El presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, sintetiza los desafíos económicos en lo que llama su misión de vida: terminar con el hambre en Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Detrás de esa frase se encuentran los números de la gestión liberal del saliente (o ya salido, por cuenta propia y antes de tiempo, en Estados Unidos), Jair Bolsonaro, que llevó al país de ser la séptima economía mundial, en 2010, a ocupar el lugar número 13, según el Fondo Monetario Internacional. “Los desafíos son grandes y el compromiso asumido en campaña para el próximo periodo es que el pobre estará en el presupuesto”, afirmó ante El Destape la economista e investigadora de la Fundación Perseu Abramo -centro de pensamiento petista-, Juliana Nascimento.
"Lula ya demostró su fuerza política al hacer aprobar el presupuesto", destadó la analista ante este medio. A lo que se refiere es a la PEC, una enmienda constitucional que modifica el cálculo del gasto público atado a la inflación para que la administración del ex obrero metalúrgico pueda cumplir con sus promesas de campaña y reactivar los programas sociales.
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Los cambios aprobados por el Congreso permiten aumentar los gastos en 145.000 millones de reales (28.000 millones de dólares) durante un año para financiar pagos como el de 600 reales (115 dólares) al mes para el programa Bolsa Familia y otorgar un extra de 150 (29 dólares) por cada hijo o hija de hasta seis años. Además, quedó por establecer las partidas para programas como Farmacia Popular; Mi casa, mi vida y el reajuste del salario mínimo por encima de la inflación. Más aún, desde prensa de Diputados de Brasil, señalaron que, exclusivamente para 2023, la enmienda autoriza los gastos relativos a los programas Bolsa Familia y Auxilio Gas. De esa manera, no estarán limitados por la ley de responsabilidad fiscal.
El mandatario electo construyó su base de apoyo no solo para ganar las elecciones, sino también para poder gobernar. Cuenta con su vicepresidente y designado ministro de Industria y Comercio, el liberal Gerardo Alckmin, y con una amplia alianza política que se ve reflejada en los nueve partidos que conforman su Gabinete y que le darán un mayor margen de maniobra en el Congreso, fundamental para aprobar los proyectos necesarios y llevar adelante su gestión. No es poca cosa, teniendo en cuenta el escenario en el que asume, al que Nascimento caracterizó como "de tierra arrasada en el campo de la economía y de las finanzas públicas".
La gestión bolsonarista deja: el salario mínimo de 1,212 reales (230,7 dólares) –estancado desde 2019-, que reciben unas 40 millones de personas y destinan en un 70 por ciento a la canasta básica de alimentos, según datos del Senado. Además, el 30 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Y, por último, un Estado más chico, con menos capacidad de acción y reacción. La política económica de Bolsonaro estuvo basada en la privatización y en la venta de activos públicos, entre ellas la mayor empresa eléctrica de América Latina, Eletrobras, que es la responsable de cerca de un tercio de la energía eléctrica de Brasil. Se quedó con las ganas, en este último año, de privatizar también la mayor petrolera estatal, Petrobras.
El programa liberal –acompañado también por una reforma de pensiones- inició tras el golpe y la destitución de Dilma Roussef, de la mano de Michel Temer; y siguió en las manos del ministro ultraliberal Paulo Guedes, en la cartera económica. La iniciativa bolsonarista estuvo avalada por los sectores de poder económico y financiero, pero los lazos comenzaron a resquebrajarse y tuvieron un punto su más bajo este año, cuando Bolsonaro puso en duda el sistema electoral y denunció la posibilidad de fraude, sin presentar ninguna prueba creíble.
Fue en julio de este año cuando el poder económico más concentrado, antiguo e influyente del país -la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP)- publicó un manifiesto junto con la Facultad de Derecho de la universidad paulista para repudiar los ataques sin pruebas del mandatario y, sin mencionarlo, le soltó la mano.
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En palabras de Nascimento, Bolsonaro termina su mandato con un promedio de crecimiento de 1,5; y deja para 2023 una expectativa del 0,6; cuando en el resto del mundo es de 2,7. La inflación acumulada durante el Gobierno saliente supera, en tanto, el 26 por ciento “una de las mayores del mundo, apenas detrás de Argentina, Rusia y Turquía”, aunque logró desacelerarla y hasta deflación en algunos meses. En estos cuatro años, el cambio del real al dólar varió en 2019, de 4 reales a 1 dólar para, en 2021, quedar 5,6 reales 1 dólar.
Por eso, sostuvo que el Gobierno saliente deja un legado de “pérdida de credibilidad” en la política fiscal y presupuestaria ya que tuvo que cambiar el marco fiscal actual cinco veces –el resaltado es de la entrevistada- para permitir un gasto total de 800 mil millones de reales por encima de lo previsto originalmente por el techo de gasto, un movimiento leído en el contexto preelectoral para poder hacer un aumento en Auxilio Brasil –que sustituyó al Bolsa Familia- y conquistar electores.
"Cuando comparamos el 2003 con el escenario actual, el factor miedo tomó el control e impactó en la devaluación del real por desconocimiento por parte de los agentes económicos del manejo de gestión del mandatario que asumía. Esa situación es contraria a lo que sucede en la actualidad, Lula tiene un histórico reconocimiento y dejó la presidencia con el récord de más del 80 por ciento de aprobación popular", indicó la analista.
Otras propuestas económicas de Lula
Según el programa económico presentado, para combatir la inflación la gestión del Partido de los Trabajadores (PT) propuso regular existencias de productos agrícolas y “brasileanizar” los precios de los combustibles acorde a los “costos nacionales”. Eso, ligado a un plan para reindustrializar Brasil y detener o revertir la privatización de empresas estatales, como Correos y Eletrobras. La minería, según el programa, también debe ser estimulada, aunque con una regulación “perfeccionada”. Se buscará que los ricos paguen más y luchar contra la evasión fiscal.
Haddad en el Ministerio de Finanzas
“Ningún empleo tiene, simultáneamente, tanta fuerza y tanta fragilidad al mismo tiempo”, escribió el periodista y analista brasileño Thomas Traumann para definir lo que significa ocupar el cargo del Ministerio de Finanzas en Brasil, en una nota la BBC. En su libro, “El peor empleo del mundo”, definió que desde allí se es responsable de la conducción de la política económica y de la dirección de los bancos estatales.
Ese lugar, desde este 1 de enero, estará ocupado por Fernando Haddad, maestro en Economía y doctor en Filosofía; ex candidato a presidente por el PT, mientras Lula estuvo proscripto y cumplía una pena de prisión injusta. Fue, además, ministro de Educación de 2005 a 2012 y alcalde de la ciudad de San Pablo, entre 2013 y 2016. Hace un mes perdió la elección a gobernador de San Pablo, el estado más rico y poblado del país.
Su llegada al Ministerio de Finanzas generó distintas lecturas. En Argentina, resonó fuerte la idea de que se trata de un alejamiento de la doctrina de libre mercado que podría generar resistencias contra la gestión y, desde el diario brasileño Folha, marcaron las posibles discrepancias con la designada en el Ministerio de Planificación –que tiene incidencia en los planes sociales-, Simone Tebet, la candidata apoyada por el establishment económico que quedó tercera en la primera vuelta.
Nascimento, por su parte, recordó cómo fueron sus gestiones anteriores. Consideró “excelente” la gestión de Haddad al frente del Ministro de Educación, “lo que permitió que muchos jóvenes ingresaran a la universidad, muchos incluso siendo los primeros en su familia”. Como alcalde, destacó que la ciudad paulista tuvo una calificación crediticia elevada por la calificadora de riesgo Fitch Ratings con la que alcanzó el llamado “grado de inversión”, lo que significa “alcanzar un grado lo suficientemente alto como para indicar a la comunidad internacional que esa entidad es un destino seguro para asignar recursos y que sus posibilidades de incumplimiento son bajas”, explicó.
“Es normal que los agentes económicos tengan incertidumbres; sin embargo, Haddad está abierto al diálogo por el mercado”, aseguró la analista.
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