La reforma laboral que prometió Javier Milei para 2025 incluye la extensión de la jornada de trabajo y el fraccionamiento de las vacaciones; habilita negociaciones a la baja de convenios colectivos y contempla la vuelta de los tickets de comida y la liquidación de salarios mediante plataformas como Mercado Pago, entre otros puntos. Se trata de ítems que figuran en un proyecto de ley que, según confirmaron funcionarios a El Destape, el Gobierno prevé impulsar en el Congreso y que ya puso en guardia a la CGT. Es, además, una de las razones por las que la central obrera dinamitó la mesa de diálogo que los libertarios habían intentado convocar la semana pasada con participación de las mayores cámaras patronales.
La información ratifica lo publicado por este medio en julio pasado y que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pretendió desmentir. En ese escenario, la relación entre el Ejecutivo y la central mayoritaria pasó en apenas una semana de la planificación de una instancia de diálogo tripartito a la posibilidad concreta de un nuevo paro o una movilización en enero, tal como reveló el triunviro Octavio Argüello en El Destape Radio. La tensión creciente deriva, además de una posible flexibilización laboral de gran alcance, de la decisión oficial de no homologar paritarias salariales por encima de la inflación en casos testigo como los de los sindicatos de Camioneros y Sanidad.
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Como anticipó este medio el 3 de diciembre, la reforma bajo análisis recupera varios de los artículos consagrados en el decreto 70/23 cuyo capítulo laboral permanece inoperativo por un amparo dispuesto por la Cámara del Trabajo a pedido de la CGT. Es un proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Diez (Santa Fe) en noviembre pasado y que cuenta con la firma de otros catorce legisladores de La Libertad Avanza. La iniciativa incluye modificaciones a la ley de trabajo agrario y estímulos económicos para empresas, entre ellos créditos por la contratación de beneficiarios de planes sociales o trabajadores estatales.
Uno de los ejes de la propuesta es que vulnera el principio de "irrenunciabilidad" según el cual ningún trabajador puede aceptar condiciones de contratación inferiores a las establecidas en un convenio colectivo. Esa premisa es clave para garantizar negociaciones con criterios progresivos y sindicatos con poder real de representación. En lugar de asegurar la nulidad de un pacto convencional desventajoso, el proyecto permite que "cuando se celebren acuerdos relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo, las partes podrán solicitar a la autoridad de aplicación su homologación".
Además, establece que un trabajador disconforme con los cambios que el empleador introduce en sus condiciones laborales sólo tendrá la opción de considerarse despedido sin causa y reclamar una indemnización. En la actualidad la ley de Contrato de Trabajo (LCT) también habilita al trabajador a iniciar acciones legales tendientes a revertir esos cambios y continuar bajo relación de dependencia.
El proyecto reabre la puerta para la entrega de tickets de comida como complemento del ingreso de los trabajadores. Lo hace al incluirlos como "beneficios sociales" no remunerativos, es decir sin impacto sobre el cálculo indemnizatorio a la hora de la extinción del contrato laboral. Los "tickets canasta", "Luncheon" o "tickets restaurant" se hicieron moneda corriente en los '90s y su valor debió incorporarse al salario como pago remunerativo con la sanción de la ley 26.341, aprobada por el Congreso al calor de una denuncia del recientemente fallecido Héctor Recalde por el intento de soborno filmado por su hijo, el hoy senador Mariano Recalde, por 20 millones de dólares por parte de las empresas emisoras de esos vales.
En otro artículo rescata uno de los puntos del DNU 70/23 que lucía pensado a medida de Marcos Galperín y su plataforma de Mercado Pago: para la liquidación de sueldos, además de los bancos o instituciones de ahorro oficial, la iniciativa agrega "otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas" en alusión a las billeteras electrónicas.
Tras la publicación de DNU en diciembre de 2023 el propio Galperín había reaccionado en sus redes sociales a los señalamientos por haber sido beneficiado por ese texto. "Peronia era el único país de América latina donde podías pagar sueldos en bancos y en efectivo pero estaba prohibido pagarlos en billeteras digitales, que te pagan un interés diario vs las cajas de ahorro de los bancos que te pagan 0%. ¡Viva Perón!", respondió en una tácita admisión.
Qué pasa con las vacaciones en la reforma laboral de Milei
En cuanto a las vacaciones, el proyecto flexibiliza el plazo de otorgamiento y su extensión. En la actualidad la LCT garantiza que el período va del 1º de octubre al 30 de abril y la concesión debe ser comunicada con 45 días de antelación, mientras que el texto libertario lo planifica para "cualquier momento del año" con un plazo de información de 21 días. Y habilita fraccionarlas: "Las vacaciones podrán otorgarse en forma fragmentada y por períodos no inferiores a una semana".
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Otro punto que retoma del DNU 70/23 es la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral mediante la constitución de bancos de horas, es decir un mecanismo para agrupar labores en menos días de trabajo más extenso. Y le agrega una alteración de la propia ley de jornada laboral, que pone un tope de 8 horas diarias para la prestación laboral, al consagrar sólo un descanso de 12 horas entre jornadas. Es decir, permite jornadas de doce horas de trabajo.
La reforma aborda incluso las licencias por accidente o enfermedad e invierte la carga de la prueba: en caso de aprobarse deberá ser el trabajador y no el empleador el responsable de probar de manera fehaciente el carácter de su dolencia para cobrar su sueldo durante el período de recuperación. Incluso abre una instancia de denuncias ante la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano, sobre la veracidad de los certificados médicos emitidos a favor del trabajador. Esa cartera, según el texto, "administrará un listado de peritos médicos que podrán convocar al médico firmante del certificado, repetir o solicitar nuevos estudios o análisis, así como requerir las medidas que considere conducentes a fin de corroborar o modificar el diagnóstico, afección o tratamiento indicado previamente".
Otro tópico sobre el que avanza es el de los juicios laborales. Postula que frente a una sentencia condenatoria, las micro, pequeñas y medianas empresas contarán con la ventaja de pagar hasta en doce cuotas el monto resultante del fallo. El dato adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que, según la estadística que se tome, alrededor del 65% de los trabajadores argentinos se desempeña en una compañía pyme. Es decir que dos de cada tres asalariados favorecidos por la Justicia en una demanda contra su exempleador podrán cobrar su reparación recién al cabo de un año.
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