Una combinación de medidas económicas de corte ortodoxo, que se precipitaron sobre el ocaso del mandato del ex presidente Fernando De la Rúa, fueron la mecha que dinamitó la legitimidad de su gestión, y derivaron en un estallido social sin precedentes y el derrumbe del Gobierno de la Alianza.
El radical, que venía de cumplir un mandato como jefe de Gobierno porteño, heredó del menemismo un cuadro económico complejo, con recesión del 3,4%, una deuda creciente y un deterioro fiscal que intentó remediar con el recetario liberal de contracción del gasto público y un nuevo paquete de "blindaje" financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 40.000 millones de dólares.
Pese a los problemas que generó para la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri volvió a optar por un préstamos con el FMI, pero esta vez fue de 50.000 millones de dólares que deberán ser pagado por los próximos gobiernos.
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El encargado de aplicar esa medicina de ajuste, aunque de manera gradualista en una primera instancia, fue el ministro de Economía de De la Rúa, José Luis Machinea.
Sin embargo, el paquete de medidas contractivas exigidas como contraprestación por el FMI no dio el resultado esperado, ya que la fuga de capitales se acrecentó y la recesión no dio tregua, con el consecuente desplome del consumo interno.
En ese contexto crítico, Machinea dio un paso al costado y asumió en su lugar Ricardo López Murphy, con el mandato de profundizar el ajuste y así dar una señal de confianza a los mercados. Apenas llegó, anunció un severo programa de recortes para bajar el gasto del Estado en 2.000 millones de pesos (convertibles al dólar).
Se eliminaron pensiones y becas estudiantiles, hubo un recorte en programas sanitarios y una programas sanitarios por 50 millones, un aumento del IVA en varios rubros, y el despido de 40.000 empleados públicos, junto con la reducción de las indemnizaciones por despidos.
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