El juez Julián Ercolini desestimó la denuncia contra Mauricio Macri por abuso de autoridad al firmar el préstamo con el FMI. El fiscal Jorge Di Lello apelará la decisión por considerarla prematura.
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El ex diputado Claudio Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo denunciaron al Presidente por pedir el crédito de U$S 50.000 millones con el Fondo sin contar con el aval del Congreso. El Legislativo debe autorizar cada incremento del pasivo estatal, como explicita el artículo 75 de la Constitución Nacional. Pero el Gobierno se negó a tramitar las vías administrativas antes de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ex titular del Banco Central rubriquen el préstamo condicionado con la directora gerente del organismo, Christine Lagarde.
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La delegación de la atribución de contraer empréstitos a la Casa Rosada había sido entregada en 1992 mediante el artículo 60 de la ley de administración financiera (24.156), pero perdió vigencia cinco años después de la promulgación de la reforma constitucional de 1994. En la modificación de la carta magna se condicionaron las delegaciones a que se establezcan plazos y objetivos específicos.
Existieron prórrogas legales a la entrega de facultades, pero la última de ella se decidió el 24 de agosto de 2009 y por un solo año. Por esto, los denunciantes aclararon que el Gobierno "no cuenta con autorización para acordar y ejecutar el acuerdo stand by entre el Poder Ejecutivo y el Fondo".
Posterior a esto, en 2014 el Congreso formuló el Digesto Jurídico Argentino (DJA), que ordena las leyes nacionales vigentes y sistematizadas. Allí se había incluido el artículo 60 de la ley de administración financiera.
El magistrado Ercolini rechazó la posibilidad de que Macri haya incumplido norma alguna porque consideró que el DJA le brindaba al Ministerio de Economía superpoderes para cerrar el acuerdo. No obstante, el digesto fue observado y el pleno del Legislativo no lo aprobó, por lo que nunca entró en vigencia.
Di Lello apelará la resolución por entender que el juez se apresuró a tomarla antes de que se produzca prueba alguna, indicaron fuentes judiciales a El Destape. Tanto Macri como Dujovne fueron imputados por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público.
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