El Parlamento británico aprobó hoy una polémica ley sobre inmigración, que impide solicitar asilo a los migrantes que lleguen de forma irregular a Reino Unido y que fue duramente cuestionada por la ONU, que advirtió que va en contra del derecho internacional sobre personas refugiadas.
El texto, que recibió hoy luz verde de la Cámara de los Lores, es una iniciativa clave para el primer ministro Rishi Sunak, líder del Partido Conservador, que se impuso la prioridad de luchar contra la inmigración irregular y prometió "detener" las llegadas de migrantes por el canal de la Mancha.
El año pasado, más de 45.000 personas alcanzaron las costas británicas de forma irregular a bordo de embarcaciones precarias. En lo que va de año, lo hicieron más de 13.000, la mayoría oriundos de Afganistán.
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Según la nueva iniciativa, que para convertirse en ley necesitará ahora de la firma del rey Carlos III, esos migrantes, como todos los que lleguen de forma no legal al territorio británico, ya no podrán pedir asilo en el país.
Además, el gobierno británico quiere que estos sean rápidamente detenidos y expulsados, ya sea a su país de origen o a un tercer país, luego de que el proyecto oficial para expulsarlos a Ruanda sea frenado por la justicia europea y del Reino Unido.
El proyecto de ley sobre inmigración estuvo bloqueado durante semanas en el Parlamento, ya que la Cámara de los Lores pidió numerosas enmiendas, para restringir las detenciones de menores y para evitar formas de esclavitud moderna, entre otras cuestiones.
Pese a estas modificaciones, la ONU condenó la ley, al afirmar que entra "en contradicción" con las obligaciones del Reino Unido respecto al derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados.
El texto tendrá "profundas consecuencias para las personas que necesiten protección internacional", denunciaron en un comunicado conjunto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi.
Los migrantes no tendrán "garantía alguna de poder beneficiarse de una protección en el país" al que serán expulsados, denunció la ONU.
Según Naciones Unidas, la ley "crea nuevos poderes de detención muy extendidos, con un control judicial limitado".
En el mismo sentido, la ONG británica Refugee Council manifestó que "es un día oscuro" para la reputación del Reino Unido.
"Un gobierno está en problemas y está probando el viejo método que consiste en (...) acusar a los migrantes de sus propios fracasos", lamentó Michael Rosen, un activista de los derechos de los refugiados que protestaba con decenas de personas hoy frente al Parlamento, en declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.
El gobierno acusa a los migrantes irregulares de "saltarse la fila de espera" en detrimento de quienes llegan al país por "vías seguras" o legales.
Sin embargo, "la mayoría de las personas que huyen de la guerra o de la persecución no tienen acceso a documentos como pasaportes o visados", respondió la ONU.
"Las vías seguras o 'legales' pocas veces están disponibles para estas personas", añadió.
El año pasado, el Reino Unido alcanzó un acuerdo con Ruanda para enviar allí a migrantes en situación irregular, pero de momento no se realizó ninguna expulsión: el primer vuelo en el marco de este pacto, previsto en junio de 2022, fue cancelado a raíz de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
A finales de junio, la justicia británica declaró ilegal ese proyecto, pero el gobierno anunció que apeló el fallo.
El jefe espiritual de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury Justin Welby, quien también es miembro de la Cámara de los Lores, señaló que "no ve cómo" podrá esa ley acabar con las llegadas de embarcaciones de migrantes.
"No he escuchado nada que me haya convencido", declaró durante los debates.
Mientras tanto, a fines de julio se espera que los primeros solicitantes de asilo aborden una controvertida barcaza con capacidad para alojar a 500 personas.
El barco, bautizado como Bibby Stockholm, fue amarrado en el condado de Dorset, en el sur de Inglaterra, y generó opiniones divididas entre la población.
Downing Street justificó el uso de estas barcazas para alojar a los inmigrantes, argumentando que representa una alternativa más económica que mantenerlos en hoteles.
El portavoz oficial de Sunak destacó la necesidad de considerar el impacto económico de las políticas de asilo.
En sus declaraciones a los periodistas, expresó que "es correcto para el público en general que nos alejemos de una situación en la que 6 millones de libras al día del dinero de los contribuyentes se destinen a alojar a estas personas en hoteles".
Con información de Télam
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