Miles de personas salieron hoy a las calles en Portugal para protestar contra la crisis habitacional y pedir al Estado que intervenga para controlar el precio de los alquileres, que aumentó un 11% en el segundo trimestre del año y arrastra una suba de casi el 80% en la última década.
Las manifestaciones transcurrieron pacíficamente en todo el país, excepto en la capital, Lisboa, donde la policía intervino para frenar a un grupo que realizaba pintadas en algunas sucursales bancarias, informó la agencia de noticias Europa Press.
El Movimiento Vida Justa precisó que el objetivo de la protesta "es contestar a las políticas de vivienda y a la falta de políticas de medio ambiente, aunque con gran preferencia a la vivienda.
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"Las medidas tomadas son diminutas. Tenemos un índice bajísimo de construcción desde el punto de vista social. Tenemos menos del 2%, cuando en Países Bajos es del 30%", lamentó Nuno Ramos de Almeida, vocera de la organización Vida Justa.
"Evidentemente, la construcción de viviendas sociales no se resuelve en cinco minutos, pero es necesario comenzar a construirlas", subrayó.
"Es necesario no dejar al mercado funcionar simplemente por el mercado. Cuando el mercado funciona solo, los constructores hacen casas para personas que tienen 2 millones de euros para pagar. No van a construir casas para la clase media ni para la clase media-baja", argumentó.
"Tiene que haber una intervención reguladora del Estado", aseveró Ramos, quien se lamentó de que los salarios estén "por debajo del precio de las casas".
"Es más que necesario un aumento de salarios. No podemos vivir en una situación en la que los salarios no alcanzan para la comida y la casa. Esto era así en la época del fascismo", afirmó.
Además de Vida Justa, convocaron a la manifestación las plataformas Casas para Vivir y la plataforma internacional Their Time to Pay (Su hora de pagar).
El primer ministro portugués, António Costa, destacó hoy que la estrategia de vivienda es una competencia municipal, por lo que defendió que el Estado "cree los instrumentos legales y financieros" para la ejecución de una estrategia habitacional.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Marina Gonçalves, se expresó ayer a favor de la protesta al destacar que "es importante que se oiga la voz sobre un problema real" del país.
En ese sentido, recordó el paquete de medidas aprobado en febrero para facilitar el acceso a la vivienda, pero vetado por el presidente portugués en agosto.
Dicho paquete, que finalmente fue aprobado la semana pasada, incluye la suspensión de registro de nuevos alojamientos fuera de los territorios de baja densidad, el alquiler forzoso de casas vacías desde hace más de dos años y un límite en el alquiler para casas que ya están en el mercado.
La crisis de la vivienda se agravó desde que Portugal, amenazado de quiebra, recurrió en 2011 a una ayuda financiera internacional.
Para reponer sus arcas y satisfacer las exigencias de sus acreedores, el país se abrió a los capitales extranjeros gracias a una serie de medidas como los "visados dorados" -permisos de residencia concedidos a ricos inversores- o ventajas fiscales para los pensionistas extranjeros y los "nómadas digitales".
Estos inversores contribuyeron en gran medida a dinamizar el mercado inmobiliario y a la renovación de las grandes ciudades, que ven proliferar las viviendas turísticas de corta duración en respuesta a la afluencia de visitantes.
Según un estudio de la fundación portuguesa Francisco Manuel dos Santos, entre 2012 y 2021 el costo de la vivienda aumentó 78% en Portugal, frente a 35% en el conjunto de la Unión Europea, tal como recogió la agencia de noticias AFP.
En el segundo trimestre de 2023, la renta media volvió a subir un 11% anual, según datos oficiales publicados esta semana.
Con información de Télam
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