(Actualiza con el fin de las audiencias)
El Tribunal Superior de Londres escuchó hoy los argumentos de los representantes de Estados Unidos, que negaron motivación política en su pedido para que el periodista australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sea extraditado a ese país que lo acusa de filtrar documentos secretos.
Tras el segundo y último día de audiencias, en la que los jueces escucharon ayer los argumentos de la defensa de Assange, los magistrados anunciaron que se tomarían un tiempo para deliberar, por lo que el australiano podría tener que esperar semanas o meses para conocer si su apelación es aceptada por la justicia del Reino Unido.
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La abogada Clair Dobbin, representando a Estados Unidos, argumentó hoy que el caso contra Assange está "basado en la ley y en pruebas" y no en sus opiniones políticas, consignó el diario británico The Independent.
Dobbin enfatizó que Assange comprometió la seguridad de muchas personas al publicar "indiscriminadamente" documentos clasificados que incluían nombres de individuos que colaboraban con Estados Unidos.
"Estos fueron documentos que revelaron al mundo los nombres no redactados de fuentes humanas que habían proporcionado información a Estados Unidos", declaró Dobbin, distinguiendo las acciones de Assange de las prácticas de otros medios que también difundieron información filtrada por WikiLeaks.
Estas audiencias forman parte del último esfuerzo de Assange por evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta graves acusaciones por la filtración de documentos clasificados que, según se argumenta, podrían haber puesto en riesgo a varias personas.
Assange, de 52 años, se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, una instalación de máxima seguridad, desde abril de 2019, después de ser detenido en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió por siete años para evitar su captura.
El año pasado, el fundador de WikiLeaks y su defensa presentaron una apelación contra la decisión de extraditarlo a EEUU, donde enfrentaría juicio por 18 cargos, principalmente por espionaje y la divulgación de información confidencial a través de ese medio en 2010.
Esta información incluye registros militares y documentos diplomáticos secretos que han generado numerosos problemas para la diplomacia de Estados Unidos.
Sus abogados sostienen que, de ser extraditado, Assange no tendría un juicio justo y sería perseguido por lo que consideran prácticas periodísticas convencionales.
La defensa del periodista argumenta que su extradición contravendría el tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos, que excluye la entrega por delitos de naturaleza política.
Esta apelación se presenta tras el veredicto de enero de 2021, que, aunque inicialmente favorable a Assange por motivos de salud mental, fue posteriormente rebatido con éxito por Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de su extradición.
Por su parte, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) destacó que no escuchó "nada nuevo de la representación legal del gobierno de Estados Unidos en esta audiencia".
"En lugar de abordar los argumentos convincentes presentados por la defensa la víspera, mantuvieron sus afirmaciones de que las acciones de Assange no eran una actividad periodística y que tendrá un juicio justo", añadió RSF.
En el tribunal, los abogados de Assange presentaron ayer argumentos sobre la presunta conspiración de la agencia de inteligencia estadounidense CIA para secuestrarlo o asesinarlo, con pruebas que incluyen investigaciones en España sobre una empresa de seguridad acusada de espiar al periodista durante su estancia en la embajada de Ecuador.
Ed Fitzgerald KC, uno de los miembros de la defensa, cuestionó la fiabilidad de las garantías estadounidenses sobre un trato justo.
"El señor Assange estaba exponiendo una criminalidad grave cuando reveló los documentos en cuestión", dijo Fitzgerald a los jueces en el tribunal, según consignó la BBC.
En tanto, Mark Summers KC, otro de los abogados, defendió la labor periodística de Assange, comparándola con la de otros periodistas que han filtrado información sin enfrentar procesos judiciales.
"Este es un ejemplo paradigmático de represalias estatales por la expresión de opiniones políticas", dijo Summers ante el tribunal del centro de Londres.
El año pasado, al apelar la orden de extradición aprobada en Reino Unido, la defensa de Assange argumentó que enfrentaría una pena desproporcionada que representa una grave amenaza a la libertad de prensa.
El abogado español Aitor Martínez Jiménez, parte del equipo legal, anticipó a Télam que, en caso de rechazo de la apelación, solicitarán la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El letrado no contaba con una definición para hoy de los jueces del tribunal de Londres, "porque hay muchos elementos a valorar", según dijo a esta agencia.
Ayer antes de comenzar la audiencia, Stella Assange, su esposa, aseguró ante la prensa, que "no hay posibilidad de un juicio justo. Si Julian es extraditado a Estados Unidos, nunca estaría seguro. Estados Unidos planeó asesinar a mi esposo por hacer periodismo".
"Este caso es una admisión de que ahora criminalizan el periodismo de investigación. Es un ataque a todos los periodistas, en todo el mundo. Es un ataque a la verdad, un ataque al derecho del público a saber. Y su vida está en riesgo", dijo tras advertir por el débil estado de salud de su marido.
Fuera del tribunal y bajo la lluvia persistente, cientos de manifestantes se congregaron frente al edificio, portando pancartas y cintas amarillas en señal de solidaridad con el fundador de WikiLeaks.
Tras el fin de las audiencias, Stella Assange encabezó una marcha por el centro de Londres para pedir por la liberación de su marido.
Con información de Télam
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