(Por Alberto Galeano).- La terquedad del presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan de rechazar la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras el desplome del 40% de la lira turca en un año, reaviva el debate sobre la conveniencia de pedir asistencia a ese organismo financiero, caracterizado por sus políticas de ajuste.
La crisis obligó a Erdogan a reemplazar esta semana a su ministro de Finanzas, Lutfi Elvan, por el economista Nureddin Nebati, conocido por su posición de reducir las tasas de interés, a pesar de que la inflación anual en el país ronda un promedio del 20%.
El miércoles, las autoridades intervinieron el mercado de divisas para tratar de frenar el desplome de la lira turca, bajando la tasa de interés del 16 al 15%, con el fin de evitar un nuevo derrumbe de la moneda de este país de más de 84 millones de habitantes.
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Según Phillip Inman, del diario británico The Guardian, Erdogan apuesta a una "fuerte recuperación económica del país, a pesar de la pandemia del coronavirus y una inflación que ha afectado los niveles de vida y provocado protestas en las principales ciudades" turcas, entre ellas Ankara, la capital del país.
En medio de la crisis financiera, dos partidos de la oposición turca, entre ellos los socialdemócratas del CHP, han pedido que se adelanten las elecciones legislativas y presidenciales de 2023.
Pero Erdogan, de 67 años, quien gobierna Turquía desde 2014, tras ser durante once años primer ministro, desestimó esa posibilidad y aseguró que el oficialista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) logrará una amplía victoria en dichos comicios, tal como viene ocurriendo desde la creación de esa agrupación en 2001.
El AKP forma parte de la Alianza del Pueblo junto al Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), una formación de extrema derecha que gana cada vez más influencia en la política turca, controlando al menos 80 de las 600 bancas del Parlamento unicameral.
El jueves, en medio de la crisis económica, Erdogan aseguró que "Turquía nunca más someterá su futuro político y económico a las prescripciones de las instituciones de tutoría económica global, como el FMI y similares".
El mandatario turco, hablando ante un grupo de su partido AKP en el Parlamento, rechazó la posibilidad de aplicar una política económica basada en intereses altos y tasas de cambio bajas, a la que calificó como "un sistema de explotación que nunca volverá a Turquía".
A principios de 2000, el FMI otorgó a Ankara un crédito por unos 10.000 millones de dólares a cambio de que realizara una reforma en la banca y privatizaciones.
Sin embargo, el jefe de Estado turco afronta también denuncias de la oposición por la presunta violación de los derechos humanos, tras la entrada en vigor de una serie de disposiciones "antiterroristas" para reprimir cualquier voz crítica, según informes de la organización Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres.
"Cada día que pasa, Turquía está más lejos de ser una democracia, ya que Erdogan maneja la Asamblea Nacional y la Corte Suprema, mientras persigue a sus enemigos religiosos y políticos", dijo a Télam el exembajador argentino en Ankara (2001-2009), Sebastián Brugo Marcó.
Para el diplomático, "cuando no hay excusa para acusar a nadie, el Gobierno los llama ´terroristas´ en dos sentidos: por su apoyo al movimiento kurdo PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) o por su presunto respaldo a Fethullah Gülen (un erudito del islam al que Erdogan acusa de orquestar el fallido golpe militar del 15 de julio de 2016)".
Brugo Marcó señaló que Erdogán "tiene acusaciones sobre violaciones a derechos humanos de todo tipo, pues decenas de periodistas y religiosos están presos".
"También el mandatario persigue a los estudiantes que reclaman una mejoría en el nombramiento de los rectores de las instituciones de enseñanza, porque todos son amigos de él", advirtió.
En los últimos meses las autoridades arrestaron a decenas de alcaldes del prokurdo de Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el tercero con mayor número de representantes en el Parlamento.
A este contexto se suman otras cuestiones relacionadas con el respeto a los derechos humanos, sobre todo al de las mujeres, tras el retiro de Ankara del Convenio de Estambul, el pasado 19 de marzo.
Este tratado, redactado para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y los abusos domésticos, fue propuesto por el Consejo de Europa y nombrado en honor a la ciudad donde se firmó el documento en 2011.
Por otra parte, un documental que explica los esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres en Turquía fue elegido en el Reino Unido como la entrada oficial para la categoría de "Mejor Largometraje Internacional", en los premios de la Academia británica de las artes y de la televisión de ese país.
Se trata de "Morir por divorciarse", un relato producido por cineastas británicos y turcos durante cinco años, que recibió el Premio Especial del Jurado en el último festival de Montecarlo y fue estrenado la semana pasada en los cines de Londres.
Con información de Télam
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