Desde que asumió el Gobierno de Dina Boluarte mantuvo relaciones inestables con sus pares de la región, pero con el correr de los días la tensión a nivel local no cedió y las muertes en contexto de represión son noticia de todos los días. Este martes, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) fue el escenario elegido por muchos de ellos para sentar una posición que no había quedado clara cuando el Congreso peruano decidió destituir al ex presidente Pedro Castillo. Ahora, la Cancillería peruana accionó contra Honduras: retiró a su embajador, además le prohibió la entrada y declaró “persona non grata” al ex mandatario boliviano Evo Morales.
“El Gobierno ha retirado definitivamente al embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la Presidenta Xiomara Castro en su intervención en la Celac desconociendo al Gobierno”, informaron desde las redes sociales de la Cancillería. En esa línea, dijeron que las relaciones sólo se limitarán de manera “indefinida” a nivel de encargados de negocios.
“Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano”, dijo la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en su intervención ante la Celac. Ella -que vivió en carne y hueso un golpe de Estado cuando su esposo fue destituido del poder, en 2009- fue una de las primeras mandatarias en mostrar su solidaridad con Castillo -sobre quien también demandó su liberación- y en catalogar los hechos como un “golpe de Estado”, una posición débilmente tomada por casi todos los mandatario y mandatarias de la región.
El mismo 7 de diciembre, Castro se había pronunciado en el mismo sentido: con una condena al golpe de Estado “violentando la soberana voluntad del pueblo, representado por el Presidente Pedro Castillo". Ese día el cambio de Gobierno en Perú se suscitó en poco menos de cinco horas: el Congreso unicameral de Perú tenía la pauta de votar el juicio político en contra del presidente. Era la tercera vez en poco más de un año, sólo que, a diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez los votos daban en su contra: hubo 101 a favor, se necesitaban sólo 86.
La intención de Castillo de clausurar la votación horas ante no había rendido frutos. En un mensaje grabado que leyó su decisión de disolver al Congreso -una de las instituciones con una credibilidad de cerca del 10 por ciento en Perú según las encuestadoras y donde se asienta la fuerza de derecha fujimorista-, declaró el toque de queda y anunció elecciones parlamentarias para dentro de los 90 días.
Ese movimiento está contemplado dentro de la Constitución peruana una vez que el Congreso niega la confianza al Gabinete presidencial en dos ocasiones y Castillo, hasta el momento, sólo había tenido una. Por eso, se leyó más bien como una acción con un sesgo fujimorista -el ex presidente Alberto Fujimori se hizo un autogolpe en 1992 hasta que renunció en 2000 desde Japón-, para analistas, políticos y, evidentemente, también para sus pares de la región. La Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que había visitado el país unos días antes para colaborar en el diálogo político pareció no haber podido hacer aporte alguno para el caso.
Un rato más tarde, finalmente, el Congreso sesionó pese a la decisión de Castillo, lo destituyó y consagró a Boluarte, que era la vice y excompañera de fórmula, como presidenta. A las horas, Castillo estaba detenido y su familia alojada en la embajada de México, hacia donde voló y en donde recibió asilo político.
De la preocupación a la condena, sin posición conjunta en la Celac
Hasta el momento, Perú, además de prohibirle la entrada a Morales -que había querido acercarse a visitar a algunas de las personas detenidas-, emitió una nota de protesta contra el gobierno de Colombia, evalúa acciones contra Bolivia y le reclamó explicaciones a Chile. Pese a que varios dejaron en clara su postura en la Celac, nada de esto apareció visible en el documento de cierre del foro.
Los ojos de la región rápidamente se posaron sobre Perú, sin embargo, la posición de “preocupación” prevaleció sobre la condena cuando se concretó la destitución de Castillo. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue el primero en llevar sus palabras a la acción: “Consideramos lamentable que, por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra", escribió en su Twitter y aclaró que su política se ciñe a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.
López Obrador, se encargó de señalar que los hechos sucedidos hasta el momento en el país sudamericano habían llevado a que Castillo tomara “decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’”. Diez días más tarde, le dio asilo en su país a la familia del presidente destituido. La Cancillería argentina manifestó su preocupación, al tiempo que lo hicieron el ex presidente de Bolivia -que quiso viajar al país y le negaron el ingreso- Evo Morales y, el entonces electo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La OEA, por su parte, llamó a una reunión de emergencia y saludó a Boluarte.
Para el 12 de diciembre, la posición de Argentina, Colombia, México y Bolivia se unió en un comunicado conjunto en el que señalaron su “profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú” y, además, consideraron que desde el inicio de su mandato fue “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
“Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”, cerró el comunicado. Nada de eso sucedió hasta el momento: las movilizaciones que se iniciaron en la región surandina y se extendieron por todo el país en forma de bloqueos, marchas y paralizaciones son respondidas con estados de emergencia -que suspenden las garantías constitucionales- y toques de queda -que conlleva la prohibición de salir y de reunión en determinados horarios-, además con violencia institucional y detenciones arbitrarias.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, que cada día recaba información, contabiliza desde el 7 de diciembre se contabilizan 56 muertes y más de 1500 personas heridas. Entre ellas, hubo dos masacres: una en Ayacucho, con la muerte ocho personas en un mismo día; y en Puno, con 17 personas asesinadas el mismo día. En casi todos los casos se confirmó la utilización de armas de fuego que impactaron en los cuerpos. Luego de que la protesta llegara a Lima, la Policía ingresó con tanques militares y bombas lacrimógenas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua del país, en donde se alojaban delegaciones que habían llevado sus protestas hasta el centro del país. Hubo detenciones arbitrarias y violencia policial.
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La tensión en auge, la presistencia de la protesta hizo que la situación resonara en la Celac. “Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos”, expresó el presidente chileno, Gabriel Boric, en su intervención ante la Celac. “Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar”, manifestó y pidió un “cambio de rumbo” en la gestión del país.
A él, también se sumó Gustavo Petro: “Ningún derecho político puede quitarse a ningún ciudadano, sino por sentencia de un juez penal de la Corte Interamericana. Mi pregunta es por qué un presidente está preso si no hay sentencia”, exclamó en conferencia de prensa durante el encuentro multilateral.
“No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo”, declaró el mandatario mexicano en un mensaje que envió en video a la Cumbre de la Celac que se celebra en Buenos Aires. Más duro fue el presidente boliviano, Luis Arce: “No reconocemos al gobierno actual y apoyamos a nuestros hermanos que están luchando contra la dictadura de Dina Boluarte”, dijo, quien también consideró que el pueblo peruano está en “una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente”.
La defensa de la administración de Boluarte, por el momento, la hizo también en el mismo foro multilateral. La cancillera, Ana Cecilia Gervasi, explicó que consideraron el accionar de Castillo del 7 de diciembre como un “intento de golpe de Estado” y aclaró que Boluarte asumió “por mandato constitucional”. En sus palabras no faltó la criminalización de la protesta, que la misma mandataria hace cada vez que habla: “Incluyen demandas legítimas que reflejan una deuda histórica, así como acciones motivadas por intereses políticos con el deliberado propósito de generar violencia”, dijo.
Castillo, por su parte, aprovechó el envión para escribir desde la prisión de Barbadillo un mensaje. “Desde mi cautiverio arbitrario, sometido por la dictadura de Dina Boluarte, mediante un proceso judicial viciado de legalidad”, dijo y agradeció a Petro, Castro, López Obrador y a los países de Argentina, Bolivia, Cuba, Chile y Venezuela, “que expusieron su preocupación por la grave situación que vive” el país. Boluarte se aísla a cada paso queda, mientras que en el ámbito interno, legisladores y gobernadores regionales también presionan por su renuncia y llamado inmediato a elecciones.
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