Demócratas y republicanos se aprestaban a iniciar esta noche el debate en el Congreso de Estados Unidos sobre un proyecto de ley de financiación a corto plazo que evitaría el cierre del Gobierno a fin de mes y permitiría extender las discusiones hasta mediados de noviembre, pero que está lejos de las aspiraciones de la Casa Blanca.
A cuatro días de la parálisis de los servicios federales, oficialismo y oposición parecen haber alcanzado un principio de acuerdo, al menos transitorio, para mantener el flujo de dinero hasta el 17 de noviembre y darse un mayor plazo para la discusión.
El proyecto de ley negociado entre los referentes de la mayoría demócrata y la minoría republicana incluye alrededor de 6.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania y 6.000 millones de dólares en fondos de emergencia para ayuda en casos de desastre, según la televisora NBC News.
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El Senado podría empezar esta misma noche el debate, porque se busca aprobar la iniciativa antes del domingo.
Para eso debería lograrse también el visto bueno en la Cámara de Representantes, donde un grupo de republicanos se opone a un proyecto de corto plazo y pretenden medidas de financiación para todo el año, pero con fuertes recortes a los gastos del Estado.
"Un cierre sería nada menos que una catástrofe para las familias estadounidenses, nuestra seguridad nacional y nuestra economía", dijo en un comunicado la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, la demócrata Patty Murray, que explicó que “eso es exactamente lo que hará esta legislación bipartidista".
Murray destacó que el proyecto de ley consensuado "mantiene al Gobierno financiado y proporciona dólares críticos para apoyar a las comunidades afectadas por el desastre y apoyar a Ucrania en un momento crucial de sus esfuerzos defensivos contra la brutal y no provocada guerra de agresión de (Vladimir) Putin".
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, prefirió no opinar sobre qué actitud tendría el Senado.
"Siempre es hipotético que el Senado vaya a hacer algo, no voy a plantear hipótesis de que algún día el Senado va a hacer algo; cuando haga algo, regresan y me preguntan sobre algo”, dijo.
También el jefe de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, instó a los senadores a aprobar el texto, porque “un cierre sería un resultado terrible para el país”.
Su par republicano, Mitch McConnell, salió en respaldo al advertir que “a lo largo de los años” siempre fue “bastante claro en la opinión de que los cierres de Gobierno son malas noticias, se mire como se mire”.
"No funcionan como moneda de cambio política; crean dificultades innecesarias para millones de estadounidenses", alertó.
Esta es la segunda oportunidad en que el gobierno de Joe Biden corre el riesgo alto, porque hace cuatro meses el país estuvo al borde de un default sobre la deuda pública.
Si acaso se paralizara la administración, los primeros perjudicados serían unos dos millones de funcionarios federales que no recibirán su salario mientras dure lo que se conoce como "shutdown" o cierre de servicios públicos, un extremo que deja sin financiación a parques nacionales, tráfico aéreo, museos y múltiples organismos públicos.
Inicialmente, la Casa Blanca pretendía que el presupuesto incluyera 24.000 millones de dólares de ayuda militar y humanitaria para Kiev.
Para apoyar esa aspiración, el jueves pasado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó el Congreso, que ya aceptó desde el año pasado liberar 110.000 millones de dólares para Ucrania.
Pero en la Cámara de Representantes existe un grupo de legisladores cercanos al expresidente Donald Trump que pide detener el envío de ayuda a Kiev.
Trump sufrió justamente el más largo "shutdown" (cierre) en 2018. Según estimaciones de entonces, el PIB de Estados Unidos perdió más de 3.000 millones de dólares en ese momento, reseñó la agencia AFP.
"El financiamiento del Gobierno es una de las responsabilidades elementales del Congreso", remarcó hoy Biden en un video, y pidió a los republicanos de la cámara que "comiencen a hacer su trabajo".
Ayer, la Casa Blanca había acusado a los "radicales republicanos” de la Cámara de Representantes de tomar el riesgo de "comprometer la asistencia alimentaria vital para casi siete millones de mujeres y niños vulnerables" y de "jugar con la vida de las personas".
Con información de Télam
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