En la segunda semana del juicio por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba se volvieron a escuchar duras acusaciones contra la principal acusada, la enfermera Brenda Aguilar, y también de la participación de otros imputados en la causa. Por conocimiento u omisión, muchos de los imputados son señalados por los padres de las víctimas por su participación y movimientos tras las muertes de los pequeños. Las negativas a las autopsias y los maltratos físicos y psicológicos son comentarios corrientes entre los testigos y los familiares de las víctimas, al tiempo que la justicia busca certificar el rol de cada uno de los acusados.
La mayoría de los relatos y acusaciones apuntan a la enfermera Aguilar como la persona que llevó adelante el ataque que terminó con cinco bebés asesinados y el intento de matar a otros ocho. Sin embargo, hay otros 10 imputados por las muertes y cada uno con una acusación particular. Uno de los principales señalados es Diego Cardozo, ex ministro de Salud provincial, que está imputado por "encubrimiento agravado", ya declaró en el juicio y aseguró que hasta ahora no habló por respeto al dolor de las familias. Además, mientras atraviesa una enfermedad oncológica, aseguró que “esta causa me robó la vida” y dijo que desconocía las reuniones que se llevaron adelante después de que se conocieran las irregularidades en el Hospital.
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El médico especialista en terapia intensiva y ex Secretario de Salud, Pablo Carvajal, también está imputado por "encubrimiento doblemente agravado". Fue el último acusado en la causa y tanto él como todos los ex funcionarios imputados en este juicio están acusados de haber dejado de cumplir sus funciones y, por lo tanto, haber liberado el camino para el plan criminal serial. También está imputada por "encubrimiento doblemente agravado", la ex directora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís. La médica especialista en neonatología e infectología pediátrica llegó al juicio con prisión domiciliaria y declaró que no alcanzó el puesto pisando cabezas sino que trabajó toda su vida. La acusación principal sobre ella es que no acudió a la justicia al conocerse las muertes de los bebés y por haber escondido un teléfono que aseguró no tener y luego, fue encontrado en un allanamiento. El equipo había sido reseteado dos veces y no se pudo recuperar información.
La doctora Claudia Ringelheim es otra de las profesionales imputadas en este juicio. Está acusada de "omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente agravado". La mujer también declaró en la apertura del juicio y aseguró que “una funcionaria provincial conocía los casos un mes antes de las denuncias”. Aseguró que existió la reunión que el ex director Diego Cardozo dijo desconocer y tuvo un contrapunto con otra de las acusadas en el juicio, la médica neonatóloga Adriana Moralez que también está acusada por los mismos delitos que Ringelheim. Esta médica aseguró que no se armó una línea de tiempo como dijo la anterior, sino que presentaron los 13 casos que revelaban sospechas. Pese a este cruce, ambas médicas aseguraron que el Ministerio de Salud provincial conocía la existencia de esos casos.
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Otra médica acusada por "omisión de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y falsedad ideológica" es la cirujana especialista en neonatología Martha Gómez Flores. Se trata de una de las doctores que firmó los certificados de defunción a pesar de que no estaban claras las muertes de los bebés y aunque aseguró que esos estudios no se hicieron porque la médica que los realizaba, Moralez, estaba de vacaciones en esas fechas. Al mismo tiempo, confirmó la existencia de reuniones con el Ministerio de Salud provincial y destacó que se habló de la vitamina K pero que en ese momento se investigó si los lotes estaban alterados, no si eran inyectados a propósito en las víctimas.
María Alejandra Luján es otra de las doctoras acusadas de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica" por haber firmado el primer certificado de defunción de uno de los bebés que se sospecha que fue asesinado. Ante el Tribunal, aseguró que no hubo ninguna irregularidad en su trabajo y que las autoridades eran quienes debían realizar las denuncias pero nunca lo hicieron. La médica especialista en pediatría y neonatología dijo ante el jurado que firmó el certificado de defunción basado en la historia clínica que hicieron los médicos y que nunca detectaron ni marcaron en esos expedientes la existencia de pinchazos.
La jefa de enfermeras del Hospital Materno Neonatal de Córdoba al momento de la muerte de los bebés, Alicia Beatriz Ariza, también llegó a juicio por "omisión a los deberes de funcionario público". Era la superior de Brenda Agüero cuando, según la investigación, provocó los ataques que terminaron en la muerte de bebés. Le tocó hablar en el juicio después de la declaración de la principal acusada y luego de que ésta, quebrara en llanto. Ariza sólo respondió preguntas personales y no dijo nada de la causa, pidiendo que se remitan a su testimonio durante la instrucción.
Además de los profesionales de salud, está imputado el ex Subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud de Córdoba, Julio Alejandro Escudero Salama. Lo acusan de "omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado". Salama es señalado por los padres de las víctimas como quien buscaba impedir que hicieran las denuncias. Además, quería convencer a las familias de los bebés que había una investigación interna. De esas reuniones participaba también la ex directora del Neonatal, Asís. Los dos fueron puntualmente señalados, también, por Damaris Bustamante cuyo hijo murió en manos de Agüero y quiso denunciar también violencia obstétrica.
El último imputado en este juicio es el abogado y ex jefe del área de legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gabriel Gauto. Lo imputan por "encubrimiento doblemente agravado". En su defensa, el letrado de Gauto le dijo al Tribunal que “pueden mirar los 40 cuerpos del expediente y no van a encontrar ninguna nota ni mail dirigida a él” con respecto a lo que ocurría en el Neonatal. Pese a esto, el exdirector del Hospital Diego Cardozo lo señaló y lo acusó por buscar esconder lo que ocurría.
En pleno avance del proceso penal, los padres y familiares de las víctimas siguen declarando y apuntando directamente a la participación de la enfermera Brenda Agüero por la muerte de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho. Sin embargo, alrededor del Tribunal, nadie duda de que para que esto ocurriera hubo una serie de complicidades y desintereses que dejaron el campo abierto para que cualquier tipo de ataque pueda existir. Con el paso de las jornadas del juicio y los testimonios, crece la complejidad de ubicar los roles de aquellos alrededor de “la mano asesina” que provocó los crímenes del Neonatal de Córdoba.
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