Ayotzinapa: a un año, se debilita la versión oficial

Al cumplirse un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, familiares y organizaciones de derechos humanos reclaman al gobierno "la verdad sin adjetivos". Es que en las últimas semanas, la versión oficial de Peña Nieto, conocida como la "verdad histórica", ha sufrido duras criticas por parte de aquellos que reclaman justicia.

Las investigaciones encaradas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), comienzan a mostrar roces con la versión difundida por la Procuraduría General de la República (PGR). Los padres de los estudiantes sienten que la verdad sobre lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre del año pasado, en el estado de Guerrero, al sur de México, todavía está lejos, desconfían del gobierno y piden continuar acompañados por los investigadores internacionales.

El jueves pasado, en el último encuentro con el presidente Peña Nieto, los familiares de las víctimas de la escuela normal de Iguala, insistieron en que el requisito para avanzar en el esclarecimiento del caso es abandonar la posición concluyente difundida por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el 23 de enero pasado, basada en que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula para luego ser arrojados al río San Juan en manos del cartel Guerreros Unidos.

Los familiares advierten que con esta estrategia el gobierno de Peña Nieto pretende cerrar el caso, descuidar las causas que motivaron estos hechos brutales y así evitar futuras investigaciones que esclarezcan el vínculo entre las policías locales y las Fuerzas Armadas.

El 6 de septiembre pasado, después de medio año de investigación, el GIEI presentó al gobierno federal de México un informe que sostiene que, con las pruebas hasta ahora recolectadas, no se puede asegurar que los cuerpos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, ni tampoco que Guerreros Unidos haya confundido a los estudiantes con una banda narcotraficante rival puesto que los estudiantes no estaban armados. Asimismo, el GIEI instó al gobierno a indagar sobre los motivos de la agresión ya que se sospecha que uno de los colectivos tomados por los estudiantes habría sido usado por Guerreros Unidos como transporte de drogas con destino a Chicago.

A todo esto, en las últimas semanas se sumó el desencuentro entre la PGR y el EAAF, cuando 16 de septiembre pasado, la procuradora Arely Gómez González aseguró que los resultados obtenidos por el laboratorio de genética forense correspondían a los restos de Alexander Mora Venancio, uno de los jóvenes desaparecidos. El EAAF debió salir a mitigar los dichos de la Procuraduría mediante un comunicado oficial que también puso un manto de sospecha sobre la procedencia de las muestras que según la PGR fueron recuperadas del río San Juan.

El reciente encuentro entre Peña Nieto y los familiares de las victimas tampoco resultó un alivio. La falta de garantías al petitorio de ocho puntos presentados al presidente el jueves pasado desalienta aún más a los familiares que, entre otras cosas, pedían reconfigurar la investigación en una unidad especializada y establecer mecanismos claros y respetuosos de información sobre los avances.

Por su parte, ayer la Procuraduría autorizó el acceso a la versión pública de la investigación federal sobre el caso, medida que fue entendida como un gran paso en materia de acceso público a la información.

En el día de hoy, miles de mexicanos se concentrarán en el Zócalo para pedir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos, pero también para exigir una respuesta a las más de 27.000 denuncias de desapariciones vigentes. Mientras tanto, el presidente Peña Nieto, de viaje por Nueva York, prepara el discurso que dará el lunes próximo ante la asamblea general de la ONU, en donde se espera que hable de los esfuerzos de su gobierno en el combate contra el narcotráfico.