercibido en Dolores: quienes aparecen detrás de la acusación son los mismos que están siendo investigados por estar vinculados a la red de espionaje ilegal que integra D’Alessio. Según Ramos Padilla, algunos de los investigados son Carrió, Oliveto, Zuvic, Stornelli y el propio Bonadio.
Ante este escenario, con el regreso del expediente a los tribunales de Retiro se vislumbra un conflicto de competencia entre los jueces Rodríguez y Bonadio. De concretarse, definirá la Cámara Federal porteña, concretamente, su presidente, Martín Irurzun.
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