Las vicisitudes que afectan la vida institucional, generadoras de legítimos descontentos sociales y las correlativas desconfianzas en la aptitud de los dispositivos existentes para superarlas, marcan una etapa crítica de la Argentina que pone en cuestión los paradigmas democráticos.
La Economía
La evolución de la Economía no brinda buenos augurios para el 2019, estando a las noticias que dan cuenta de que los problemas que se han ido acentuando, desde el segundo trimestre del presente año, lejos de encontrar solución se vienen agravando.
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Las previsiones que a comienzos del 2018 se hacían de variables relevantes, no se verificaron. El índice de inflación de entre el 18% y 20% ya supera el 42% y es factible que sea aún mayor para fin de diciembre; el crecimiento anunciado del 2% del PBI pasó a -2,1% y se estima que será también negativo en el 2019; la cotización del dólar estimada en $ 22 resulta a la fecha de $ 38,70 y sigue en alza.
La tasa de interés con un piso del 60% anual, pero que es aún mayor para descuento de documentos, torna casi imposible hacerse de capital de trabajo para las pequeñas y medianas empresas, a la par que desalientan inversiones productivas y promueven las especulativas (financieras y cambiarias).
El nivel de endeudamiento externo del Estado, el pago de intereses astronómicos a corto plazo y la meta de déficit cero, tampoco permiten prever inversiones públicas que –más allá de su importancia para el desarrollo del país- motoricen la producción y la generación de empleo.
El proceso recesivo no se detiene, denotando un impacto brutal en materia de desempleo, registrándose la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo en la industria entre 2106 y 2018. Verificándose similares efectos, en el área de bienes y servicios como también en el sector público.
La reunión del G-20 no ha dado muestra alguna en un sentido contrario o que mitigue tales tendencias. Al contrario, ha ratificado el rumbo impuesto por los países centrales y los Organismos Internacionales que las profundizan, a la par de una complaciente sumisión a esas reglas del Gobierno argentino.
Lo Social
Los estándares en materia de vivienda, salud, educación, seguridad e ingresos familiares suficientes para aspirar a una existencia digna, han decrecido ostensiblemente.
Una tasa de desocupación que ya supera los dos dígitos, la creciente precarización del empleo tanto formal como informal, el retraso salarial agudizado en el segundo semestre y el bloqueo empresario a la renegociación de las paritarias, completan la caída del nivel de vida de la población.
Las mediciones de la pobreza e indigencia arrojan datos alarmantes, según el INDEC ascienden al 27,3% y 4,9% respectivamente. Pero un reciente informe de UNICEF revela que en lo que respecta a niñas, niños y adolescentes esas cifras se elevan al 41,6% y 8,1% tomando en cuenta valores monetarios (es decir, en hogares con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de bienes y servicios). Si en cambio se atiende a valores no monetarios (carencias de vivienda adecuada, saneamiento básico, educativas, de protección social y acceso al agua segura), para cierto segmento de esa población se eleva al 70%.
Las estigmatizaciones y discriminaciones de inmigrantes, pobres e indigentes, o por razones de género, orientación sexual u origen social, no sólo han ido en aumento sino que hoy se exhiben públicamente con un alto grado de impudicia y sin generar reacciones de reproche generalizadas.
Lo Institucional
En lo público se advierte una degradación de instituciones básicas, que provocan reacciones de diverso tipo en la ciudadanía pero que denotan, en común, una pérdida de confianza, descreimiento y un serio menoscabo de valores democráticos fundamentales.
La actividad parlamentaria evidencia un ritmo y respuestas distantes de las demandas ciudadanas, a lo que se suma un proceder de muchos legisladores cargado de ambigüedades y falta de apego a las plataformas electorales que los llevaran a acceder a sus bancas.
La Justicia consolida sus aspectos corporativos más disvaliosos, una pérdida de autonomía –ni siquiera independencia- preocupante y sometida a embates mediáticos que -en consonancia con los intereses de los Grupos económicos y del Gobierno- ponen en jaque a los magistrados que pretenden un desempeño acorde con las delicadas funciones que les competen.
El Poder Ejecutivo acelera la adopción de medidas que sumergen al país en una mayor dependencia y pérdida de soberanía, se desentiende de los compromisos preelectorales y de asegurar garantías básicas para el ejercicio de derechos humanos esenciales.
Frente al conflicto social y laboral, esperable en razón de la política neoliberal adoptada, sólo atina a respuestas represivas y sin impulsar intervención alguna para mediar o amortiguar las causas que los generan. Como se advierte con claridad en los casos de despidos masivos y reclamos gremiales, o en la ausencia de todo control de los aumentos de precios de productos y servicios básicos.
¿Albores de nuevos paradigmas políticos?
En ese contexto se verifica una escalada de violencias de diversa índole: con respecto a los jóvenes, de género, laborales, intrafamiliares, institucionales, con motivo de protestas o manifestaciones públicas y, por supuesto, delictivas.
Las debilidades del sistema democrático favorecen expresiones autoritarias, escepticismos acerca de la necesaria vigencia de derechos fundamentales como el principio de inocencia, la proporcionalidad entre delitos y sanciones penales. La aparición de recurrentes reclamos de “mano dura” y denostación del llamado “garantismo”, a la par de actitudes de aislamiento que exacerban el individualismo e inhiben conductas sociales solidarias.
Fenómenos electorales como los que se produjeron en Brasil o en Méjico ofrecen contrastes importantes, en sociedades en las que se registran muy elevados índices de violencia y realidades de muy baja institucionalidad democrática a la fecha de asunción de los nuevos gobiernos.
En el caso de Argentina se advierten diferencias relevantes, teniendo en cuenta la vigencia de tradiciones de acción y organización colectivas, la resistencia contra medidas que restringen derechos, el activismo en procura de nuevas conquistas, las movilizaciones multitudinarias que ganan las calles para visibilizar variados reclamos populares.
Sin embargo, nuestro país no está al margen del discurso del “orden” enunciado como valor supremo y concebido como fundado, exclusivamente, en una fenomenal ampliación del aparato represivo del Estado con el correlativo descontrol de los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Es más, el año electoral que se avecina pareciera que estará plagado de estrategias basadas en tales postulados, pivoteando sobre los sectores más proclives –y hasta militantes- de concepciones de esa naturaleza, procurando instalar la idea de que cualquier otra alternativa, y en particular las catalogadas como populistas, resultarían caóticas para la sociedad.
El desafío que supone superar esa falaz disyuntiva y recuperar libertades, derechos y garantías que vienen siendo conculcados, exige un necesario replanteo acerca de las estructuras orgánicas y sobre el funcionamiento de los Poderes del Estado.
Repensar la Democracia en términos de efectiva participación ciudadana y de las indeclinables responsabilidades que deben asumir los representantes políticos, incluso evaluar la necesidad de implementar reformas constitucionales para asegurar el real cumplimiento de tales objetivos y la defensa del patrimonio como de la soberanía nacional.
Las instituciones y mecanismos de representación democrática están en crisis, muchos son los riesgos de recorrer caminos sinuosos que finalmente nos conduzcan a desencuentros funestos, instalando nuevamente mecanismos autoritarios y antipopulares que, hasta no hace tanto tiempo, entendíamos definitivamente desterrados.
En buena medida las alternativas dependen de cada uno de nosotros, sin perjuicio de la mayor responsabilidad que le cabe a la dirigencia por el lugar que ocupa, y a pesar de la enorme influencia mediática que se manifiesta cada vez más antidemocrática.
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