El oficialismo defendió el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del presidente Mauricio Macri, en tanto que desde la oposición advirtieron que las normas serán revisadas por el Congreso.
"Los DNU son propiedad del presidente. No veo objeciones. Hay diez años de antecedentes que tampoco se pueden desconocer sobre el tratamiento de la Comisión Bicameral en este tema", señaló el diputado del PRO Pablo Tonelli.
El legislador oficialista destacó que "Néstor Kirchner dictó 65" normas de ese tipo "en un año", mientras que Macri lleva dieciséis". En diálogo con Radio El Mundo, resaltó: "Los DNU tienen que ser excepcionales, el Congreso con la comisión bicameral ha tenido criterios muy amplios".
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A su vez, el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, advirtió que "si realmente" el Presidente "consideraba importante, trascendente y tenía razones de urgencia, tiene la facultad de citar a extraordinarias al Congreso para su tratamiento".
"Es un gobierno con un sesgo autoritario", se quejó Recalde, quien señaló que "no es el método indicado por la Constitución Nacional ni por la ley". En declaraciones a la radio Metro, el diputado indicó que "por el origen, la norma es espuria y por el contenido es regresivo". Y subrayó: "Ya en varias ocasiones fue declarado por la Corte inconstitucional. ¿Y quién está promoviendo la industria el juicio? El que la está impulsando el DNU".
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A su vez, el diputado del Frente para la Victoria Marcos Cleri consideró que "no hay necesidad y urgencia en este caso de las (modificaciones al régimen de) ART", a la vez que evaluó que desde el oficialimo "lo podían haber llevado al Congreso en (sesiones) extraordinarias".
El diputado por Santa Fe adelantó su posición, al indicar que no se ve la "urgencia" en el dictado de esas normas, que podrían haber sido discutidas por el Congreso, según señaló. Los diputados se pronunciaron así luego de que hoy se conocieran tres decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri y sus ministros. Se trató de una norma que modifica el régimen de ART, otra que cambia el sistema de feriados nacionales y una norma por la que contenedores que se encontraban en la Aduana pasarán al Ministerio de Desarrollo Social.
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