Chipre firmó este lunes con la Unión Europea (UE) un acuerdo sobre acogida, atención y deportación a los migrantes que llegan a esta isla mediterránea, ante un flujo masivo de solicitantes de asilo.
El ministro del Interior chipriota, Nicos Nouris, y la comisaria europea para asuntos de Interior, Ylva Johansson, firmaron virtualmente un memorándum de Entendimiento (MoU), que facilitará a Chipre mejorar su capacidad de acogida pero también la deportación de aquellas personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas, informó la agencia de noticias AFP.
En 2020, Chipre registró 792 solicitudes por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a estadísticas de la Comisión Europea (CE), la tasa más elevada en la UE.
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Nicosia afirma que actualmente el 4,6% de su población está integrada por solicitantes de asilo o personas que ya lo obtuvieron.
La UE acusó a Turquía de "instrumentalizar" la migración, facilitando el paso hacia el sur de Chipre desde la parte norte de la isla, es decir, la autodenominada República Turca del Norte de Chipre (TRNC).
Entre febrero y marzo de 2020, decenas de miles de personas impedidas de pasar se hacinaron a lo largo de la frontera terrestre entre Turquía y Grecia.
El campo de Pournara, en la isla mediterránea, tiene capacidad para 1.200 personas, pero varias organizaciones humanitarias advirtieron que se encuentra superpoblado.
Atenas acusó a Ankara de haber abierto el paso para presionar a la Unión Europea.
Turquía acoge actualmente a cerca de cinco millones de refugiados en su territorio, según un recuento oficial. Casi cuatro millones de ellos son sirios.
En octubre de ese mismo año el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a Turquía que anulara la decisión de abrir parte de la zona militar controlada de Varosha, un distrito de la ciudad chipriota de Famagusta, situada en la TRNC.
En paralelo, la ONU alertó hoy contra la "normalización" del rechazo de refugiados en las fronteras de Europa y denunció la violencia y violaciones de los derechos humanos que provocaron muertes.
"Lo que se produce en las fronteras de Europa es inaceptable legal y moralmente y tiene que terminar", escribió el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, quien dijo temer que "estas prácticas deplorables se normalicen y se conviertan en la regla".
La violencia, los malos tratos y las expulsiones siguen produciéndose en múltiples puntos de entrada en las fronteras terrestres y marítimas, dentro y fuera de la UE, pese a los reiterados llamados para poner fin a estas prácticas" declara en un comunicado.
Destacó en particular informaciones relativas a las fronteras terrestres y marítimas de Grecia con Turquía, subrayando que el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur) registró la denuncia de 540 incidentes de expulsiones informales por Grecia desde 2020.
"También se señalan inquietantes incidentes en Europa central y del sudeste, en las fronteras con los Estados miembros de la UE" destaca Grandi.
Muchos de los incidentes de expulsiones ilegales y de violaciones de los derechos no son sin embargo revelados.
Acnur habló con miles de personas que sufrieron tales prácticas, lo que -según Grandi- revela "un inquietante esquema de amenazas, intimidaciones, violencias y humillaciones".
Acnur denuncia igualmente la forma en que son tratados por los traficantes los migrantes y los refugiados en el mar.
"En el mar, muchas personas dicen haber sido dejadas a la deriva (...) y a veces son obligadas a tirarse al agua, lo que demuestra una cruel falta de consideración hacia la vida humana", afirma.
Con información de Télam
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