La denuncia de Ucrania y varios aliados occidentales acerca de que las tropas rusas cometieron "crímenes de guerra" durante su invasión podría dar paso a "un proceso muy complejo" que implica un tiempo de recolección de pruebas y, eventualmente, decisiones posteriores que Rusia "no tiene obligación de cumplir" porque no es parte del Tratado de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional.
Así lo explicó hoy a Télam Natalia Luterstein, abogada especializada en Derecho Internacional, quien detalló que si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) entiende que hay elementos para vincular a un alto mando debe pedir la detención, pero esta no es obligatoria para los países que no son parte del Tratado.
"Los jueces pueden dictar órdenes de arresto contra determinadas personas; Rusia, al no ser parte, no tiene obligación de cumplir con esas detenciones, pero esos acusados no podrían salir del territorio porque los demás países sí tienen obligación de cumplir esas órdenes si eventualmente los señalados van a sus territorios", señaló Luterstein.
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La cuestión de si ocurrieron o no crímenes de guerra desde el 24 de febrero en Ucrania se revitalizó este fin de semana con la denuncia de parte de Kiev de que al recuperar la ciudad de Bucha encontró cientos de cuerpos de civiles, algunos atados, y que se estaría frente a un genocidio.
Rusia, en tanto, rechazó esa denuncia, que atribuyó a "un montaje" de parte de las autoridades ucranianas.
Doctoranda en el área de Derecho Internacional Público por la UBA, y máster en Derecho Internacional Público por The London School of Economics and Political Science, Luterstein reseñó que "en términos jurídicos" la definición de crímenes de guerra "tiene que ver con la violación de las normas internacionales que se aplican en los conflictos armados, sean internacionales o no".
"Está relacionado con la forma de conducir las hostilidades: dónde puede atacarse, qué métodos se pueden usar, qué armas; el Derecho Humanitario prevé que los civiles nunca deben ser blancos de ataques", manifestó la especialista.
Admitió, no obstante, que "por la ubicación de algunos objetivos militares, puede que se termine afectando a civiles".
"Atacar objetivos militares y afectar a civiles es muy distinto que atacar directamente blancos civiles; el problema de las guerras modernas es que los blancos están en las ciudades; antes, los objetivos estaban más alejados o había una suerte de ´campo de batalla`, pero ahora están dentro o muy cerca de los centros urbanos", afirmó Luterstein.
Para el caso en debate, más allá de que ni Rusia ni Ucrania son parte del Tratado de Roma, Kiev hizo dos declaraciones, una en 2014 y otra en 2015, por las que reconoció cierta jurisdicción para que actúe la CPI y en el caso del último pronunciamiento, "sin límites temporales".
"Por eso la Fiscalía puede investigar hecho ocurridos en Ucrania, y si entiende que hay pruebas para vincular a un alto mando -nunca se avanza sobre jerarquías menores- pide a los jueces que dicte órdenes de arresto", explicó la doctoranda.
Con todo, aceptó que "los plazos para cada uno de estos pasos son muy complejos, porque la recolección de pruebas es compleja: se trata de crímenes masivos y hay que buscar el elemento que relaciones a ese hecho con el alto mando".
Después está, agregó, el hecho de que "también demora lograr una detención para llevar a alguien ante la Corte", ya que el tribunal no juzga en ausencia.
La CPI es un tribunal permanente con competencia para juzgar sobre crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, creado por el llamado Estatuto de Roma, de 1998.
Hay un caso sobre el que, seguramente, se posarán varias miradas por alguna lejana similitud: el último 10 de marzo, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, pidió autorización a los jueces para emitir órdenes internacionales de arresto contra tres funcionarios de Osetia del Sur sospechosos de ejecutar crímenes de guerra durante el conflicto en esa república separatista de Georgia en agosto de 2008.
Los acusados son Mikhail Mayramovich Mindzaev, ministro de Interior de Osetia del Sur entre 2005 y 2008; Gamlet Guchmazov, jefe del Centro de Detención Preliminar de la cartera de Interior en el momento de los hechos, y David Georgiyevich Sanakoev, representante presidencial de facto para los Derechos Humanos de Osetia del Sur en 2008.
La investigación busca comprobar si hubo confinamiento ilegal, malos tratos, toma de rehenes y traslados ilegales de civiles de etnia georgiana "en el contexto de una ocupación por parte de la Federación Rusa" entre el 8 y el 27 de agosto de 2008, según explicó la Fiscalía en un comunicado.
Existe otra chance que también habilita el accionar de la Fiscalía, y es el pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, como ocurrió en el caso de Sudán, donde la CPI investiga la conducta de varios exfuncionarios, entre ellos el expresidente Omar al Bashir, por potenciales crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto en la región de Darfur.
"Pero en el caso de Rusia, al ser parte del Consejo de Seguridad, esta chance es nula, porque Moscú siempre va a vetar cualquier intento en este sentido", razonó Luterstein.
En el Consejo de Seguridad las decisiones deben adoptarse por unanimidad de sus cinco miembros (Estados Unidos, Rusia, Francia, China y el Reino Unido), por lo que el veto de un país obliga a desechar cualquier iniciativa.
Con información de Télam
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