Esta semana el tribunal del Segundo Distrito de Nueva York notificó a la Argentina sobre el valor pretendido por un grupo de fondos buitre que había iniciado acciones contra la Argentina por títulos públicos defaulteados en 2001. No habían aceptado el canje de 2005 y 2010 ni tampoco el pago en efectivo que ofreció el macrismo en 2016. El avance en el litigio se conoce cuando las cláusulas de acción colectiva parecen haberse ubicado en el centro de la discusión con los acreedores por el canje de deuda, un marco legal que se fue endureciendo en el mundo por recomendación de Naciones Unidas para proteger los procesos de reestructuración soberana de este tipo de maniobras. En la documentación que acompaña la nueva propuesta oficial presentada ante la Comisión de Valores estadounidense el Ministerio de Economía detalla varios de los frentes judiciales están actualmente abiertos.
La notificación de la jueza del Segundo Distrito de Manhattan, Loretta Preska, quien reemplaza al controvertido magistrado Thomas Griesa, responde a un pedido del estudio que representa a la Argentina para cerrar definitivamente el capítulo iniciado en 2001. La jueza Preska valorizó en 224,2 millones de dólares la demanda actualizada de dos fondos buitre (Attestor Master Value y Trinity Investments).
"Hasta los honorarios de los abogados le pagaron", lanzó la vicepresidente Cristina Fernández por Twitter en referencia al pago cash del macrismo por la totalidad de lo demandado por los buitres, más las costas. Sin embargo, hubo un grupo más carroñero aún, que ni siquiera aceptó ese pago completo, porque consideró insuficiente la tasa de actualización (pedían el doble) sobre los intereses resarcitorios por el período de litigio, que se extendió casi una década y que fueron reconocidos también por el ministro de ex Economía Alfonso Prat Gay y su entonces secretario de Finanzas Luis Caputo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El tamaño de la ventana que se deja abierta a este tipo de litigios buitre es lo que está realmente en discusión actualmente en la negociación sobre el pasivo soberano de 65.800 millones de dólares en cesación de pagos. El avance de demandas sobre tenencia de bonos, luego de dos canjes y un arreglo judicial posterior, solo fue posible por la ausencia total de un marco legal, como las cláusulas de acción colectiva, que lo impida. Estas cláusulas implican que si en una operación de canje se obtiene un piso de aceptación, el resto está obligado a aceptar la reestructuración.
Un informe de Eco Go resume los marcos legales en juego. Por un lado, están los bonos que nacieron con el canje de 2005-2010 (24.100 millones), que ya cuentan con estas cláusulas. Para estas series se exige una aceptación de 85 por ciento sobre el total a reestructurar y 66 por ciento mínimo para cada uno de los bonos. En 2016, con una actualización de las cláusulas a partir de acuerdos internacionales, el macrismo emitió los Globales (41.700 millones de dólares) con un piso de aceptación de 66 por cientos sobre el total y 50 por ciento para cada serie. Se entiende así el pedido de los bonistas más beligerantes para exigir que se "vuelva atrás" con este marco y se "homogeneizaran" en las condiciones más estrictas previas a las de 2016.
El objetivo es que se requiera mayor adhesión para cerrar todas las puertas al arribo de una nueva generación de buitres. "Estamos considerando la posibilidad de que no se llegue a las mayorías como para cerrar el 100 por ciento de la deuda y quede una parte reestructurada. La Argentina consideraría tomar eso porque eso ya es un avance", reconoció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones posteriores a la presentación de una nueva oferta a los acreedores, con mejoras económicas pero sin resignar la discusión sobre el marco contractual.
En esa presentación el gobierno argentino alerta que se mantienen además varios frentes legales abiertos en tribunales extranjeros. Según la documentación que presentó ante la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos), existen demandas por cupones de PIB, instrumento que se emitió en 2005 y 2010 como plus para aceptar el canje, en Estados Unidos y Reino Unido.
"El 8 de junio de 2020, la República presentó una moción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para desestimar las quejas enmendadas por falta de pago de las cantidades supuestamente adeudadas en virtud de dicho PIB órdenes de arresto para el año 2013 presentadas por los demandantes el 9 de marzo de 2020. Los demandantes tienen hasta el 24 de agosto de 2020 para presentar sus oposiciones a la moción de desestimación de la República. La República tiene hasta el 21 de septiembre de 2020 para presentar un memorando de respuesta en apoyo de su moción de desestimación", comunicó el Gobierno ante las autoridades de la SEC.
En España, el 25 de mayo de 2020, un tribunal inferior rechazó una solicitud de embargo por parte del demandante del asunto relacionado con el esfuerzo de un tenedor de bonos alemán para hacer cumplir una sentencia de su país contra la Argentina. También en los Estados Unidos, en litigios "sin acreedor", el 5 de junio pasado el Tribunal de Distrito denegó la moción para desestimar las quejas de Petersen y de las Entidades Eton Park por foros no conveniales y solicitó a las partes que consultaran e informaran al Tribunal cómo desean proceder con el caso. El 26 de junio, los demandantes y los demandados presentaron propuestas separadas en respuesta a esa solicitud.
Existen además seis laudos pendientes finales emitidos por los tribunales del CIADI (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) contra Argentina por un total de 804 millones de dólares. Hay seis procedimientos en curso del CiI contra Argentina, con cinco reclamos por 1600 millones de dólares y un sexto reclamo por un monto no especificado. Se suman dos casos adicionales en los que las partes acordaron suspender los procedimientos en espera de las discusiones del acuerdo, por 39 millones de dólares. "Todos los montos descritos anteriormente son aproximados y se refieren a reclamos por daños principales, excluyendo intereses y costos", concluye la documentación de Economía.
Cerrar sesión