Si hay extraordinarias, serían sin el presupuesto que reclamaban los gobernadores

Con algunas diferencias internas sobre su conveniencia, el Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias en diciembre. Según coincidían las versiones que circulaban en los pasillos de la Casa Rosada, el temario que el Ejecutivo enviará al Parlamento no incluirá el proyecto de Presupuesto 2025, con lo que el reclamo de los gobernadores dialoguistas de nuevo será ignorado por el Ejecutivo. El listado sólo comprendería la reforma política que tiene como punto saliente la eliminación de las PASO, la privatización de Aerolíneas Argentinas -un guiño a Mauricio Macri dado que los gobernadores ya rechazaron esa idea cuando se discutió la ley Bases- y, tal vez, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. Este último era el de mayor duda porque Unión por la Patria exige una negociación integral sobre las vacantes a cubrir en la Justicia y el oficialismo no se muestra dispuesto.

El martes pasado, luego de hacerle otro favor al Gobierno al evitar que la oposición junte el quórum en la sesión convocada para derogar el DNU de canje de deuda, los diez gobernadores de Juntos por el Cambio -una coalición que curiosamente sólo sigue existiendo a través de sus mandatarios provinciales- emitieron un comunicado calificando como "central" que se sancionara el presupuesto. Los dialoguistas declaraban haber hecho todos los deberes en cuanto a ajuste pero que debía considerarse que este año "ha sido el peor en términos de recaudación y caída de recursos desde la democracia". A continuación detallaban una agenda de cuatro puntos con reclamos al Ejecutivo que "no afectan el equilibrio fiscal, dado que representan apenas el 0,3% del PBI y pueden ser fácilmente compensadas por otros recortes o eliminaciones de algunas excepciones impositivas".

Pese a la buena onda, los gobernadores del PRO y la UCR no habrían conseguido ablandar al presidente Javier Milei, ni al ministro de Economía, Luis Caputo. Los cálculos de la Casa Rosada aseguran que cumplir con las demandas de las provincias significarían unos 3.700 millones de dólares que de ninguna manera piensan aflojar. La idea del Gobierno es cumplir con las transferencias automáticas que marca la ley de Coparticipación y nada más. Aparte de eso, lo que ofrecen a los gobernadores amigos es negociar de manera individual con cada uno de ellos y hacer envíos discrecionales de acuerdo a las necesidades. Para eso, buscaron convencerlos, era mejor que Milei volviera a administrar con el Presupuesto 2023 prorrogado por segundo año consecutivo. 

Con las partidas totalmente desactualizadas -calculaban más de un 300% de desactualización-, Milei tendrá las manos libres para mover el presupuesto a su gusto y favorecer a los dialoguistas, ignorando a su principal enemigo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Otra cosa que les dice el Ejecutivo a los gobernadores amigos es que si engrosaran los recursos coparticipables como reclaman ellos -por ejemplo, integrando a esa masa impuestos con asignaciones específicas como el que se cobra a las naftas- eso iría en buena medida a la provincia de Buenos Aires, que es el distrito de mayor volumen. Llamativamente, este argumento de discriminar a un gobernador por el mero hecho de ser opositor parece no escandalizar a nadie.

En rigor, en el Gobierno había distintas opiniones acerca de cómo seguir dadas las complicaciones que mostraron las últimas sesiones en el Congreso, donde la falta de acuerdos ya es una constante. Los desaveniencias que salieron a la luz en el propio espacio de la derecha en la última jornada por el proyecto de Ficha Limpia fue una muestra de eso. Los estrategas políticos de Milei se muestran convencidos de que Unión por la Patria acompañaría la eliminación de las PASO porque, entienden, beneficia a Cristina Kirchner, dado que como presidenta del PJ nacional podrá tener mayor incidencia en el armado de listas. Por eso quieren incluirlo en las extraordinarias y que empiece a regir a partir del 2025 electoral. En cambio, la posible inclusión de la privatización de Aerolíneas es un guiño al PRO, quien siempre tuvo un especial interés en la apertura a los privados del negocio aéreo. El oficialismo junto al PRO y la UCR obtuvieron hace un mes el dictamen de comisión para la venta total de la compañía. Meses atrás, cuando se discutió la ley Bases, los gobernadores consiguieron que Aerolíneas quedara afuera de las empresas a privatizar.

Otra cuestión que no estaba resuelta tenía que ver con la posible inclusión de los pliegos de Lijo y García Mansilla. La carta que le entregó el jefe del interbloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acerca de que no votarían el pliego de ninguna persona que aceptara ser designada en la Corte Suprema por decreto, puso al Ejecutivo en una disyuntiva. La fórmula de Milei viene siendo redoblar la apuesta y no negociar, pero podría suceder que la propia Corte no aceptara tomarle juramento a los designados en comisión. Sin posibilidad de alcanzar los dos tercios de los votos del Senado, la otra que le queda es, efectivamente, negociar con Unión por la Patria.