El macrismo logró ocupar lugares clave en la Justicia porteña al aprobar hoy, en sesión especial de la Legislatura, las propuestas para que Marcela Vivian De Langhe y Santiago Otamendi integren el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y Juan Bautista Mahiques sea el jefe de los fiscales del distrito.
En las exposiciones, los legisladores cuestionaron las afinidades políticas de los candidatos con el Gobierno de turno, como lo manifestó María Rosa Muiños quien también reconoció la legalidad del proceso, aunque carezca de consenso. Por el contrario, desde la administración porteña le aseguraron a El Destape que ambos candidatos son idóneos para su cargo, con trayectorias que los avalan.
Como reveló este medio, Otamendi - quien será juez supremo de la Ciudad al ocupar uno de los dos cargos vacantes - fue socio del ministro de Justicia, Germán Garavano, en el ámbito privado con la consultora Garavano, Otamendi y Asoc., entre 2002 y 2003. Pero éste no es su único vínculo con el oficialismo, lo cual puede poner en riesgo el principio de imparcialidad y objetividad necesarios para cumplir con su rol. También participó de timbreos nacionales, actividad de campaña de Cambiemos, para charlar con los vecinos como un funcionario más.
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La postulación generó muchas críticas y derivó en varias impugnaciones, como la de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)y Memoria Activa.
Éstos últimos lo impugnaron pero por carecer “de idoneidad moral” para ocupar el cargo porque “tuvo participación directa en la escandalosa maniobra que se llevó a cabo desde” el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “para encubrir la responsabilidad de los ex fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de desviar la investigación del atentado terrorista” ocurrido el 18 de julio de 1994.
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En esta línea, Mariano Recalde enfatizó en la Legislatura que "las propuestas enviadas están perfiladas y tienen como denominación común un solo criterio, el de ser funcionarios del actual gobierno".
Un caso similar, en lo escandaloso, es el de Mahiques. El apellido creció en el mundo judicial desde la asunción de Mauricio Macri y es uno de los hombres del operador Daniel Angelici. Apenas asumió el Gobierno fue designado como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia. Además, fue designado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y tiene un tercer cargo cambiemita: Suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Lejos de la independencia del poder pregonada por la Constitución porteña.
Desde el CELS impugnaron su falta de capacitación académica para ocupar el cargo, así como insuficientes antecedentes laborales como para desempeñarse como jefe de los fiscales. Pero, además, destacaron su falta de “ética pública” ya que que “una de sus primeras actividades fue contratar a familiares directos, quienes ocupan hasta la actualidad funciones estatales”.
En esos acomodos, Mahiques ocupó posiciones clave del Poder Judicial con familiares y amigos de toda la vida, de la ciudad de Mercedes. Entre esas designaciones hubo espacio especial para hombres de Daniel Angelici y en la codiciada oficina de escuchas de la Corte Suprema.
Pese a ello, los postulantes pasaron por una audiencia pública y la Legislatura porteña dio el visto bueno a las candidaturas. Así el PRO logró acomodar fichas clave en la Justicia porteña.
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